La red de extorsión que el caso Stornelli reveló

El caso Stornelli destapó una red de espías, orgánicos e inorgánicos, que articulaban con funcionarios del poder judicial para realizar extorsiones. En el procesamiento del falso abogado y sobrino del escribano general de la Nación, Marcelo D’Alessio, el juez Alejo Ramos Padilla describe éstos métodos de extorsión y le da un alcance mucho más amplio a la causa que se inició por la extorsión al empresario Etchebest. El método era conseguir información reservada sobre las víctimas y extorsionarlas obligándolas a declarar de determinada manera y cobrándoles dinero.

Por Franco Mizrahi para Nuestras Voces

La novela político judicial que protagonizan el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal del caso de las fotocopias de los cuadernos, Carlos Stornelli, destapó un mecanismo de extorsión que involucra a agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos que trabajan en articulación con funcionarios del Poder Judicial de la Nación. El caso que denunció el empresario agropecuario Pedro Etchebest sería la punta de un iceberg de ilegalidades.

“En los pocos días que he tenido oportunidad de estudiar estas actuaciones –menos de un mes-, he podido comprobar con el grado de exigencia que se impone para esta resolución la actividad de agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”, comenzó su escrito de 220 páginas el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el que resolvió el procesamiento de D’Alessio por “asociación ilícita” y “extorsión”. Etchebest había radicado una denuncia contra el sobrino del escribano general de la Nación, quien le exigió 300 mil dólares para, según dijo, no involucrarlo en la causa que se abrió con las copias sin certificar de las anotaciones de Oscar Centeno.

De acuerdo a la investigación del juez, D´Alessio “llevaba a cabo operaciones de inteligencia y en particular ‘operaciones psicológicas’ sobre varios ciudadanos que luego eran extorsionados o coaccionados para decir o hacer algo contra su voluntad”. Para lograrlo, según el modus operandi que se reconstruyó, el operador obtenía un “perfil psicológico” de la víctima y una “carpeta” de datos personales. “Luego utilizaba la información de la que disponía a partir de las tareas de investigación previas que se habían realizado sobre la persona, y lo ‘ponía en emergencia’ o ‘hacía entrar en pánico’ para que finalmente declarara de un determinado modo, se transformara en un colaborador o entregara dinero”, añadió el juez.

Entre las operaciones que el juez achaca a D’Alessio se encuentran el “ablande” de las víctimas, “carpetazos”, “ardides con cámaras ocultas” y hasta “plantar droga”, ilícitos que “se complementan –como se ha verificado en muchos casos- con acciones de investigación previa sobre la víctima”. D’Alessio averiguaba cómo estaba compuesta la familia de la “presa a cazar”, cuáles eran sus antecedentes laborales y personales, sus viajes al exterior, sus registros de comunicaciones telefónicas, los procesos judiciales que tenía en su contra, y los problemas y dificultades que podría padecer. “Esa información es la que ‘el servicio’ tiene a su disposición para el desarrollo del plan de acción”, describió el magistrado federal.

“La utilización paralela de estos ‘servicios’ para el ‘éxito’ en causas judiciales y las relaciones estrechas y de mutua colaboración que se han comprobado entre miembros del poder judicial y de los ministerios públicos fiscales con ‘los servicios’ puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho”, advirtió el magistrado, quien enmarcó el accionar del fiscal Stornelli en este complejo contexto que trasciende en sus alcances a la extorsión de D’Alessio.

Como si hiciera una elíptica referencia al caso de las fotocopias de los cuadernos, Ramos Padilla recordó que “el testimonio o la prueba a la que se alcanza a través de estos mecanismos ilícitos pierde todo valor jurídico. En este contexto, no importa ya si es verdad o no lo que el testigo, denunciante o imputado/arrepentido diga. Lo que importa desde la óptica de aquellos que trabajan con estos servicios es que el relato se adecue a lo que pretenden quienes participan -con o sin conocimiento- de estas operaciones”.

La extorsión a Etchebest tiene este patrón.

En este encuadre, y a la luz de “las pruebas vinculadas a las investigaciones efectuadas y las conversaciones que se comprobó que mantuvo con el Fiscal Carlos Stornelli”, el juez se mostró convencido que desde la fiscalía con asiento en los tribunales de Comodoro Py “se actuó en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse”. Sin medias tintas, agregó: “Con anuencia del Sr. Fiscal, se llevaron adelante operaciones de inteligencia y de acción psicológica para el ‘éxito’ de sus investigaciones judiciales o para atender la imagen del propio magistrado”.

A lo largo de la pesquisa aparecen muchos elementos que vinculan a Stornelli con la extorsión. Por tal motivo, Ramos Padilla considera que debe profundizarse la investigación. Y pidió intervención al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien suele manifestarse en sintonía con los intereses del Poder Ejecutivo, para que se manifieste sobre el caso. La suerte de Stornelli está atada a lo que define el titular del Ministerio Público Fiscal, que podría iniciar un jury de enjuiciamiento.

Pero el caso no termina con Stornelli. La red que revela Ramos Padilla es más extensa.

“El objeto de investigación, como se ha dicho, se ha ampliado no sólo sobre otros ‘espías’ o ‘colaboradores’ que habrían participado junto con D´Alessio en la extorsión llevada a cabo en perjuicio de Pedro Etchebest; sino que hay elementos de prueba que vinculan a otros funcionarios y magistrados de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, que podrían haber actuado en connivencia con estos ‘servicios’ que llevaban adelante este tipo de operaciones ilícitas de espionaje”, apuntó el juez federal de Dolores.

Entre algunos de los investigados figuran “el ex agente de inteligencia, Comisario retirado Ricardo Bogoliuk, y el ex Comisario Aníbal De Gastaldi, entre otros”.

Al servicio del delito

En los dos allanamientos que se realizaron en la vivienda de D’Alessio en el Barrio Saint Thomas Este, de la localidad de Canning, se encontraron elementos que evidencia el material con el que cuenta la banda.

“Se incautaron aparatos de telefonía celular, computadoras de escritorio y portátiles, dispositivos de almacenamiento de información digital, municiones y diversas armas de fuego –algunas sofisticadas y que resultaron llamativas incluso para el personal de las fuerzas de seguridad-, un dispositivo con cámara oculta, un chaleco antibalas perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, una placa de la Drug Enforcement Administration (DEA), entre otros muchos elementos”, enumeró el juez, en referencia a material hallado en el primer procedimiento. También se encontraron brazaletes de la “P.F.A.” y logos de la “P.S.A. Todos, instrumentos propios de una fuerza policial nacional pero “con el aditamento que el imputado no pertenece –desde lo formal- a ninguna de ellas”, mencionó el magistrado. Durante los operativos, D’Alessio decía que se estaba “afectando la Ley de Inteligencia Nacional y a la Seguridad Nacional”.

En el segundo allanamiento, cuando se secuestraron los teléfonos Samsung SM y Iphone A1428 del operador (en su celular principal se descubrieron 28.000 documentos, muchos de los cuales se están analizando), se encontró “una baliza de luces –similar a las utilizadas por organismos oficiales- que se hallaba en el baúl de uno de los vehículos” y otra similar “instalada en el parabrisas de otro rodado”.

Esto no es casual. “D´Alessio poseería vínculos con funcionarios policiales y judiciales”, de acuerdo a Ramos Padilla. Por eso, y tras las escuchas telefónicas que se realizaron durante la pesquisa, en las que quedó en evidencia que el acusado tenía los medios suficientes como para lograr frustrar la investigación, el juez decidió su prisión preventiva.

A esta altura ya no sorprende que en los allanamientos se haya encontrado “posibles legajos de inteligencia y otra documentación que darían cuenta no sólo de la vinculación del nombrado con organismos de inteligencia –nacionales y/o extranjeros- y funcionarios públicos de alto rango, sino también de actividades de ese tipo que el propio D´Alessio desarrollaría en esas áreas”.

En esa línea, Ramos Padilla recordó que más allá de lo publicado por Clarín, la Embajada de los Estados Unidos no respondió formalmente al requerimiento que realizó para saber si el nombrado pertenecía o no a algún organismo de inteligencia, tal como él se adjudicaba. Según el propio Stornelli -quien utilizaba a D’Alessio como proveedor de información-, el operador le fue presentado como miembro de la DEA.

Por todo esto, Ramos Padilla consideró que la asociación ilícita que investiga “habría actuado de forma permanente y estable en varios cursos de acción delictivos, con división de roles y coordinación de funciones entre sus diversos miembros”.

Y enfatizó que “aún resta analizar y abordar la situación de otras posibles víctimas que pudieron encontrarse dentro de los propósitos de la organización”. Es que el juez explicó que a lo largo de la pesquisa varias personas se presentaron de manera espontánea y señalaron su voluntad de prestar testimonio. Por lo que se esperan novedades.

En su domicilio se halló información que parece “provenir de alguna fuente estatal de los Estados Unidos, pues no sólo se halla en idioma inglés y posee información diversa y personal sobre cuestiones sucedidas en ese país relacionadas con familiares de Etchebest sino que además está encabezado por la siguiente leyenda: ‘GOVERNMENT WATCH LIST NOTICE’”.

En este contexto, y ante el cúmulo de prueba que vincula a D’Alessio con el espionaje ilegal en la Argentina, el juez requirió la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria para analizar la documentación que de computadoras y teléfonos del agente. Busca establecer patrones comunes “en las distintas operaciones y su relación con organismos de inteligencia nacionales o internacionales, las fuerzas de seguridad nacionales y/o de la provincia de Buenos Aires y los poderes judiciales y ministerios públicos nacionales y/o de la provincia de Buenos Aires”.

A lo largo de su escrito, el juez repite la red con que se topó en este caso: “Lo poco que se ha observado contiene información sumamente relevante para la investigación y da cuenta de la existencia de operaciones de inteligencia ilegales, así como de operaciones de espionaje judicial y/o político que se están llevando adelante en la Argentina, en los que se involucra –con o sin su conocimiento- a fiscales, funcionarios e incluso periodistas”.

En esta primera resolución, de fuerte impacto político-judicial, Ramos Padilla describió los mecanismos para extorsionar a Etchebest; el intento de realizar una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; la utilización del arrepentido Leonardo Fariña para involucrar a terceros; y la coacción al exfuncionario de Pdvsa, Gonzalo Brusa Duvat, para que declare como arrepentido.

En este último caso, D’Alessio fue el encargado de llevar a Brusa Duvat a la fiscalía de Stornelli. E incluso ingresó al despacho para escuchar y grabar su declaración cuando no tiene siquiera matrícula de abogado.

Destaca Ramos Padilla, en base a los intercambios de mensajes de texto que mantuvo Stornelli con D’Alessio sobre la situación del exPDVSA: “A partir de la simple lectura de estos intercambios de mensajes se vislumbra el conocimiento que poseía el Fiscal Stornelli de la operación de espionaje judicial en la que estaba participando se encontraba llevando adelante D´Alessio con Brusa Dovat”.

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1 Comment

  1. Hola a Todos,
    Estar atentos a lo que le pueda pasar al Juez Ramos Padilla, esta causa compromete de forma escandalosa a la mayoria de Comodoro Py.
    Estos es sabido hace decadas .
    Gracias por la nota.

    Le gusta a 1 persona

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