Uruguay: El Grupo Clarín viola la ley y tiene más empresas de telecomunicaciones que las permitidas

Según consta en una reciente respuesta de la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones (Ursec) del Uruguay, el Grupo Clarín tiene más licencias de televisión para abonados en ese país que lo establecido por la ley de medios.

El grupo mediático argentino Clarín, el más grande de su país, tiene ocho licencias de televisión para abonados en Uruguay, por lo que incumple desde 2019 el límite que estableció la ley de medios de 2014, que brindó un plazo de adecuación. La información consta en una reciente respuesta de la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones (Ursec), el organismo encargado de aplicar y controlar la ley. En una comisión legislativa se resolvió pedir a la Ursec un “diagnóstico” de la tenencia de medios, sin apuntar a grupos en específico, y la coalición reconoció los incumplimientos: “Todos sabemos del problema”.

El diario Clarín, el canal de cable TN o El Trece en la televisión abierta argentina pertenecen al grupo económico que fundó en los 60 el periodista y político Roberto Noble, que se convirtió en líder del sector mediático ya con Ernestina Herrera de Noble al frente en los 80 y 90. Hoy su máxima cara visible es Héctor Magnetto, director ejecutivo de Clarín a quien apuntó la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, tras ser condenada: “Es una suerte de regalo para Magnetto”, dijo, y sostuvo que los jueces son “esbirros” del empresario.

En Uruguay, Clarín incursiona con la empresa de televisión para abonados Flow, ex Cablevisión. De acuerdo a la información que remitió la Ursec ante un pedido de acceso a la información, a través de José María Saenz Valiente, el grupo Clarín tiene la titularidad de dos empresas que proveen televisión para abonados por aire en Montevideo (Bersabel SA) y en Canelones (Visión Satelital), junto con otras cuatro firmas que tienen cinco licencias para televisión para abonados por cable: Space Energy Tech con autorización para Salto y Rivera, Reiford en Tacuarembó, Dolfycor en Artigas y Tracel en Paso de los Toros.

La información fue solicitada en octubre por Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) y en noviembre llegó la respuesta de la Ursec.

En todos los casos mencionados Saenz Valiente posee más de 99% de las acciones de los cables. Al abogado -ya fallecido- y fundador del estudio que lleva su apellido se lo presentó en una nota de TN de 2012 como “apoderado” de Clarín, y la familia Saenz Valiente tiene vínculo directo con el grupo.

Según comentó Gómez a La Diaria, debe agregarse a este listado la firma Audomar, que da el servicio de televisión para abonados en Paysandú y tiene al mismo titular que las demás empresas. Así se llega al número de ocho cables que son propiedad de Clarín en Uruguay.

Un incumplimiento “expreso y claro” de la ley

El artículo 58 de la ley de medios de 2014 planteó sobre las “limitaciones a la titularidad de servicios de televisión para abonados” que “una persona física o jurídica privada no puede” ser propietaria “de más de seis licencias”, e incluso ese límite se reduce a tres “en el caso de que una de las autorizaciones incluya el departamento de Montevideo”.

En virtud de esto, para Gómez -exdirector de Telecomunicaciones y asesor presidencial entre 2010 y 2015- hay un incumplimiento “expreso y claro” de la normativa por parte de Clarín. Esta situación irregular comenzó en 2019, ya que el grupo adquirió los cables previo a la normativa de 2014, cuando se les dio a las empresas cuatro años de plazo desde la vigencia en 2015 para cumplir con los límites de tenencia.

Sin embargo, la Ursec no ha tenido actuaciones. “Acá estamos ante la constatación de que hay un grupo económico que tiene un montón de licencias, con cables que funcionan con la misma marca y programación. Hay otros casos [de incumplimiento de los límites legales de tenencia] en los que te argumentan que se agrupan, pero acá es una misma persona que tiene todas las licencias y está incumpliendo de forma literal con la normativa”, dijo Gómez.

Según explicó, la ley de medios prevé que incumplir los límites es una infracción grave, para lo que se prevé sanciones que van desde la suspensión de la licencia hasta su revocación.

El tema fue llevado al Parlamento por Gómez el 7 de diciembre, al acudir por el Observacom a hablar en la Comisión de Industria de Diputados, que analiza el nuevo proyecto de ley de medios, enviado como prioridad por el Ejecutivo en 2020 y que aún no logró consenso a la interna de la coalición.

“Hay grupos extranjeros, como pasa con Clarín, que hoy está ilegal, pero la Ursec no lo persigue de oficio”, manifestó Gómez, e incorporó la información de la respuesta al pedido de acceso a la información: “En este país hay personas que tienen más medios de los que están permitidos, a sabiendas del organismo que debería controlarlos. Tenemos totalmente prueba de que lo conoce”.

“Ustedes están trabajando sobre la ley vigente y con el proyecto que se propone como alternativa, pero eso [en referencia a la cantidad de empresas que posee Clarín] supera ampliamente lo que dispone la legislación actual. Es información oficial, surge de manera clara de parte de un organismo”, remató Gómez.

La Ursec, a impulso del director frenteamplista Pablo Siris, aprobó en octubre un nuevo protocolo de actuación que permite iniciar investigaciones de oficio sobre la tenencia o transferencia de medios, ante la aparición de indicios sobre un incumplimiento. Este mecanismo podría dar lugar a que se investigue la situación de Clarín; sin embargo, el tiempo corre: de aprobarse la nueva ley de medios, el grupo argentino pasaría a la legalidad por el límite que se propone.

“Todos sabemos”

“El número ocho [límite que se plantea para los cables] o el número seis [límite propuesto para la propiedad de radios y canales de televisión] refleja, tal vez por casualidad, por coincidencia, la concentración de medios existentes que hoy están ilegales de acuerdo a la normativa vigente”, señaló Gómez ante la comisión sobre el nuevo proyecto, que el oficialismo, tras varias postergaciones, prevé votar este año.

Sus inquietudes sobre el incumplimiento de la normativa fueron retomadas en la sesión del 14 de diciembre, la última del año de la comisión. El diputado del Frente Amplio (FA) Javier Umpiérrez planteó que ante la visita que hará a la vuelta del receso la Ursec quería consultar a las autoridades sobre “el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual, respecto a la cantidad de frecuencias que tienen algunos medios en nuestro país”.

Sebastián Cal, el diputado de Cabildo Abierto que trabajó el tema de la ley de medios y que se ha opuesto a varias disposiciones del proyecto del gobierno, expresó sobre el pedido del FA: “Es de público conocimiento que hay grupos que tienen medios por encima de lo que la ley prevé, pero no voy a apoyar esta propuesta. Primero, porque es algo que todos sabemos que sucede, y segundo, porque es algo que justamente esta ley está tratando de solucionar”.

Además, Cal no aceptó que la propuesta provenga del FA, porque se trata de “un problema que se generó por una ley que promovió siendo gobierno” y “no pudo solucionar”, porque “no le pudo hincar el diente al tema”. El cabildante añadió: “Sabiendo y reconociendo que es un problema que tenemos, no apoyo la moción de convocar a la Ursec -o a quien sea- por este tema. No es necesario y todos sabemos del problema que existe”.

El colorado Martín Melazzi, en la misma línea, opinó que “no es necesaria la convocatoria a la Ursec por este tema”, y complementó: “Todos sabemos que hay permisarios que están por encima de lo que autoriza la actual ley de medios”.

Finalmente, la comisión terminó por aceptar el planteo del nacionalista Eduardo Lorenzo de pedirles a las autoridades un “diagnóstico” sobre la propiedad de los medios y cables en Uruguay. El legislador argumentó: “¿Queremos que la Ursec nos dé un pantallazo general de lo que está pasando o solamente apuntamos a aquellos que se han excedido en número? Ahí estaríamos haciendo el diagnóstico nosotros, no ellos. Acompañaría la moción si lo que pidiéramos fuera un pantallazo general de lo que está pasando. Ahora, si vamos a buscar exclusivamente a los grupos que están excedidos en número, eso lo encontramos en internet”.

(Tiempo Argentino)

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