Condena millonaria para Luis Majul y Daniel Santoro

Los «periodistas» habían revelado la identidad de un testigo protegido en una causa de narcotráfico.

En un fallo de primera instancia, la Justicia acaba de condenar a los «periodistas» Luis Majul y Daniel Santoro por revelar la identidad de un testigo de identidad reservada que aportó datos para la detención del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.

Durante un programa de «La Cornisa», emitido por América TV, Majul y Santoro revelaron el nombre del testigo y por eso, la jueza civil de primera instancia María Eugenia Nelli, los condenó a pagarle al mismo dos millones de pesos más intereses de seis años, a lo que debe sumarse los honorarios de todos los abogados, que duplican ese monto.

La jueza reprochó la situación de vulnerabilidad en que los «periodistas» expusieron al testigo, quien había acordado medidas de protección (entre ellas su identidad) atento al riesgo que significaba haber suministrado información para la captura de un prófugo buscado desde hacía más de cuatro años por su supuesta relación con el Triple Crimen de General Rodríguez.

No hubiera habido ningún reproche y la presentación de la nota hubiera sido intachable, si directamente no lo nombraban, ni mostraban el acta. No resultaba necesario aportar los datos personales del testigo -aquí actor- para informar a la ciudadanía de manera acabada como, sin duda alguna, debe suceder en una república democrática”, sostuvo la jueza. “Bastaba con dar a conocer el contenido de la denuncia para ilustrar acera de los elementos que habían sido valorados por la justicia federal para citar a indagatoria a los funcionarios que investigaba”, añadió, en alusión al ex jefe de la AFI y hoy senador nacional Oscar Parrilli.

El testigo, vecino de la zona de la Triple Frontera, había aportado los datos para hallar a Pérez Corradi en agosto de 2015, cuando ya se había iniciado el proceso electoral que terminó con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Pérez Corradi fue detenido después del cambio de gobierno, lo que llevó al juez Ariel Lijo a llamar a indagatoria a Parrilli ante la acusación de haber demorado el aporte de la información para “proteger” a Pérez Corradi. Parrilli había sido sobreseído en esa causa, pero la Cámara Federal ordenó seguir investigando. Para la jueza, “aún de mediar un interés general prevaleciente para divulgar un acontecimiento en que interviene una persona, el hecho es antijurídico si la revelación de los datos identificatorios del declarante era, como quedó dicho, superflua para el fin general de que se trate”.

La jueza sostuvo que tanto Majul como Santoro sabían que el testigo protegido había pedido expresamente que se mantuviera su identidad en anonimato: “No tengo la más mínima duda en afirmar que los accionados tenían conocimiento del contenido de los dichos. Es que no sólo habían tenido acceso a la declaración sino que efectivamente fue la exhibida en el informe periodístico. Esta circunstancia de por sí sola justificaba un obrar prudente por parte de los periodistas accionados, máxime si se tiene en cuenta que, tal como quedó dicho, habían tenido acceso a la causa por fuentes judiciales. Mal pueden aducir que ignoraban ese recaudo. Se imponía el resguardo de la identidad del accionante, incluso así había sido anunciado por la voz en off al explicar los detalles de la información. Pero, por el contrario, primeramente Majul identificó al testigo por su apellido y luego, Santoro lo hizo por su nombre completo”.

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