Milei nombró como funcionario a un imputado en una causa de contaminación masiva

La misma ocurrió en el río Paraná.

Por Tomás Palazzo para Noticias La insuperable

En junio del año pasado, en un fallo histórico. la Cámara Civil y Comercial de San Nicolás, con la firma de los jueces José Tiviano, María Maggi y Fernando Kozicki, confirmó el fallo de primera instancia e impuso a la empresa Atanor el pago de 150 millones de pesos en concepto de indemnización por haber generado contaminación en el Río Paraná.

Se trata de una de las productoras de herbicidas más grandes del país, condenada por niveles escandalosos de contaminación en el río Paraná y su entorno ubicado en pleno radio urbano de San Nicolás.

La causa penal estaba en trámite desde 2014 cuando denunciaron que Atanor generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados, entre otras acusaciones vinculadas a deficiencias edilicias y tecnológicas.

Como correlato, el fiscal Matías Di Lello imputó a seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SCA y a ocho funcionarios de dos órganos de control de la provincia de Buenos Aires por distintos grados de responsabilidad en la contaminación ambiental del río. Respecto a estos últimos, se trata de cinco directores ejecutivos del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y tres presidentes de la Autoridad del Agua (ADA).

Precisamente uno de estos imputados, directivo del ADA, según señala el Decreto 224/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro Luis Caputo, acaba de ser designado como «Subsecretario de Obras y Servicios de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, entonces del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, actualmente del MINISTERIO DE ECONOMÍA».

Se trata del ingeniero Norberto Daniel Coroli, quien fuera Presidente Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires hasta su renuncia en 2016.

Según señaló la Justicia, Coroli fue imputado por ejercer su cargo mientras se produjeron los hechos y “haber incumplido con la misión y función impuesta” en lo atinente a la preservación de los recursos naturales y la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y pudieran afectar el ambiente.