Las fotocopias de Centeno salpican a la justicia

La saga de los cuadernos fotocopiados involucra también a la justicia. La puja entre Carrió y Angelici. El juez Ariel Lijo –denunciado por la diputada de integrar la pata judicial de la red de corrupción– y la decisión del Consejo de la Magistratura de archivar una investigación en su contra. El apoyo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al juez Claudio Bonadio. Las menciones en los cuadernos del Auditor general de la Nación, Javier Fernández, ligado al ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso.

Por Franco Mizrahi para Nuestras Voces

Mientras diversos empresarios y ex funcionarios desfilan por los tribunales de Comodoro Py y acaparan toda la atención mediática, las esquirlas del caso de los cuadernos, en el que se investiga el pago de sobornos para la adjudicación de la obra pública, impactan en la Justicia.

Por un lado, profundizó la grieta en el oficialismo al acentuar la pelea entre el operador judicial del PRO, Daniel Angelici, y la diputada Elisa Carrió, por el rol del tercer poder del Estado en esta novela. Por otro, golpea a un sector caído en desgracia pero no sin peso en los tribunales de Retiro: el que representa la dupla Antonio “Jaime“ Stiuso-Javier Fernández. Este último, hoy auditor general de la Nación, fue imputado en la causa que se abrió con las copias de los anotadores que se le adjudican al ex militar y chofer del ya disuelto Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno. La denuncia de “aprietes” que realizó el polémico ex juez Norberto Oyarbide –también involucrado en el expediente– podría poner en aprietos a ese tándem.

En este contexto, la Cámara Federal debe resolver este jueves el pedido de nulidad de la investigación que realizó la defensa del ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli. Se trata de un planteo central que también realizaron los letrados que representan a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex funcionario Roberto Baratta. La forma en que se inició la pesquisa fue a las claras irregular pero es difícil imaginar que la instancia revisora de Comodoro Py anule todo lo investigado o le quite el caso al juez que entiende en la causa, Claudio Bonadio. Además, en los últimos días, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le dio un respaldo público al magistrado.

La grieta amarilla

La pelea entre Angelici y Carrió sumó un nuevo capítulo luego de que el 16 de agosto se confirmase la desestimación de una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el juez federal Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura.

“Quiero expresar mi preocupación ante la desestimación de la investigación que trata sobre el presunto enriquecimiento del juez Ariel Lijo, hoy bajo la influencia y protección del empresario del juego y dirigente deportivo Daniel Angelici, quien debería abocarse a dirigir un club de futbol y no a proteger o a vetar jueces en la Argentina”, sostuvo la diputada y cofundadora de Cambiemos en una nota dirigida al presidente del órgano que selecciona y sanciona magistrados, Miguel Piedecasas.

El oficialismo había impulsado el análisis patrimonial de Lijo en 2017 pero decidió volver tras sus pasos. Una semana antes de que se concretara el salvataje del magistrado, Carrió había denunciado en los tribunales de Comodoro Py al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al ex funcionario José María Olazagasti y al propio Lijo y su hermano “Freddy”, entre otros (por ejemplo, mencionó a Marcelo Rocchetti, quien fuera jefe de Gabinete del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo hasta el pasado 14 de agosto cuando renunció, producto de la presentación de Carrió). A todos les achacó ser parte de una asociación ilícita que se habría conformado para “garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”.

En la óptica de la legisladora nacional ésta sería la pata judicial de la causa de los cuadernos que impulsan con mucho ruido mediático el polémico Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, ex jefe de Seguridad de Boca, club que preside el mentado Angelici. Por caso, entre distintas medidas de prueba, Carrió solicitó que se cite como testigo al chofer Oscar Centeno.

“De Vido era el jefe y Alfredo Lijo era el organizador, es decir, el articulador entre los dos sectores que conformaban la banda: el sector de algunos jueces y fiscales a los que tenía acceso a partir de la relación con su hermano, el juez Ariel Lijo, y por otro lado, los empresarios o funcionarios que requerían de sus servicios para la obtención de beneficios en las causas”, acusó Carrió.

La denuncia recayó primero en el juzgado de Sebastián Casanello y luego en el de Marcelo Martínez de Giorgi pero ambos se excusaron de tomarla, una actitud que podrían replicar otros magistrados de Comodoro Py. La presentación, hasta el cierre de esta edición sin juez, tramita en el despacho de Stornelli quien debe definir su futuro.

Esta avanzada de Carrió chocó de frente con la decisión del oficialismo de salvar a Lijo en el Consejo.

El salvataje

La denuncia por enriquecimiento contra el titular del juzgado federal N°4, que había iniciado el propio diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, se abrió por la extracción de testimonios en el marco de la declaración que brindó María Carla Lago, ex mujer de Alfredo Lijo, hermano de Ariel, en octubre de 2017 en un expediente contra el entonces camarista Eduardo Freiler (quien fue el primer juez que logró desplazar el PRO en la Cámara Federal, la segunda instancia de Comodoro Py). Lago había dicho que Ariel Lijo podría tener participación junto a su hermano en los negocios de caballos del haras “La Generación”. Tonelli se tomó de ello para abrir una investigación contra el juez cuando su relación con el Gobierno estaba tirante.

La pesquisa, que podría haberse profundizado en torno al patrimonio del magistrado y a los negocios que podría tener con su hermano, finalmente quedó acotada a si Lijo participaba del Haras, que no había declarado. Tonelli que fue el consejero instructor del expediente consideró que no había pruebas para determinar la acusación y propuso la desestimación que este jueves fue aprobada sin resistencias en el plenario del Consejo de la Magistratura.

Ariel Lijo es el juez que investiga la pata penal del Correogate, una de las causas que más preocupan al presidente Mauricio Macri. A pesar de las medidas de prueba que solicitó en aquel caso el fiscal Juan Pedro Zoni antes de ser desplazado por el procurador interino Eduardo Casal –que tomó más de una medida a pedir del Ejecutivo–, el magistrado nunca avanzó con la pesquisa.

Ante el salvataje, Carrió aseguró que la investigación del Consejo de la Magistratura contra Lijo fue “superficial” y que se prescindieron de medidas de prueba clave. Cuestionó al oficialismo que administra aquel órgano –entre cuyas espadas se destaca el diputado y consejero Tonelli– porque “mostró un muy diferente tratamiento respecto de las medidas de prueba del juicio político contra el ex juez Freiler”.

Viejas internas

El caso de los cuadernos –que junto al de los aportantes truchos de Cambiemos debiera servir para poner en caja a la corrupción y al financiamiento espurio de la política aunque a medida que avanza pareciera tender hacia otros fines– también alcanzó a un sector de fuerte influencia en los tribunales federales a pesar de su retraimiento de los últimos años (en los que ascendieron otros actores, como el angelicisimo): el que encabezan Antonio “Jaime” Stiuso, quien supo ser el hombre fuerte de la ex SIDE y fue apartado de esa estructura de inteligencia durante el kirchenrismo, y Javier Fernández.

Fernández, abogado, auditor general y operador judicial, está acusado en el expediente de los cuadernos de haber recibido fondos ilegales para “obstaculizar causas”. Fue indagado, negó los cargos y tras pagar una caución juratoria, Bonadio le otorgó la exención de prisión.

Una denuncia similar pesa sobre el polémico ex juez federal Norberto Oyarbide, quien en su declaración rechazó la acusación y apuntó contra Situso y el mencionado Fernández pero por otro tema, tangencial al de los cuadernos. Oyarbide aseguró a los medios que habló sobre quienes lo habían “apretado del cogote” para que cerrara –en diciembre de 2009– la causa por enriquecimiento ilícito que tenía en su juzgado sobre la familia Kirchner.

Por la mentada declaración de Oyarbide se abrió una nueva investigación que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, a quien se solía vincular con Stiuso. En pos de continuar con la operación de desgaste de Cristina Kirchner se busca reabrir aquella pesquisa sobre su patrimonio. La ex presidenta y dirigente opositora con mayor intención de voto de cara a las próximas elecciones se transformó en el blanco de todos los casos.

El respaldo

A pesar de las irregularidades con que se abrió el expediente de los cuadernos (hay denuncias de fórum shopping porque debió sortearse), el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, respaldó a Bonadio al reunirse con él y dotarlo de recursos. El 15 de agosto pasado rubricó la resolución 2329/2018 y sumó cuatro agentes judiciales al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Se trata de un secretario de juzgado y tres jefes de despacho. Con semejante gesto es difícil creer que prosperarán las recusaciones del magistrado o el pedido de nulidad de algunas defensas.

Sin ir más lejos, este jueves la Cámara Federal deberá resolver una cuestión central para el futuro de la investigación: si la declara nula, aparta a Bonadio o habilita su avance.

Anuncios

1 Comment

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s