La Argentina vuelve a enfrentarse a una emergencia hídrica que golpea a los sectores más vulnerables, y en Paso de los Libres, Corrientes, la crecida del río Uruguay vuelve a dejar al descubierto una pregunta incómoda para el poder político: ¿dónde está el Gobierno nacional cuando las familias tienen que abandonar sus casas, proteger lo poco que poseen y empezar a calcular las pérdidas que dejará el agua? Mientras el presidente Milei reivindica el ajuste del Estado como una bandera de gestión, los vecinos de las localidades afectadas necesitan algo mucho más concreto que discursos económicos: asistencia, recursos y una respuesta pública a la altura de la emergencia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Este martes 13 de octubre, el río Uruguay se ubicaba en los 9,30 metros frente a Paso de los Libres, por encima del nivel de evacuación establecido en 8,50 metros. Seis familias continuaban evacuadas y las autoridades municipales mantenían el seguimiento de la creciente. Para quienes debieron dejar sus hogares, la emergencia no termina cuando el agua deja de subir: empieza el problema de sostener a sus familias, recuperar sus pertenencias y afrontar los daños materiales.
La inundación no es una abstracción estadística. Es una familia que pierde la cama de sus hijos, una vivienda que queda expuesta a la humedad y al barro, alimentos que deben descartarse y trabajadores que no pueden desarrollar sus actividades habituales. Es también la angustia de quienes permanecen en zonas amenazadas, sin saber si tendrán que salir de urgencia ni cuánto costará volver a poner la casa en condiciones. Frente a esa realidad, la respuesta estatal debe medirse por la ayuda que efectivamente llega, no por la cantidad de comunicados que se publican.
La motosierra también tiene consecuencias cuando llega el agua
El Gobierno de Milei construyó su identidad política alrededor del recorte del gasto público, la reducción de las capacidades estatales y la idea de que cada jurisdicción debe arreglarse con sus propios recursos. Pero una inundación expone los límites de esa concepción: los municipios no siempre cuentan con los medios materiales, financieros y logísticos para responder por sí solos a una emergencia que compromete viviendas, infraestructura y servicios esenciales. Cuando la necesidad supera la capacidad local, la coordinación provincial y nacional deja de ser una opción política y se convierte en una obligación de gestión.
El problema no es que el Estado deba controlar el nivel de un río, sino que debe estar preparado para proteger a la población cuando la creciente amenaza sus hogares. Eso requiere sistemas de prevención, equipamiento, recursos de emergencia, asistencia social y fondos para la recuperación posterior. También exige una política de infraestructura que no se limite a actuar cuando las imágenes de calles inundadas ya recorren los medios.
En Paso de los Libres, el municipio informó sobre la evacuación y el alojamiento de las familias afectadas, mientras Defensa Civil continuaba con el monitoreo de las zonas comprometidas. Esa tarea local resulta indispensable, pero deja planteado el interrogante sobre el alcance de la respuesta de los niveles superiores del Estado: qué asistencia concreta aportó el Gobierno de Corrientes, qué recursos nacionales se pusieron a disposición y qué medidas se preparan para atender los daños que deje la creciente. La información pública disponible no permite confirmar un despliegue extraordinario del Gobierno nacional para esta emergencia. Esa ausencia de información debe ser respondida con datos y explicaciones oficiales, no con silencio.
El Gobierno anuncia prevención, pero los vecinos necesitan ayuda concreta
El propio Gobierno nacional anunció el 6 de octubre preparativos para afrontar posibles consecuencias del fenómeno El Niño en distintas provincias, incluida Corrientes. El Ministerio de Defensa informó sobre capacidades logísticas, medios de transporte, asistencia sanitaria y recursos de las Fuerzas Armadas que podrían desplegarse ante emergencias. La administración libertaria, por lo tanto, reconoce que el riesgo existe y que el Estado nacional dispone de herramientas para colaborar. La cuestión es qué recursos llegaron efectivamente a Paso de los Libres y qué asistencia concreta recibieron sus damnificados.
El Gobierno puede argumentar que la primera respuesta corresponde a los municipios y las provincias. Pero esa distribución de responsabilidades no convierte a la Nación en un espectador. Cuando las capacidades locales resultan insuficientes, el apoyo federal es una herramienta fundamental para responder a la emergencia. La pregunta que Milei debe responder es sencilla: si el Estado nacional preparó un dispositivo ante las inundaciones, ¿qué ayuda efectiva está llegando a las familias de Paso de los Libres?
La discusión no es meramente administrativa. En una emergencia, los tiempos burocráticos pueden significar más sufrimiento para quienes perdieron sus pertenencias o no tienen recursos para afrontar los gastos de una evacuación. La asistencia alimentaria, los colchones, las frazadas, los elementos de higiene y los fondos para recuperar las viviendas no pueden quedar sujetos a una disputa política entre jurisdicciones. Mucho menos cuando las personas afectadas no tienen ninguna responsabilidad sobre las decisiones presupuestarias de los gobiernos.
Una emergencia que exige respuestas y responsabilidades
La crecida del Uruguay también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una política sostenida de prevención y adaptación frente a los fenómenos climáticos extremos. Los sistemas de alerta, la planificación urbana, las obras hidráulicas, la infraestructura de drenaje y la capacidad de desplegar ayuda deben formar parte de una estrategia permanente, no de operativos improvisados cada vez que el agua amenaza a una población. La prevención necesita presupuesto, coordinación técnica y continuidad.
Mientras tanto, las familias de Paso de los Libres necesitan respuestas inmediatas. El municipio debe mantener la asistencia y transparentar la situación de los evacuados; la Provincia debe explicar qué recursos aporta; y el Gobierno nacional debe informar si activó mecanismos de apoyo para esta contingencia, qué elementos puso a disposición y cómo coordina su intervención con las autoridades locales.
Milei hizo del ajuste una política de Estado. Ahora debe demostrar que el Estado que achica no termina siendo también el que llega tarde cuando los argentinos necesitan protección. No alcanza con anunciar planes preventivos ni con enumerar recursos disponibles: hay que informar qué se desplegó, dónde se desplegó y a quiénes se asistió.
Paso de los Libres no necesita una disputa de comunicados ni una discusión sobre quién tiene la competencia administrativa. Necesita que las familias puedan atravesar la emergencia con alimentos, abrigo, alojamiento y respaldo para recuperar sus hogares. Si el Gobierno nacional afirma que se preparó para afrontar las inundaciones, tiene que explicar qué hizo frente a la situación concreta que atraviesa Corrientes.
El agua seguirá su curso. La responsabilidad política, en cambio, no debería escurrirse entre los distintos niveles del Estado. Cuando una familia pierde su casa o debe abandonarla para ponerse a salvo, la obligación de las autoridades es actuar, coordinar y rendir cuentas. Porque el costo de la emergencia no puede recaer, una vez más, sobre quienes menos tienen.
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