El modelo económico de Javier Milei sigue dejando una huella devastadora sobre el entramado productivo argentino. Desde noviembre de 2023 desaparecieron 32.429 unidades productivas, un retroceso del 6,3%. La destrucción alcanza a 23 de las 24 jurisdicciones del país y ya no se limita al cierre de establecimientos: numerosas pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a abandonar la formalidad para intentar sobrevivir. Al mismo tiempo, se perdieron casi 468.000 puestos de trabajo.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
La promesa de una economía que despegaría gracias a la desregulación, la apertura comercial y el retiro del Estado choca cada vez más con la realidad de miles de empresarios, comerciantes y trabajadores argentinos. Los números del entramado productivo muestran una tendencia difícil de disimular: la Argentina está perdiendo empresas, empleo registrado y capacidad para sostener su propia estructura económica. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 desaparecieron 32.429 unidades productivas empleadoras, una contracción del 6,3%.
El deterioro no se detuvo durante este año. Solamente en agosto se dieron de baja otras 139 unidades productivas, mientras que el balance acumulado de 2026 ya arrojaba una pérdida de 9.821 empresas. No se trata de movimientos aislados ni de una reorganización pasajera del mercado: la secuencia de cierres refleja las dificultades que enfrenta una parte sustancial del aparato económico para sostener su actividad en un contexto de demanda debilitada, costos crecientes y competencia importada.
El mapa de la destrucción empresarial también revela el carácter federal de la crisis. De las 24 jurisdicciones argentinas, 23 registraron una reducción en la cantidad de unidades productivas desde el inicio de la gestión libertaria. La única excepción fue Neuquén, que incorporó 136 nuevas unidades empleadoras, un crecimiento del 1,8%, impulsado fundamentalmente por la actividad vinculada a Vaca Muerta.
En el extremo opuesto aparecen provincias con retrocesos particularmente pronunciados. La Rioja perdió el 18,2% de sus unidades productivas, Tierra del Fuego el 16,3%, Catamarca el 14,4%, Chaco el 13% y Corrientes el 12,2%. La geografía de los cierres muestra que el deterioro no distingue regiones y golpea especialmente a economías provinciales con estructuras industriales y comerciales que dependen del mercado interno.
En términos absolutos, Buenos Aires encabeza el ranking de pérdidas, con 9.084 empresas menos. Le siguen Córdoba, con 5.082; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.383; y Santa Fe, con 3.335. Son precisamente algunos de los principales centros de producción, comercio y actividad económica del país. Cuando estas jurisdicciones pierden miles de unidades productivas, el impacto no queda encerrado en las estadísticas empresariales: repercute sobre proveedores, trabajadores, familias, municipios y economías regionales.
EL CIERRE NO ES LA ÚNICA SALIDA: LA INFORMALIDAD COMO REFUGIO
Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico es que la cantidad de empresas que desaparecen de los registros oficiales podría no reflejar toda la dimensión del deterioro. Empresarios pymes advierten que una parte de los establecimientos que dejan de figurar en la economía formal no necesariamente desaparece por completo: muchos reducen su actividad al mínimo, prescinden de trabajadores registrados y continúan funcionando de manera informal.
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), describió ante Ámbito un fenómeno que expone las consecuencias concretas de la crisis. Según explicó, empresas familiares que antes trabajaban con personal registrado terminan reducidas a estructuras mínimas, con sus propios integrantes sosteniendo el negocio. Los embargos, la falta de demanda y la imposibilidad de afrontar los costos laborales y tributarios empujan a numerosos establecimientos fuera del sistema formal.
El sector textil constituye uno de los ejemplos más contundentes. De acuerdo con el relevamiento de la Fundación Pro Tejer, la actividad cayó un 33,9% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2023. La utilización de la capacidad instalada se ubicó apenas en el 40,6% y se destruyeron casi 29.000 puestos de trabajo. Rosato advirtió, además, que solamente el 30% de la producción del sector es nacional, mientras que el resto corresponde a productos importados.
La combinación de caída del consumo y apertura comercial configura un escenario especialmente adverso para los fabricantes locales. Las empresas que invirtieron, contrataron trabajadores y desarrollaron proveedores nacionales deben competir en un mercado donde la producción importada gana terreno mientras la demanda interna no alcanza para sostener la estructura de costos. Para muchas pymes, la llamada reconversión termina significando achicamiento, despidos o directamente el abandono de la formalidad.
La industria óptica atraviesa dificultades similares. Roberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, cuestionó la posibilidad de una reconversión productiva en las actuales condiciones y describió un panorama de cierres, reducción de establecimientos y migración hacia la informalidad. Su diagnóstico fue contundente: en lugar de una transformación que permita crecer y modernizarse, numerosas empresas solamente pueden esperar a que cambien las condiciones económicas.
468.000 PUESTOS DE TRABAJO MENOS: EL OTRO COSTO DEL MODELO
La destrucción empresarial tiene su correlato directo en el mercado laboral. Los datos de la SRT contabilizan 467.989 puestos de trabajo menos desde noviembre de 2023, una contracción del 4,7%. Solamente durante agosto se perdieron 30.378 empleos registrados, mientras que la comparación interanual mostró una reducción de 191.365 puestos, equivalente al 2%.
La relación entre ambos indicadores es fundamental: no solamente hay menos empresas empleadoras, sino que también se achica la cantidad de trabajadores que consiguen sostener un empleo formal. Cada establecimiento que cierra o reduce drásticamente su actividad representa una pérdida de capacidad productiva, de ingresos familiares y de aportes al sistema de seguridad social. Y cuando una pyme sobrevive en la informalidad, también se deterioran las condiciones laborales y la protección de quienes continúan trabajando.
El Gobierno de Javier Milei presenta la desregulación, el ajuste fiscal y la apertura económica como instrumentos para construir una economía más competitiva. Sin embargo, una economía no se vuelve más productiva simplemente porque desaparezcan empresas, se reduzcan planteles laborales o los talleres familiares deban refugiarse en la informalidad. La competitividad requiere inversión, crédito, infraestructura, demanda y condiciones que permitan a las empresas nacionales producir y competir.
Los casi 32.500 establecimientos perdidos y los 468.000 empleos destruidos constituyen una señal de alarma que el discurso oficial no puede reemplazar con promesas de recuperación futura. Detrás de cada número hay una fábrica que dejó de producir, un comercio que bajó sus persianas, una familia que perdió sus ingresos o una pequeña empresa que debió abandonar las reglas de la economía formal para no desaparecer por completo.
El interrogante ya no es solamente cuántas empresas más pueden cerrar, sino qué estructura productiva quedará en pie después de semejante proceso de destrucción. Porque una Argentina sin pymes, sin industria nacional y con millones de trabajadores cada vez más expuestos a la informalidad difícilmente pueda construir el desarrollo que necesita. La motosierra puede achicar las estadísticas, pero no construye una economía: para eso hacen falta producción, trabajo y un mercado interno capaz de sostenerlos.
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