Por qué es ilegal la privatización de la Costanera que quiere hacer Larreta

El proyecto de Horacio Rodríguez Larreta de vender las tierras de Costa Salguero para la construcción de suntuosas torres es ilegal en muchos aspectos: viola varias leyes de la ciudad, algunas ordenanzas, el código de Planeamiento Urbano y también la Constitución de la Ciudad, que indica que «el contorno ribereño» debe ser «público y de libre acceso». Así surgió en las audiencias públicas que terminan esta semana.

Por Laura Guarinoni para Nuestras Voces

A lo largo de los casi dos meses de audiencia pública por el proyecto de venta de las tierras de los predios de Costa Salguero y Parque Norte, los distintos expositores -que en total serán más 7 mil- desplegaron distintos argumentos para rechazar la ley que pretende sancionar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Los jurídicos tuvieron un peso importante y fueron expuestos por varios referentes del derecho.

El abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, en diálogo con Nuestras Voces repasó las principales normas jurídicas que viola el proyecto de ley que el gobierno porteño busca aprobar para autorizar la construcción de un emprendimiento inmobiliario de edificios de 10 pisos en las 17 hectáreas de la Costanera Norte que estuvieron concesionadas durante treinta años. 

Dos leyes inconstitucionales

Según explicó el abogado, el proyecto se opone a lo consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de 1996. Incumple con el artículo 8 que estipula que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Valdivieso explicó que “el entorno ribereño es más amplio que toda la costanera. La costanera es quizás lo más inmediato que da al río, pero la Constitución dice que el contorno ribereño debe ser público y de acceso libre, y de libre circulación”.

Por otro lado, el artículo 27 de la Constitución habla de los derechos ambientales. El texto asegura que la Ciudad debe proteger e incrementar “los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”.

“Hay un mandato de que la Ciudad tiene que recuperar las áreas costeras, para transformarlas en espacios públicos de acceso libre y gratuito y garantizar su uso común”, resaltó el ambientalista.   

Para la concreción de la venta de tierras de la costanera, el gobierno de la Ciudad avanzó en dos leyes. La primera fue la ley 6.289, que logró que sea aprobada por la legislatura el 5 de diciembre de 2019, principalmente con los votos de Evolución y el PRO. Ésta autoriza la venta de las 17 hectáreas del Distrito Jóven que pertenece a Costa Salguero. La norma fue suspendida por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario en octubre de 2020 porque no se respetaron los procedimientos que la Constitución establece.

Desde las organizaciones defensoras del medio ambiente resaltaron que esa ley se aprobó sin una audiencia pública, tal como ordena la Constitución de la Ciudad, es decir, no se convocó a ninguna instancia de participación ciudadana.

La segunda ley es la que fue aprobada en primera lectura por la legislatura y es la que ahora se debate en una audiencia pública con una participación inédita de la ciudadanía. Ésta  pretende habilitar el mega proyecto inmobiliario. “En la Legislatura se trató por una parte la cuestión de la propiedad de la tierra, con la ley 6.289 se autorizó venderla y ahora se está tratando la autorización para construir torres que van a llegar a 10 pisos. Se está cumpliendo con el procedimiento que no cumplió el anterior, que no tuvo audiencia pública”.

Las jornadas de audiencia pública se extendieron un día, el jueves finalizarán y luego la legislatura deberá votar nuevamente el proyecto para convertirlo en ley. El letrado explicó que si se aprueba también será inconstitucional. “Si se construyen edificios residenciales y se venden obviamente no es para uso común, sino uso privado, y el área no será de libre circulación. Va a haber una muralla de torres ocupando espacio de la costanera”, dijo.

En contra de los derechos adquiridos

Desde hace treinta años que gran parte de los porteños luchan para que la Ciudad recupere los espacios ribereños. Después de las concesiones otorgadas a fines de los años 80 y principios de los 90, organizaciones ambientales iniciaron una cruzada para recuperar la costanera. Así, en 1993 se logró la sanción de la ordenanza 46.229 que prohibió que se puedan privatizar los espacios verdes. Un año más tarde, la ordenanza 47.666 creó la rambla costera “Costanera Norte” y ordenó que ésta sea de acceso público y gratuito. En esta última se prohibió el otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación de la zona. 

En 2008 la aprobación del Plan Urbano Ambiental, a través de Ley 2.930, dispuso que los predios de la Ciudad que se desafecten en las riberas (cuyas concesiones finalicen) deben destinarse a uso público y transformarse en un gran parque público.

El abogado ambientalista señaló que después de la Constitución de 1996, cuando se modificó el Código de Planeamiento Urbano, en el 2000, se zonificó a la costanera como una Urbanización Parque (UP) y “desde esa fecha los gobiernos sostuvieron que una vez que finalizaron las concesiones que se otorga en los 90 la costanera iba a ser un parque público recreativo, cultural y de esparcimiento”.

Pero en 2018, el  gobierno de Rodriguez Larreta  promovió la ley que estableció el Distrito Jóven en la franja entre Costa Salguero y el Parque de la Memoria. “Lo que era Urbanizacion Parque dejó de serlo y algunas zonas fueron privatizadas. Por más de que no estuviera consignado en la Constitución, la ciudadanía ya había conquistado en los 90 el derecho de que que sea un parque y debía respetarse”, explicó el letrado.  

Respecto a las concesiones, el Observatorio del Derecho a la Ciudad indicó que el gobierno de la Ciudad ya avanzó con algunas nuevas durante la pandemia. “La ley no solo prohíbe la privatización sino también las concesiones. Larreta concesionó de nuevo casi la totalidad del sector N° 1 del Distrito Joven, donde se encuentra el polo gastronómico, por otros 10 años”. En total, son 7.800 m2 de la Costanera Norte.

Como se explicó dichas tierras debían volver a ser de dominio público. El abogado contó que algunas eran de 20 y otras de 30 años, empezaron a finalizar en 2010 y ahí mismo a  reprivatizarse. “Como hubo acciones judiciales el gobierno decidió establecer por ley el Distrito Joven. Estamos esperando que termine la feria judicial para presentarnos en la justicia por estas nuevas concesiones”.

El principio de progresividad

El principio de progresividad fue reconocido en los primeros instrumentos internacionales de derechos humanos. Instaura la prohibición de desandar las conquistas de derechos humanos, entre los que están los ambientales. El principio de progresividad ambiental no regresivo descansa en la emergencia ecológica y garantiza que la ciudadanía no deba defender cada una de sus derechos adquiridos frente a los poderes de turno. 

“El derecho ambiental fue aprobado por el Acuerdo de Escazú y fue incorporado expresamente en tratados ambientales de América Latina de nuestro país. Se lo considera como un nuevo derecho humano porque es el respeto y reconocimiento a la conquista ciudadana. Nos encontramos inmersos en una crisis climática de la cual la Ciudad de Buenos Aires no escapa. Es un hecho notorio la falta de espacios verdes, la destrucción del arbolado público, la contaminación de los ríos y los arroyos, las inundaciones, debemos protegernos y no podemos seguir destruyendo ecosistemas”, manifestó  Valdivieso.

Desde el Observatorio insistieron que privatizar el borde costero, que debería estar destinado a un espacio verde público, es además el inicio de la densificación poblacional y constructiva de todo el eje costanero.”El Gobierno comenzó la proyección del Colector Cloacal Norte para abastecer de servicios sanitarios a los futuros emprendimientos inmobiliarios que se construirán sobre las tierras públicas vendidas. Se desarrolla desde Vicente López e irá colectando los desagües cloacales hasta Dock Sud con un costo aproximado de 160 millones de dólares”. 

Construcción en altura y exceso de ruidos

En diciembre de 2020, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se pronunció en contra de la iniciativa del Gobierno porteño que promueve la construcción de un complejo habitacional en Costa Salguero y Punta Carrasco en las inmediaciones del aeroparque Jorge Newbery, y consideró que la propuesta «atenta contra la seguridad aeronáutica».

En ese entonces, la titular de la ANAC Paola Tamburelli dijo que “la construcción de un complejo habitacional en la zona de Costa Salguero, a menos de 500 metros de la cabecera de pista, en la línea de aproximación de las aeronaves, no es seguro y en este caso, según lo que propone el proyecto, todas las torres superan la altura permitida, pero, además, hay una cuestión de sonoridad que haría inviable un proyecto de esta naturaleza y en ese sentido, el código aeronáutico es muy claro y preciso y no permite la construcción de estos edificios en el lugar que se pretende realizar», 

En el marco de audiencias públicas en la Legislatura porteña, la ANAC además presentó un nuevo motivo legal por el cual no se debería construir en la costanera: el ruido que van a tener que soportar las familias que vivan en esos edificios en todo momento supera los niveles permitidos por la ley de la Ciudad.

Pese a la cantidad de evidencia jurídica que prohíbe la venta de tierra y la construcción de torres en la Costanera, las intervenciones de instituciones como la ANAC y la justicia,y a la masividad de la audiencia pública, el gobierno de la ciudad parece continuar con su intención de avanzar en su proyecto. Prueba de ésto es que el 30 de diciembre adjudicó al Grupo Ecogestionar $1.250.000 para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la Obra Distrito Joven- Costanera Norte que da como un hecho el emprendimiento inmobiliario de Costa Salguero y la venta de las tierras. Además, llamó a licitación pública para la elaboración del proyecto del Colector Cloacal Baja Costanera y en el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector.

Al respecto, el abogado ambientalista expresó: “No confiamos en que el gobierno de la ciudad cumpla con la ley porque durante estos meses avanzó con otras concesiones en la costanera pero estamos seguros que la ciudadanía no permitirá que se pase sobre sus derechos para enriquecer a un puñado de empresarios”.

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