Tras 70 años, el pueblo Pilagá tuvo justicia

En un hecho histórico para el pueblo Pilagá, hace pocos días la justicia dictaminó acciones de reparación histórica: desde indemnizaciones hasta incluir la fecha en el calendario escolar.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

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Después de más de 70 años de espera, tras 14 años de juicio, el pueblo Pilagá obtuvo justicia. “Los hechos sucedidos en La Bomba (Formosa) constituyen crímenes de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma, y generan responsabilidad civil por los daños causados, los cuales deben reparados por el estado nacional argentino”, destaca la sentencia del juez federal subrogante de Formosa, Fernando Carbajal. Determinó “reparaciones no patrimoniales”: publicar la sentencia en la página web del Ministerio de Justicia durante al menos tres años, publicarla también en el Boletín Oficial de la Nación y ordena que el Ministerio de Educación de la Nación incluya el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”.

La masacre de Rincón Bomba

Corría el año 1947 cuando más de siete mil hombres, mujeres y niños pilagás, tobas y wichís se dirigían desde Las Lomitas hasta Tartagal, en Salta, buscando trabajo en la zafra, pero fueron echados cuando reclamaron que se les pagara lo prometido. Entonces emprendieron el regreso a su lugar de origen. Sin posibilidades de trabajo, mujeres, niños y hombres fueron víctimas del hambre y las enfermedades. Los pobladores cercanos los ayudaron con alimentos y ropa. Pero sólo fue un paliativo momentáneo.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades provinciales se comunicaron con el presidente Juan Domingo Perón, quien ordenó, como parte de una ayuda mayor, el envío de tres vagones con alimentos, ropas y medicinas. La carga llegó a la ciudad de Formosa y permaneció en la estación, a la intemperie, diez días aproximadamente.
Finalmente, llegó a Las Lomitas un solo vagón lleno y dos semivacíos, con la mayoría de los alimentos en mal estado por el tiempo transcurrido. Fueron distribuidos y consumidos rápidamente por miles de indígenas que pronto comenzaron a sentir los síntomas de una intoxicación masiva. Decenas murieron. El jefe del Escuadrón llamó al delegado de la Dirección Nacional del Aborigen para pedir explicaciones sobre las faltas en los abastecimientos y el mal estado en que habían llevado. “Qué tanto se preocupa si al final son indios” – le contestó éste.
Al tiempo comenzó a circular el rumor infundado de un ataque indígena. Gendarmería formó un “cordón de seguridad” alrededor del campamento aborigen. No se les permitió traspasarlo ni ingresar al pueblo. Hasta que en el atardecer del 10 de octubre, estando acorralados, enfermos y con hambre, el cacique pidió hablar con el jefe del escuadrón. Mientras se concretaba la entrevista, se escucharon descargas de disparos. El 2º comandante del escuadrón, sin que nadie lo supiera, había hecho desplegar varias ametralladoras alrededor del lugar. Y todo terminó en la masacre. Después comenzó la persecución de los que pudieron escapar, “para que no quedaran testigos”, concluye la presentación judicial.
Consta allí también que entre el 10 y el 30 de octubre del año 1947 fueron asesinados “entre 400 a 500 argentinos de etnia Pilagá, aproximadamente, además de los heridos y más de 200 desaparecidos”. Los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños elevan los decesos a más de 750. Hubo 190 sobrevivientes.

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Oficialmente se mantuvo el silencio que fue apoyado por un cerco mediático dispuesto a contar otra realidad. Según nos relata el psicólogo e investigador antropológico Marcelo Valko, de “acuerdo a lo consignado por los periódicos, en octubre de 1947, grupos pilagás “en tren de malón” llegaron hasta Las Lomitas, Formosa “Acosados por el hambre, se habrían rebelado 2000 indios en Formosa (Clarín 12/10/1947: 8). Sin embargo, pronto la situación se “normalizó” dado que los indígenas “se desbandaron después del primer encuentro con las fuerzas de la gendarmería nacional” (Democracia 13/10/1947: 17).
Las informaciones indican que estos indios casualmente trabajaban en ingenios de Salta y Jujuy, e “intentaron entrar en malón a Las Lomitas para reclamar justicia social” (Noticias Gráficas 12/10/1947: 8). En cuanto a las pérdidas humanas, las cifras brindadas a los lectores son “tranquilizadoras” y aparentan ser las habituales para estos casos: “alrededor de 4 muertos y otros tantos heridos”.
Desamparados, los pilagás guardaron silencio durante años hasta que, finalmente, en 2005, tal vez animados por el renacer de las políticas de Derechos Humanos apoyadas desde el gobierno, y fundados en la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad, entablaron una demanda judicial.
Primero se allanaron las instalaciones de Gendarmería Nacional en Las Lomitas y encontraron un cadáver a 60 centímetros de la superficie. Luego, el Equipo de Investigación de Crimen Forense abarcó una zona más amplia y se hallaron al menos otros 27 cadáveres de indígenas pilagá asesinados. Dicho equipo, encabezado por Enrique Prueger, puntualizó que no era una fosa, sino que los cadáveres estaban “tirados, diseminados en un descampado”. Ya habían pasado 58 años.
Pero la Justicia avanza lentamente. Los pocos implicados que aún sobrevivían fueron muriendo uno a uno. Como Leandro Santos Costa, quien fuera integrante de la Cámara Federal de Resistencia hasta 1999, cuando presentó su renuncia. Pero no fue sólo juez. En octubre de 1947, era alférez de Gendarmería y participó activamente en la masacre de los pilagás porque tenía a su cargo una ametralladora que disparó el 14 de octubre. Por su accionar, la propia Gendarmería Nacional lo felicitó por la “valerosa y meritoria” intervención de octubre de 1947. Tiempo después, dejaba las armas y se reconvertía en abogado, primero; y en juez, después. Finalmente, impune, falleció en 2012.
El último procesado que quedaba, Carlos Smachetti, falleció hace unos meses a los 96 años. Su procesamiento era por “homicidio agravado por alevosía, en reiteración de hechos, con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real, en calidad de partícipe necesario” en el marco de delitos considerados por los magistrados con “carácter de lesa humanidad”. Smachetti fue quien “disparó a mansalva a los originarios de la comunidad Pilagá” desde el avión JU-52T-153 que había salido un día antes de la base aérea “El Palomar”. Smachetti era uno de los que estaba a bordo junto con otro piloto, dos mecánicos y un radio operador. Murió sin condena.
En 2016, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre había presentado el pedido de elevación a juicio oral para Smachetti. Allí, al trazar los hechos que envolvieron a la masacre, escribieron: “Resuena aún en la memoria colectiva del pueblo pilagá, los padecimientos de los antiguos bajo la garra del tristemente célebre Robustiano Patrón Costas y su Ingenio San Martin del Tabacal, al que eran enviadas familias enteras a la zafra de la caña de azúcar y la cosecha de cítricos, en procedimientos de trabajo esclavo que continúan con modalidades similares en la actualidad.”

El fallo

En sus aspectos sobresalientes, el fallo de la justicia formoseña destaca:
– Ordenar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación incluir al día “10 de Octubre” en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”
– Ordenar al Estado Nacional realizar en el lugar donde sucedieron los hechos de “La Bomba” un monumento conmemorativo de la Masacre, el cual tendrá el emplazamiento y características que sea determinado por la FEDERACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO PILAGA en acuerdo con la Municipalidad de la Ciudad de Las Lomitas (Provincia de Formosa), y deberá ser solventados con fondos del Tesoro Nacional.
– Ordenar la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial de la Nación.
– Condenar al Estado Nacional pagar una INDEMNIZACIÓN directa a la FEDERACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ reconocida por Resolución INAI Nª 10 del 20/12/2011. Fijo esta indemnización en la suma de pesos equivalente a setecientos (720) Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

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