Pata Civil: La Secretaría de DDHH apeló el sobreseimiento de un exgerente de Mercedes Benz en una causa por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

La presentación busca revertir la decisión de la jueza federal 2 de San Martín, Alicia Vence, que benefició a Juan Ronaldo Tasselkraut, quien estaba imputado por delitos contra 7 trabajadores de la automotriz durante la dictadura cívico-militar.

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apeló el sobreseimiento del exgerente de producción de Mercedes Benz Argentina Juan Ronaldo Tasselkraut, solicitó que se revierta el fallo y que sea procesado a partir de las pruebas que ya hay en el expediente.

Tasselkraut estaba imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos contra siete trabajadores de la automotriz durante la última dictadura cívico-militar. Todas las víctimas tenían militancia sindical en la planta que Mercedes Benz tenía en la localidad de González Catán, La Matanza, y fueron llevadas al centro clandestino de detención El Campito, en Campo de Mayo. De ellos, seis permanecen desaparecidos y sólo uno recuperó la libertad, el sobreviviente Héctor Aníbal Ratto.

Ratto declaró en numerosas ocasiones haber sido convocado a la oficina del ex gerente de Producción de Mercedes Benz para su detención y que allí escuchó cuando éste aportó la dirección de uno de sus compañeros, secuestrado ese mismo día y que permanece desaparecido desde entonces. Extrabajadores y delegados que fueron víctimas del terrorismo de Estado también señalaron que desde Mercedes Benz Argentina se aportaron listados y direcciones de quienes luego eran detenidos ilegalmente.

El 20 de abril pasado, la jueza federal 2 de San Martín, Alicia Vence, consideró que no hay pruebas sobre la responsabilidad de Tasselkraut en esos hechos y decidió su sobreseimiento.

En un escrito presentado el viernes pasado, la Secretaría de Derechos Humanos pidió que se revoque esa decisión de la jueza de primera instancia al sostener que no tuvo en cuenta todos los hechos que ya se encuentran probados en la causa y por entender que valoró de manera arbitraria la prueba sorbe la participación del imputado.

«La arbitrariedad de la resolución surge manifiesta en cuanto reparamos en que considera probada la complicidad de la empresa Mercedes Benz pero niega toda responsabilidad a la autoridad máxima de la fábrica en el momento del hecho. Autoridad que respondía a un orden jerárquico que implica hacer propias las órdenes dadas por sus superiores y que tenía una jerarquía tal que representaba a la empresa frente a los trabajadores y los terceros”, detalló en el escrito.

La empresa Mercedes Benz tenía una relación muy cercana con la dictadura: el Ejército era uno de sus mayores clientes con la compra de los camiones militares Unimog. Tasselkraut era la máxima autoridad de la fábrica en esos años y decidía quién ingresaba a la planta y quién no. Los testimonios señalan la presencia de militares en diferentes oportunidades, que estos revisaban las pertenencias de los trabajadores acompañados por las autoridades, entre ellos el propio imputado. Lo mismo ocurrió durante el secuestro de Ratto en la planta.

La Secretaría de Derechos Humanos considera que el sobreseimiento de Tasselkraut genera impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad investigados y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino como garante del juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

La decisión judicial, luego de una demora de siete años en llamar a indagatoria al ex gerente de Mercedes Benz, muestra una vez más las resistencias del Poder Judicial para avanzar contra los responsables empresariales del terrorismo de Estado. Los responsables militares de estos hechos, entre ellos el ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, está siendo juzgada desde 2019 en la megacausa Campo de Mayo, sin embargo, aún no se pudo avanzar con los civiles.

El impulso sin demoras de estas causas es una de las prioridades de la Secretaría de Derechos Humanos, en particular las que involucran la responsabilidad de actores económicos o civiles, que son las que generan las mayores resistencias dentro del Poder Judicial.

Las víctimas no pueden esperar. Los juicios tampoco.

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