Quién es el hombre que espiaba a Tinelli

El conductor televisivo denunció en las redes que era perseguido por un hombre de la AFIP

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

Jaime Mecicovsky

En el día de ayer Marcelo Tinelli salió con los tapones de punta en las redes sociales sumándose a la denuncia contra el macrismo por “espionaje ilegal”, causa en la cual todos los dedos acusadores llegan hasta el mismísimo ex presidente, a quien la fiscalía solicitó que se lo indague.

El conductor escribió: “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede”.

Una de las que le salió al cruce fue la ex Subdirectora de AFIP y actual Jefa de Despacho de la Presidencia de Diputados PRO, Jimena de la Torre, que le contestó: “@cuervotinelli como alta funcionaria se AFIP que fui, pido q no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina . AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad”.

A lo que Tinelli, sin medias tintas, y con la imagen de una causa judicial como respaldo le responde: “Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovskydonde se muestra que buscaba info mia, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también”.

¿Pero quien es Mecicovsky?

Nacido en Buenos Aires hace 60 años, el Contador Público Jaime Leonardo Mecicovsky ingresó a la entonces DGI con tiernos 19 años. Allí se especializó en delitos de Lavado de Dinero y hasta reañizó un Máster en Derecho Tributario Internacional en la Universidad de Barcelona. Para capacitarse en la materia, dato a tener en cuenta, realizó diversos cursos en Estados Unidos brindados por el Federal Bureau of Investigations (FBI) y la Drog Enforcement Administration (DEA).

Con algunos artículos y libros publicados, fue escalando posiciones en la AFIP-DGI. Para 2002 ya era Subdirector General de Operaciones Impositivas de Interior y participó en la causa AMIA en lo que refirió a la investigación patrimonial y apoyo de indagaciones sobre atentado terrorista desde el punto de vista de su reflejo tributario y aduanero.

Con la llegada de Cambiemos, Mecicovsky será nombrado en 2016 en el cargo de Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior.

Más acá en el tiempo, y con Mauricio Macri en la presidencia, recibió el espaldarazo definitivo cuando uno de los adláteres del ex presidente, Leandro Cuccioli, a través de la Disp.AFIP 355/18, lo puso a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Todos los consultados coinciden en que, la que siempre movió los hilos tras Mecicovsky no era otra que Lilita Carrió. Y es que previo a su nombramiento como Director, fue Jaime Mecikovsky quien impulsó algunas de las investigaciones más representativas de la denunciadora serial. Entre otras, sobre la familia presidencial Kirchner y la presunta protección que Ricardo Echegaray le habría brindado a Lázaro Báez. Tras el cortocircuito que hubo entre Carrió y Garavano en ese año, el nombramiento de Mecicovsky obró como “bandera Blanca” del macrismo ante la diputada.

Jaime Mecicovsky

Las causas

Precisamente en 2016, ya acomodados en sus sillas, comenzaron los escándalos de la dupla Mecicovsky-Carrió. El 17 de marzo de ese año fueron imputados por el fiscal Eduardo Taiano por “violación de secretos”. Según relataba Página 12, “el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade recibió un correo electrónico en el que se detallaba la existencia de una “task force clandestina” que elaboraba “dossiers” de políticos, jueces y empresarios que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación. El legislador hizo una denuncia judicial pocos días después y el fiscal Taianao imputó al actual titular del organismo, Alberto Abad; al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, señalada como la persona que recibía los informes secretos con datos confidenciales”.

Un mes después el domicilio de Mecicovsky era allanado. Por instrucción de Rodríguez, efectivos de delitos federales de la Policía Federal Argentina allanaron el domicilio particular de Mecikovsky, ubicado en la calle Vuelta de Obligado al 1700 en esta Capital, y su oficina en la sede central de AFIP. Junto a él, fue allanado el despacho de Eliseo Devoto, subdirector de Asuntos Jurídicos. Asimismo, el procedimiento judicial se llevó a cabo en el domicilio de Alejandro González Escudero, esposo de Adriana Raggi, subdirectora de la DGI Metropolitana.

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, denunciante, postuló que existió una posible “asociación ilícita” y el delito de “enriquecimiento ilícito” en torno a la figura de Mecikovsky. Sostuvo que había llegado a su conocimiento que “Mecikovsky en connivencia con Devoto estarían asesorando y trabajando en paralelo en la actividad privada, y a su vez en la función pública como Contador en Off y abogado de Grupos de Empresas, disponiendo de información privilegiada”. En ese marco, la denuncia agrega que se habrían otorgado “favores económicos”, y que se habrían “cobrado jugosas comisiones haciendo un uso y abuso de información que posee la AFIP para armar carpetas de clientes y llevarlos a su estudio contable jurídico en off”. Se investiga si González se presentaba como intermediario para “solucionar” temas de AFIP, por intermedio de Raggi y Mecikovsky. Esa presentación fue robustecida con una posterior que indicó que el acusado tenía negocios de consultoría de liquidación de impuestos para empresas en paralelo, lo que configuraría un nuevo delito por negociaciones incompatibles con la función pública.

Puntualmente, se ejemplificó la maniobra con el Grupo Murata (dedicado a seguridad privada) que le facturaron al Gobierno porteño y omitieron una declaración de ventas por parte de la UTE que prestó esos servicios. Así el registro era equivalente a un 10% de la facturación real de las compañías. “Mecikovsky habría armado la ingeniería contable para beneficiar a este grupo empresarial”, sostiene la causa que instruye Rodríguez por una presunta estafa por $ 400 millones. Eso fue detectado por el jefe de Investigaciones Claudio Cieza, quien detecta esas inconsistencias y pone en conocimiento de sus superiores y específicamente a Mecikovsky, quien en enero estuvo a cargo del área metropolitana. Terminó desplazado.

Para inicios de noviembre del año pasado también se suman las declaraciones de Fabián de Souza, quien aseguró ante la Justicia que desde fines de 2015 funcionarios de la AFIP ingresaron “en forma permanente y sin autorización formal a hacer procesos de revisión e investigación del Grupo Indalo”. Según manifestó el empresario, “desde finales de diciembre de 2015, Mariano Gabriel Hernández, analista de revisión de recursos de la regional microcentro de la AFIP, ha ingresado en forma permanente y sin autorización formal a hacer procesos de revisión e investigación del Grupo Indalo”. De Sousa detalló que el empleado tenía la obligación de informar a Jaime Mecicovsky y luego a Alberto Abad, a partir de enero de 2016 cuando asumió como jefe del organismo oficial. El mecanismo implicaba que Hernández ingresaba al área de sistemas de la AFIP para reportar cualquier modificación sobre los CUIT de cualquiera de los contribuyentes del grupo, sin que existiera orden interna ni de investigación legal, por lo que ningún funcionario tenía la capacidad de hacer inteligencia. “Estoy denunciando un proceso ilegal de persecución desarrollado por la AFIP bajo la responsabilidad de Mecicovsky y de Abad”, destacó De Sousa.

El 17 de diciembre de 2019, con la llegada del nuevo gobierno el juez Canicoba Corral allanó la sede central de la AFIP. Según relatan desde El Destape, “Los nombres que figuran en el expediente son Mecikovsky y Norberto Sosa, de quienes se sospecha que filtraron datos protegidos por secreto fiscal. En el allanamiento se secuestraron computadoras y lo que se sospecha es que las posibles víctimas de espionaje no fueron solo jueces sino también dirigentes políticos e incluso figuras del espectáculo. El juez aguarda un informe sobre las consultas que realizaron Mecikovsky y Sosa para saber si eran justificadas o se trata de utilización de sus puestos para espionaje ilegal o filtración de información para operaciones mediáticas”.

Para febrero de este año, el periodista Juan Amorín contaba en la pantalla de C5N como los miembros más próximos a la legisladora Carrió actuaban como un “grupo de tareas” que trabajaban en la AFIP, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Amorín precisó que Mecikovsky tiene varios expedientes abiertos y que todos son por las mismas causas. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación del secreto fiscal, falso testimonio e ilegalidad en el traslado de expedientes. El periodista manifestó que el exfuncionario “premiaba” a quienes declaraban en contra de los opositores a la gestión anterior”. En consonancia, la sala cuatro de la Cámara de Casación emitió un fallo para determinar si realmente existió un “grupo de tareas” que se encargaba de perseguir a exfuncionarios y colocarlos tras las rejas.

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