Desbullrichizando

Se derogaron los protocolos de uso de armas de fuego y de utilización de pistolas Taser, se eliminó el Servicio Cívico Voluntario y también el programa Ofensores de Trenes

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Demostrando de un saque que la política en materia de Seguridad del nuevo gobierno se encuentra en las antípodas de lo que representaba Patricia Bullrich, la flamante ministra de Seguridad, Sabina Frederic, publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 1231/2019, mediante la cual derogó los protocolos de uso de armas de fuego y de utilización de pistolas Taser. Además, eliminó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores de Trenes.

La resolución sostiene que el protocolo de uso de armas de fuego atentaba “contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal” y configuraba “una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad”.

Respecto al uso de pistolas Taser, el Ministerio elaborará un nuevo protocolo que “regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad puedan proceder a su empleo” y propone una capacitación específica.

“La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial, pudiendo transformar su uso en letal”, advierte la norma.

En otro de sus puntos, la resolución deroga el Servicio Cívico Voluntario en Valores, creado en julio de 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debido a que “las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario”.

Finalmente, Frederic ordenó dejar sin efecto el programa Ofensores de Trenes por el cual efectivos de seguridad podían pedir DNI a los usuarios de ese medio de transporte.

En sus considerandos, la resolución ministerial explica que este programa “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”. Además, advierte que ponía a disposición de las fuerzas de seguridad “la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”.