Imputaron a Macri es una causa por espionaje ilegal

El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó hoy la investigación de la denuncia al ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su gestión, por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió hoy una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri; al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvina Majdalani, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

La fiscalía imputó además a Dario Biorci, ex jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI y a un grupo de agentes cuya identidad se mantiene en reserva, según el dictamen entregado al juez federal Macelo Martínez De Giorgi, informan desde Télam.

El fiscal pidió medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso.

Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal de correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad surgió del hallazgo de un disco rígido cuyo contenido había sido borrado, pero fue recuperado.

Esta prueba quedó ahora guardada en la caja fuerte de la fiscalía con sede en el quinto piso de Comodoro Py 2002, junto a la documentación relacionada a la denuncia y el disco rigido “Western Digital” en cuyo contenido se basó la denuncia de Caamaño.

Entre las medidas que la fiscalía pidió al juez del caso Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como “A” y “B”, imputados en el caso, y “una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019”.

Además, requirió un “diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019” y “todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”

También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado “para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.

Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales “funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos” hecho sobre el disco rígido Western Digital “a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo”.

El fiscal pidió al juez que ordene una “pericia oficial con personal especializado en el tema digital” sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los “correos electrónicos que surgen”, y, “si es posible, determinar su titularidad” y su “asunto”, archivos adjuntos y contenido de los mails.

En la denuncia, Caamaño destacó que el material encontrado no había sido ordenado por ningún juez o autoridad competente.

Entre los presuntos espiados figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade.

También la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.

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  1. ONU. 4 de Noviembre de 2019. Acusación del relator especial Diego García El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, acusó al Gobierno de Argentina de amedrentar a jueces y fiscales, según un informe enviado al embajador argentino ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Carlos Foradori, y dado a conocer este lunes.

    El relator acusó a la administración de Mauricio Macri de haber llevado a cabo un “plan sistemático y estructural” para amedrentar al Poder Judicial.

    Asimismo, acusó al Gobierno argentino de haber “obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial (…) disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

    “Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas”, resumió García Sayán. En su informe, el relator repasó “presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura”, órgano que supervisa la labor de los jueces.

    García Sayán también observó “la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del Poder Ejecutivo”.

    Además se organizaron “campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones”, advierte el informe.

    Presiones judiciales

    Uno de los casos alude a las supuestas interferencias que se habrían cometido desde el Gobierno, como la “manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino”, en alusión al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y a los ataques contra la fiscal que interviene en el caso en el expediente comercial, Gabriela Boquin.

    En este caso se investiga un acuerdo que aceptó en 2016 el Gobierno de Macri en representación del Estado para condonar una deuda de la estatal Correo Argentino que suponía “una quita velada de 98,82 por ciento” de la deuda por la que se perdonaba a la empresa Sociedades Macri (Socma) unos 70.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares al cambio de la época).

    El representante de Naciones Unidas también hizo referencia a los ataques de los que habría sido víctima el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal en el Estado en el que estarían involucrados funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.

    El relator asimismo mencionó la supuesta persecución que sufrió la exprocuradora general de la nación (exjefa de los fiscales) Alejandra Gils Carbó; aludió a “ataques a jueces y abogados del fuero laboral”; y consideró ilegales la “designación del juez Carlos Mahíques en la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, y la del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones.

    La denuncia también recuerda la designación por decreto presidencial que nombró a dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

    El Consejo de la Magistratura habría manipulado la competencia electoral en el Poder Judicial, por ejemplo, a través de la supuesta subrogación ilegal del magistrado Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires, añade el relator.

    En diciembre de 2016, Julio Marcelo Conte Grand fue nombrado procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cargo que debe investigar las denuncias contra los funcionarios de la gobernación, pese a ser muy cercano a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri.

    Los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales ordenada por el Gobierno en 2016 también “fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento”, añadió García Sayán.

    El relator otorgó al Gobierno un plazo de 60 días para recibir una respuesta sobre las medidas adoptadas en relación a los casos descritos.

    La gestión actual abandonará el poder el próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

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