Notas sobre los problemas estructurales del capitalismo argentino

La crisis económica se ha hecho presente una vez más en nuestro país. La recesión, combinada con una alta inflación, vuelve a golpear a la Argentina, mientras el gobierno no logra acertar el rumbo para revertirla. En una mirada de largo plazo y con una perspectiva diferente, el Grupo de Economistas Progresistas ensaya algunas respuestas alternativas. He aquí una parte de ellas. 

Por Ignacio Trucco para La Vanguardia Digital

Es cierto que estamos parados en el cortísimo plazo, pero, como es sabido, ninguna salida o programa económico es sostenible si no se mide en relación a las problemáticas estructurales del capitalismo argentino. En este sentido, se intentará hacer un repaso de las misma para poder componer una mirada contextual que nos permita establecer posibles caminos de acción y, fundamentalmente, algunas condiciones sociales, institucionales y políticas que son necesarias para que ellas alcancen realidad y efectividad.

UNA SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS ESTRUCTURALES

 La restricción externa: Presente en Argentina desde siempre, inclusive en el modelo agroexportador en donde los ciclos económicos eran intensos y estaban caracterizados por la especulación financiera. La restricción externa se profundiza en la Industrialización Sustitutiva en su etapa difícil, y finalmente vuelve a intensificarse luego de la apertura económica de los ’90. La transformación del agro argentino a partir del ’95 supuso cierta relajación de la restricción externa, pero se la encontró nuevamente desde el 2007 en adelante. La dinámica del consumo de productos importados o del turismo, las necesidades de maquinaria, equipo o insumos de origen extranjero para el funcionamiento de la industria local y la importación de combustibles fósiles explican fundamentalmente este problema.

 La puja distributiva: Desde comienzos del siglo XX la organización sindical y política de los trabajadores urbanos industriales inicia una dinámica de puja distributiva que será, de allí en más, una marca registrada de la República Argentina. A diferencia de otros países de América Latina, o de los propios EEUU, donde la crisis de los ’70 se resolvió debilitando los sindicatos y favoreciendo una reconversión de intensa flexibilización del mundo del trabajo, en Argentina tanto el trabajo registrado como los sectores populares mantienen un elevado grado de organización y capacidad para incidir, año a año, en la pauta salarial. El nivel general de precios funciona, en este contexto, como una válvula de escape que distiende el conflicto distributivo y permite que en ciertos períodos los salarios reales avancen mientras que en otros retrocedan. Naturalmente, esto produce una inflación estructural del 20% aproximadamente, que se refuerza con shocks inflacionarios por incremento del tipo de cambio o de algún otro costo de producción (como los costos energéticos o de financiamiento).

– La fuga de capitales: Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que, particularmente después del “rodrigazo” (1975), Argentina se precipita sobre un sostenido crecimiento de la fuga de capitales que no se revierte hasta el presente. Estimaciones varias indican que más de un PBI argentino se encuentra fugado, muchos de estos valores se encuentran colocados en títulos de baja rentabilidad y alta seguridad, es decir que no son inversiones de riesgo que contribuyen a la expansión global del capital argentino. Tampoco estos capitales remiten utilidades a nuestro país. Este hecho pone en evidencia una ruptura institucional, cultural, social y política, que fracturó la relación de los capitales argentinos con el territorio. La ruptura del marco institucional de referencia que permitía contener y radicar capitales es uno de los principales problemas socioeconómicos de nuestro país.

La apertura y la movilidad de capitales han dejado en evidencia la poca rentabilidad del capitalismo argentino, concentrado principalmente en sus cadenas de valor de carácter global (agroindustria y minería) y actividades conexas.

– La baja inversión privada y estancamiento estructural: Relativamente relacionado con lo anterior, pero no exactamente, se puede observar que la Argentina, a partir de la década ’80, registra una inversión privada muy baja que la coloca en una situación de estancamiento estructural, ya que la inversión pública también es baja y no está en condiciones de reemplazar las inversiones privadas. Como puede verse en el Gráfico 1, el capitalismo argentino de fines de siglo XIX y comienzos del XX tenía tasas de inversión muy elevadas pero sujetas a ciclos económicos muy profundos. El peso de la agricultura y la ganadería en la economía nacional y global explican la tasa tan elevada y por qué la argentina se transformó significativamente en dicho período. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de inversión cae pero se sitúa en niveles nada desdeñables, en torno al 25%, apoyada también en la inversión pública, permitiendo buenas y sostenidas tasas de crecimiento del PBI, como las que se verificaron entre 1963 y 1973. Finalmente, con el comienzo de la década de los ’80 la tasa de inversión cae y apenas podemos reponer capital, lo que implica una tasa de crecimiento estructuralmente estancada. El capitalismo argentino se detiene.

La apertura y la movilidad de capitales han dejado en evidencia la poca rentabilidad del capitalismo argentino, concentrado principalmente en sus cadenas de valor de carácter global (agroindustria y minería) y actividades conexas (metales, metalmecánica, productos químicos, etc.). Ello contrasta con la trama industrial media y pequeña, donde la baja productividad industrial, el desguace del sistema público de transferencia y desarrollo tecnológico, los salarios industriales relativamente altos, y la ruptura del marco institucional, dejan a este fragmento del capitalismo argentino en un situación vulnerable, apenas pudiendo resistir el paso del tiempo.

Gráfico 1: Evolución de la tasa de inversión en Argentina. 1900-2005

Fuente: Panigo y Pasquini, 2007

– La dualidad en el mercado de trabajo y mala distribución del ingreso: Luego de la profunda recesión de los ’90, la descomposición de la trama industrial y del desguace del Estado nacional (en particular de su sistema educativo), el mercado de trabajo se ha vuelto dual en términos estructurales (aún en condiciones de pleno empleo). En definitiva, una porción significativa de la población ha quedado fuera de los empleos de calidad técnica (cada vez menos y con trabajadores sobre calificados para la tarea) y con seguridad social. Este fenómeno empezó a verse a mediados de los ’70 y fue profundizándose de a poco hasta que, en los noventa, saltó significativamente. Este proceso vino acompañado por una variable correlativa, la desigualdad estructural se incrementó significativamente, es decir que, aún con crecimiento económico y plena ocupación, la desigualdad no rompe cierta barrera, muy superior a la registrada durante la segunda mitad del siglo XX. En este caso, se suma el efecto del sistema tributario que impacta de manera regresiva en la distribución, donde porcentualmente pagan más los que menos tienen y menos los que más tienen. La justicia distributiva no tiene realidad en la Argentina contemporánea.

– Asimetría territorial e inconsistencia tributaria federal: Finalmente, la Argentina es un país sumamente asimétrico en términos territoriales. No sólo en lo que respecta a la estructura demográfica y el desarrollo socioeconómico, sino,  y sobre todo, en relación al proceso de definición de los programas económicos que definen la naturaleza y accionar de nuestras instituciones económicas soberanas.

Porcentualmente pagan más los que menos tienen y menos los que más tienen. La justicia distributiva no tiene realidad en la Argentina contemporánea.

En términos generales, la dinámica política argentina y la definición de los programas económicos oscila entre dos centros territoriales de gravitación política (CABA -centro financiero y portuario- y PBA -mayor aglomeración urbana e industrial-). Estos centros atractores de poder económico y político no han podido articular un proyecto nacional en las últimas cuatro décadas y han colocado al resto de los territorios en una condición periférica para la discusión política y la construcción institucional.

Esta asimetría institucional y política tiene como correlato una marcada disfuncionalidad en el federalismo fiscal: es la nación la que concentra las instituciones económicas soberanas (política monetaria, cambiaria y fiscal, administración del comercio exterior) y los mejores impuestos (directos), mientras que a las provincias quedan los peores impuestos (indirectos como ingresos brutos) y las principales responsabilidades o funciones del Estado (educación, salud, justicia ordinaria, seguridad, etc.). En consecuencia, las provincias son objeto permanente de extorsión ya que quedan fuera de la discusión económica (política monetaria y cambiaria, fiscal y de comercio exterior) mientras que concentran las responsabilidades básicas de nuestra estatalidad.

Frente a este resumido diagnóstico, podemos pensar que estos problemas estructurales son “relativamente” independientes entre sí, de manera que, lamentablemente, no es posible resolver uno con la esperanza que otros se resuelvan en un encadenamiento de causas. En este sentido, sólo un programa que tenga por objeto todas estas problemáticas de un modo simultáneo es el único que tiene alguna probabilidad de éxito.

 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS CONDICIONES INSTITUCIONALES

En este contexto, no sólo debemos preguntarnos qué programa económico y político debería llevarse adelante, sino también bajo qué condiciones sociales y políticas es plausible que la Argentina avance en la resolución de estas problemáticas, logre estabilizar la macroeconomía y alcance una senda de desarrollo acorde a sus potencialidades humanas y naturales.

En líneas generales, la segunda cuestión es, por lejos, la más difícil y desafiante, tanto en el orden del conocimiento (es decir, en la construcción de un buen diagnóstico) como en el orden práctico (es decir, en la realización de dichas condiciones). En todo caso tenemos una idea bastante acabada de las políticas económicas necesarias para corregir estas problemáticas estructurales. Sobre este punto hay pocos secretos, sin embargo, estamos lejos de haber caracterizado de forma acabada la naturaleza de las fuerzas sociales, políticas y territoriales que existen en nuestro país y las condiciones a las que deben someterse para dar la legitimidad suficiente a un programa de reformas adecuado.

Sobre ciertas líneas programáticas pocos tienen dudas, por ejemplo:

  • El mantenimiento de un tipo de cambio real, competitivo y estable, con tipos de cambios diferentes para la exportación de bienes que impactan en la canasta básica de alimentos.
  • Un programa de obras públicas que permita activar la economía en tiempos recesivos y modernizar la infraestructura económica y social.
  • Establecer un programa de dinámica de los salarios reales compatible con la restricción externa, es decir, relacionado con el crecimiento de la productividad y la capacidad de generación devisas.
  • Crear un programa sólido de transferencias sociales a fin de eliminar la pobreza extrema y complementar los ingresos de los hogares para alcanzar una canasta básicas de alimentos y servicios que permita una vida digna mínima para el conjunto de la población.
  • La regulación de ciertas importaciones de lujo, particularmente en el turismo, y protección inteligente de ramas de actividad que pueden desarrollarse en nuestro territorio y compiten con el condiciones globales adversas.
  • Revisión y creación de acuerdos comerciales sectoriales y regionales, orientados a la reducción del déficit de cuenta corriente, entre países de mutua conveniencia y con horizontes comunes.
  • Una política de tarifas y de regulación del mercado energético que también propenda a la reducción del déficit comercial y a alcanzar la soberanía energética basada en pluralidad de fuentes.
  • Regular la entrada y salida de capitales para evitar las corridas contra la moneda nacional, así como también la compra de moneda extranjera por minoristas y mayoristas y penalizar con impuestos el mantenimiento de activos en el exterior.
  • Regular el sistema financiero para proteger los depósitos en moneda nacional para que el capital no pierda valor con la inflación y asegurar la existencia de un fondo para la financiación de proyectos productivos a tasa razonable.
  • Restringir el endeudamiento externo al financiamiento de proyectos económicos públicos o privados de rentabilidad probada y al desarrollo de proyectos de infraestructura productiva, ciencia y tecnología.
  • Desarrollar un programa público de inversión en servicios tecnológicos para industria que propenda a resolver los “cuello de botella” tecnológicos que hoy impiden el incremento de la productividad.
  • Reformar el sistema educativo para darle volumen, calidad y una intensa articulación con el sistema productivo, promoviendo carreras, terminalidades, tecnicaturas y prácticas en el seno de las empresas.
  • Construir un sistema tributario progresivo basado en el cobro de impuestos a la personas, a las rentas extraordinarias y a la herencia, y no a los factores de producción.
  • Establecer una nueva coparticipación de impuestos basada en el reconocimiento de las autonomías provinciales y su solidaridad con la unidad y el desarrollo nacional.
  • Modernizar y especializar la burocracia estatal a fin de que incremente su productividad a la hora de proveer bienes y servicios públicos y regular la actividad privada.

Estas medidas o líneas de política económica requieren un análisis de las condiciones sociales y políticas en las que pueden ser llevadas a la práctica con la legitimidad suficiente para alcanzar realismo y efectividad.

Sin embargo, estas medidas o líneas de política económica requieren un análisis de las condiciones sociales y políticas en las que pueden ser llevadas a la práctica con la legitimidad suficiente para alcanzar realismo y efectividad. Sobre este punto las cosas se ponen más borrosas, ya que los desafíos son mucho mayores e implican cambios institucionales significativos en la sociedad argentina. En cualquier caso, podemos indicar que es preciso construir tres pilares fundamentales:

  • Crear puentes sólidos de dialogo social entre el capital industrial y agropecuario en sus distintos tramos, los sectores exportadores, el trabajo, las organizaciones sociales de la economía popular, el sistema científico y tecnológico y el propio Estado, que tenga la capacidad de establecer caminos de acción de corto, mediano y largo plazo de política económica que permitan alcanzar los fines o lineamientos precedentes.
  • Fortalecer el parlamento como instancia de toma de decisiones que obligue a la concreción de acuerdos inter-partidarios que den fortaleza a las instituciones económicas en nuestro país y promuevan políticas orientadas al desarrollo económico y social, defendiendo la acción del Estado en la provisión de bienes estratégicos.
  • Creación de un nuevo pacto federal que construya instituciones de diálogo entre las provincias y el gobierno nacional, con la capacidad de incidir en las políticas económicas y fiscales de nuestro país, así como en la planificación obras de infraestructura estratégicas, con el objetivo de conectar todo el territorio nacional, desarrollar actividades económicas y alcanzar la soberanía energética.

Estas problemáticas, lineamientos y condiciones institucionales definen una perspectiva primaria y estructural acerca de la economía y la política nacional.  Si bien parecen estar lejos de los problemas de cortísimo plazo que hoy atravesamos, intentan mostrar aquello que debe resolverse para que nuestro país no retorne sobre las mismas dificultades en una repetición histórica y algo patética que, sistemáticamente, nos expone a nosotros mismos cavilando en la perplejidad.

Ignacio Trucco

IGNACIO TRUCCO

LICENCIADO (UNL) Y DOCTOR EN ECONOMÍA UNR. DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL). MIEMBRO DEL GRUPO DE ECONOMISTAS PROGRESISTAS.

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