Ideas tóxicas

Cierto tipo de informes, vehículo de ideas tóxicas, vuelven a la luz en forma de “datos duros”, gracias a la primavera de delirios reaccionarios que nos trajo Cambiemos. Así, por ejemplo, a diferencia de lo que sostienen quienes denuncian el elevado gasto que supone el funcionamiento de las universidades públicas y gratuitas, los egresados de universidades privadas son en realidad planeros de oro subsidiados por el Estado y por un conglomerado de empresas y fundaciones.

Por Sebastián Fernández para Nuestras Voces. Foto: Sol Avena

 

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Hace dos años, en un informe titulado “Argentina, país generoso”, Jorge Lanata y Maximiliano Montenegro contabilizaron el “gasto” que nos generan los alumnos extranjeros inscriptos en la UBA. Con gesto adusto repitieron cifras, porcentajes y estimaciones propias, sin ningún contexto ni escala de comparación que permitiera analizarlas. De lo que se trataba era de indignar al indignado y confirmar la veracidad del título del informe: los extranjeros abusan de nuestra generosidad al asistir sin pagar a nuestras universidades gratuitas.

Con la seriedad que otorga un diploma de economista de la UBA, Montenegro no sólo contabilizó el supuesto “gasto” que produce cada estudiante extranjero omitiendo lo que aporta (alquiler de vivienda, consumo de alimentos, ropa, libros, turismo o pago de impuestos), sino que además, dividiendo el presupuesto total de la UBA por la cantidad de alumnos, estableció el “gasto correspondiente” a los extranjeros, lo que equivale a considerar que si los expulsáramos a todos, los sueldos de docentes, la inversión en investigación o el gasto en productos de limpieza se reducirían como por arte de magia en dicho porcentaje.

Unos años antes, La Nación publicó un informe del Centro de Estudios de Educación Argentina (CEA), un coso dirigido por el ineludible Alieto Guadagni, que luego de un sesudo análisis estimó el valor por graduado en las universidades públicas argentinas en unos 60 mil dólares. Esa cifra surge de sumar el total del gasto correspondiente y dividirlo por el número de egresados, como si la única razón de ser de una universidad pública fuera la de generar diplomados.

Ese cálculo creativo no sólo no toma en cuenta el gasto en investigación, en actividades de extensión o en hospitales públicos, que no se contabiliza en cantidad de egresados, sino tampoco el beneficio concreto de concurrir a una facultad aún sin graduarse. Como señala la investigadora Ana Fanelli, “cada año de estudio alcanzado por un joven que no ha llegado a graduarse también genera un mayor retorno privado para éste en forma de mayor ingreso y empleabilidad. Este también es, por tanto, un producto que debería computarse como resultado alcanzado con los fondos destinados a los estudios universitarios”.

El paso siguiente de este tipo de operaciones consiste en comparar la suma tan creativa como indignante que nos cuesta cada egresado con lo que le cuesta a un estudiante cursar una carrera en una universidad privada, incluso extranjera. En este caso, la comparación omite que los gastos de una universidad privada suelen superar holgadamente lo que obtiene por la matrícula. En el caso del Massachusetts Institute of Technology (MIT), por ejemplo, el tuition (matrícula) sólo cubre el 10 por ciento de sus ingresos.

A diferencia de lo que sostienen quienes denuncian el funcionamiento de las universidades públicas y gratuitas, los egresados de estas universidades tan privadas como meritocráticas son en realidad planeros de oro subsidiados por el Estado y por un conglomerado de empresas y fundaciones, incluyendo –como el MIT–, ingresos por investigaciones y patentes. El sistema de ingreso a estas universidades de elite, en base a cupos por país o región o según los criterios que establezca su board, también atenúa la candorosa idea del esfuerzo individual como clave del éxito.

Este tipo de informes, tanto el de Lanata como el de Guadagni, son vehículos de ideas tóxicas que gracias a la primavera de delirios reaccionarios que nos trajo Cambiemos vuelven a la luz en forma de “datos duros”. Son las famosas “ideas zombie” que denuncia Paul Krugman: “una idea que matás muchas veces, porque es una mala idea, pero sigue apareciendo”.

En el caso de Lanata la contabilidad creativa oculta que una red regional de profesionales formados en el país es una enorme ventaja para la Argentina, algo que los países serios que el propio Lanata toma como ejemplo han comprendido desde hace décadas. El MIT, como la Fundación Ford, la Alianza Francesa o el Instituto Goethe, por ejemplo, gastan fortunas en hacer eso que tanto indigna a nuestros periodistas: formar estudiantes y profesionales extranjeros. Esa relación no solo genera “gasto” sino sobre todo conocimiento, redes de contactos con futuros profesionales, empresarios o políticos, interacción con empresas locales, afinidades con el país y todas las ventajas relacionadas a la llamada “hegemonía blanda”. La misma que padecemos al revés, con cada funcionario que luego de pasar por alguna universidad de EEUU, vuelve transformado en quintacolumnista.

Por su lado, pese a las advertencias del propio Guadagni que sostiene que las universidades “generan otros ‘beneficios’ además de la graduación”, su análisis sesgado, con una contabilidad tan creativa como la de Lanata y Montenegro, impulsa a denigrar la universidad pública y gratuita como un gasto tan colosal como inútil, obviando la riqueza que genera más allá de sus graduados.

Por ejemplo, ¿en qué estadística figura la mejora en la vida de quienes, gracias a la universidad pública y gratuita, accedieron a Carlyle, Coleridge, Stevenson y Blake? ¿El interés de las clases de J.L. Borges en la UBA se debería medir en diplomas entregados o en felicidad transmitida?

Tal vez la respuesta exceda las cálculos imaginarios de las operaciones de turno.

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