Suspenden meganegociado de Irsa y Larreta en Caballito

La justicia aprobó una cautelar impulsada por vecinos y organizaciones para suspender el avance de la obra “Ciudad Palmera”. La medida fue presentada semanas atrás cuando los vecinos observaron el inicio ilegal de los trabajos en plena cuarentena. El proyecto, habilitado por Horacio Rodríguez Larreta, prevé la construcción de un shopping a cielo abierto y más de mil departamentos. Denuncian que el plan no cumple con la factibilidad de los servicios de luz, agua y gas ni con los límites constructivos establecidos. Además, perjudicaría a los comerciantes de la zona.

Por Celeste del Bianco para Nuestras Voces

Un fallo de la justicia porteña ordenó suspender la construcción de un proyecto inmobiliario en Caballito desarrollado por las empresas IRSA y Portland. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 24, Darío Reynoso, dio lugar a una  medida cautelar solicitada por distintas organizaciones del barrio y suspendió la obra llamada “Ciudad Palmera” que prevé la construcción de un shopping a cielo abierto, edificios de diez pisos con un total de 1188 departamentos y más de 200 cocheras subterráneas en los terrenos ubicados en la calle Avellaneda al 1300, en las cercanías del Club Ferrocarril Oeste. El magistrado da cuenta de irregularidades administrativas en la presentación de los planos y sus correspondientes estudios de impacto ambiental y advierte sobre la posible creación de un “Master Plan” que excede los límites permitidos en la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones barriales denuncian que se va a construir un shopping mayor que el Alto Palermo que implica un fuerte impacto para la calidad de vida de una de las zonas más densamente pobladas de la Capital Federal.

La medida cautelar fue presentada en conjunto por representantes del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, la Junta Comunal 6 y la asociación vecinal S.O.S. Caballito y se denuncian las maniobras del Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA para edificar en esos terrenos sin pasar por la Legislatura. Además, indicaron que la empresa comenzó la construcción durante la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio violando el DNU 297/2020 que solamente permite realizar trabajos de emergencia que prevengan algún peligro.

Según el fallo del juez Reynoso, “las contradicciones que se advierten a lo largo del trámite de los Expedientes Administrativos en cuestión acerca de si se trata o no de un “Master Plan” permite vislumbrar una posible irregularidad, en violación a la normativa que protege el medio ambiente”. El magistrado también analiza las pruebas de los vecinos y la publicidad que el mismo grupo IRSA realizó en los medios sobre este proyecto. “La forma en que es descripto el proyecto por los medios de comunicación parecería configurar un plan maestro como refiere la actora, que, a su vez, me permite concluir que difícilmente podría denominarse al proyecto como ‘Ciudad Palmera’ si sólo se tratase de dos edificios. Aún cuando quiera alegarse que es solo una política comercial de venta y publicidad del emprendimiento, la magnitud y envergadura del Master Plan, induce a pensar que por ello se le otorgó la denominación de ‘Ciudad’”, expresó el magistrado.

Martín Iommi es coordinador del Consejo Consultivo de Caballito y es uno de los firmantes de la cautelar. En diálogo con Nuestras Voces, explicó que la obra no es compatible con la normativa vigente y tampoco con la infraestructura actual de los servicios públicos. “Nuestro argumento fundamental es que es un máster plan y que la cantidad de comercios excede lo permitido por la zona porque hay un límite en el Código para no generar una competencia desleal y no perjudicar  a los comercios del barrio. Lo que ellos hicieron fue fragmentar el terreno en cuatro parcelas y de esa manera poder desarrollar un master plan y exceder la cantidad de metros cuadrados para comercio minorista. Lo máximo permitido son 2500 metros cuadrados y ellos  van a construir 28.000 metros cuadrados de superficie cubierta más los metros descubiertos y las cocheras que son un total de 80.000 metros cuadrados. Es un shopping más importante que el Alto Palermo y es lo que durante muchos años se estuvo rechazando porque debería pasar por la Legislatura”, explicó Iommi.

Con respecto a la división del terreno en cuatro parcelas, el juez Reynoso indica que se elaboró un estudio de impacto ambiental por separado para cada parcela sin tener en cuenta el proyecto completo lo que genera “un posible conocimiento equivocado del verdadero impacto ambiental que tendría el proyecto completo”. “Como los CAA (Certificado de Aptitud Ambiental) fueron tramitados de forma independiente, se presentaron en los cuatro expedientes los estudios de impacto ambiental para cada una de las parcelas. En cada uno de ellos, se describe la obra como ‘(un) proyecto de construcción y funcionamiento de locales comerciales a la calle, galería comercial a cielo abierto y edificio de vivienda de 10 pisos, con estacionamiento en primer y segundo subsuelo a desarrollar”.  Y agrega: “el proyecto impugnado encuadraría en la presunción contenida en el artículo 13 de la 123, lo cual implicaría su categorización como de impacto ambiental Con Relevante Efecto”, en contraposición con la presentación hecha por la constructora sobre un “impacto ambiental Sin Relevante Efecto”.

Osvaldo Balossi, comunero por el Frente de Todos y partícipe de la acción judicial, explica que la lucha por los terrenos tiene alrededor de veinte años pero que desde el 2007 el gobierno del PRO intenta favorecer el negocio inmobiliario en ese lugar. “En el año 2007, Mauricio Macri siendo jefe de Gobierno manda un proyecto a la Legislatura para modificar lo que es la norma urbanística de estos terrenos para permitir construir muchísimo más de lo permitido. En ese momento la empresa IRSA empezó a publicitar la construcción y hablaban del shopping más grande de América Latina. Todo eso genera una movilización muy grande en el barrio que hizo que cada vez que el proyecto fue a la Legislatura no pueda avanzar más que del tratamiento en la comisión. Pasó 7 veces, se movilizaban los vecinos, se generaba mucha presión vecinal y se sacaba de tratamiento. En el 2018, la empresa IRSA presentó un pedido de permiso de obra en el Gobierno de la Ciudad pero haciendo un parcelamiento de todo el terreno que dividieron en cuatro. De esa manera, lo trataban como proyectos distintos para conseguir el permiso de obra”, explica Balossi.

El representante de la Junta Comunal 6 explica que recurrieron a la justicia durante la cuarentena cuando vieron que comenzaban a circular camiones y excavadoras en el predio el 1 de julio de este año. “La obra arranca curiosamente el primer día en el que se volvió a la fase 1 en la Ciudad de Buenos Aires hace unas semanas atrás, en el momento de mayor aislamiento y estaban prohibidas todas las obras excepto las que hayan arrancado antes de la cuarentena y que por el hecho de cesar en su construcción presenten algún peligro. Que no era el caso de esta obra porque arranca de cero. El agravante  que descubrimos es que el Código QR (que está en el cartel de todas las obras  y te redirige a una página donde están los datos de la construcción) nos decía que tenían ‘permiso de obra covid 19’. Ahí sospechamos y lo denunciamos en el amparo. Cuando preguntamos, la Dirección General Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) dijo que no dio ningún permiso especial. Entonces, en algún momento alguien alteró el código QR o la página a la que te dirige y le pusieron que tenían permiso especial. Acá hubo o falsificación de documentación pública o alguna avivada”, detalla Balossi.

Por ese motivo, el martes 22 de julio la diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti hizo una denuncia contra IRSA ante el Ministerio Público Fiscal por las violaciones a las normativas dispuestas durante el ASPO. La presentación de la legisladora se basa en la falta de cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 y en los incumplimientos al Código Contravencional y de Faltas vigente en la Ciudad. “El mismo es un permiso normal (DGROC), y no un permiso especial otorgado por la DGFyCO como dispone la normativa vigente en la Ciudad. Asimismo, la obra dispuesta para ese terreno no había comenzado a ejecutarse al momento de solicitud del permiso por lo cual no existe evidencia de “riesgo inminente” para que se dé curso a los trabajos de excavación que IRSA comenzó de manera ilegal”, indica en el escrito. Además, agrega que “la obra en ejecución no cuenta con un certificado de aptitud ambiental válido, ya que no coincide con el proyecto planificado, y además no cuenta con la factibilidad de los servicios de luz, gas, agua y cloacas”.

La denuncia de Cerruti también señala  que los trabajos de excavación y de demolición ponen en riesgo la salud de los vecinos de Caballito. “El terreno se encuentra potencialmente contaminado por metales pesados derivados de la actividad ferroviaria que el predio albergó. También podrían existir materiales contaminantes del depósito de automóviles y contenedores que allí funcionó en los últimos años de manera ilegal. Esto amerita un estudio del suelo siendo que las deposiciones contaminantes de hidrocarburos y de metales pesados generan una grave afección a la sanidad del suelo”, describe.

Si bien la medida del juez Reynoso no resuelve la cuestión de fondo, los vecinos y las vecinas de Caballito celebraron la noticia porque la consideran un respaldo a su planteo contra IRSA. “El fallo establece que existen indicios de que se trata de un máster plan y que se estarían excediendo la cantidad de metros cuadrados para comercio minorista, por lo tanto se constituye en un centro comercial. La ventaja es que frena la obra  y que lo hace desde un aspecto o una mirada que es el punto neurálgico que planteamos nosotros: es un shopping. Lo que pasa es que se hizo una campaña muy fuerte en los medios para decir que no era un shopping, eso es lo más complicado que tenemos”, sostiene Iommi.

Por su parte, Baldossi destaca la participación de la comunidad a lo largo de todos estos años: “Toda esta lucha es de los vecinos y vecinas que se enfrentan a una mega empresa multimillonaria. Uno veía las notas en Clarín y La Nación sobre IRSA, que  se desprendía de edificios multimillonarios en Nueva York y uno decía: ‘Nosotros estamos peleando por un amparo contra este monstruo’. Y reflota el reclamo histórico de construir un gran parque en esos terrenos. “Caballito lo necesita porque  es un barrio muy densamente poblado. La Organización Mundial de la salud habla de entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante para una calidad de vida buena y Caballito no llega al 1.3. Tenemos Parque Centenario y Parque Rivadavia pero por la densidad poblacional que tiene el barrio están saturados. Estos terrenos son parte y están  linderos al Playón Ferroviario, estamos hablando más o menos 17 hectáreas en total. Es la última oportunidad de construir un mega parque, un gran pulmón verde, en el marco también de una necesidad de la ciudad de tener más espacios verdes”, sostiene.

En una nota publicada en Nuestras Voces, se da cuenta de la disputa de los residentes del barrio desde hace 20 años  contra la poderosa empresa Alto Palermo S.A. (Grupo IRSA). En 1997 arrancó el primer capítulo de esta novela, cuando IRSA adquirió fracciones de terreno, en el marco del  vaciamiento del Club Ferro Carril Oeste, que devino posteriormente en su inexorable quiebra.

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