La Justicia revocó la prisión domiciliaria del represor Carlos Ignacio Cialceta

Fue a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, y de la Fiscalía.

Cialceta el día de su captura

El teniente coronel retirado Carlos Ignacio Cialceta, procesado por el secuestro y asesinato del militante peronista Jorge René Santillán, gozaba de prisión domiciliaria gracias a que la jueza federal Mariela Giménez le había otorgado ese beneficio.

A raíz de ello, tanto la querella de la Secretaría de Derechos Humanos como la fiscalía apelaron la medida, que fue revocada en el día de hoy por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta luego de la celebración de la audiencia de exposición de argumentos el día 11 de enero.

Cialceta estuvo prófugo de la justicia hasta el 12 de noviembre de 2021, cuando la Gendarmería Nacional lo encontró escondido en el placard de una casa en el centro de la ciudad de Salta. Luego de ser procesado, su defensa solicitó que se le realice una evaluación de salud mental. La jueza accedió, pero sin darle al examen el carácter de pericia, lo que impidió que los peritos de la Secretaría de Derechos Humanos pudieran participar. La evaluación concluyó que Cialcieta estaba mal de salud.

A instancias de la querella de la Secretaría, la jueza se vio obligada a ordenar un segundo examen con carácter de pericia, en el que sí participaron los peritos de la Secretaría. Esa segunda evaluación determinó que Cialcieta simulaba una enfermedad mental. Pese a ello, la jueza decidió injustificadamente decretar una tercera pericia que fue recurrida por la querella de la Secretaría por no estar justificada.

En la audiencia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sostuvo que la jueza se basó en premisas falsas para autorizar la prisión domiciliaria, porque sus fundamentos no coincidían con las conclusiones de la pericia realizada por médicos del Hospital Neuropsiquiátrico Miguel Ragone y los peritos de las partes. La querella de la Secretaría también adujo una tendencia de la jueza de favorecer al imputado: para determinar que no estaba en condiciones de afrontar el juicio, prefirió la opinión del perito de la defensa en lugar de los otros 6 peritos que coincidían en lo contrario. A pesar de la inexistencia de motivos que justificaban la prisión domiciliaria, la jueza decidió conceder ese beneficio poniendo en riesgo una ardua investigación relativa a la etapa más horrorosa que vivió nuestro país a 45 años de ocurridos los hechos.

En la audiencia ante la Cámara Federal también fue escuchada la víctima Rosa Santillán, quien detalló el secuestro de su padre la madrugada del 10 de agosto de 1976, en la localidad de General Mosconi. Jorge Santillán, que era un militante de la Juventud Peronista, trabajaba en YPF y era delegado gremial.

Los jueces que resolvieron revocar la prisión domiciliaria acordaron con los argumentos planteados por la Secretaría y el Ministerio Público Fiscal, e hicieron hincapié en el comprobado riesgo de fuga que pesa respecto a Cialcieta, quien había estado prófugo durante muchos años e intentado esconderse en un armario momentos previos a su detención.

La resolución de la Cámara de Apelaciones de Salta, que revocó la domiciliaria de Cialcetta, sin embargo, cuestionó el accionar del abogado de la Secretaría por haber realizado expresiones supuestamente inadmisibles durante la audiencia. Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos desea aclarar que los fundamentos del recurso planteado por la querella institucional encuentran absoluto respaldo en las constancias de la causa y se justifican en el marco de la obligación del Estado de impulsar los procesos judiciales que investigan delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

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