Juliana Santillán aseguró tenía «todo arreglado» con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y con el titular de la Inspección General de Justicia Daniel Vitolo para convertir clubes en SAD.
Denunciaron a la diputada libertaria Juliana Santillán tras conocerse públicamente el polémico audio en el cual aseguraba tener «todo arreglado» con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y con el titular de la Inspección General de Justicia Daniel Vitolo para convertir clubes en SAD.
La denuncia fue presentada por el diputado Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, quien acusa a Santillán de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
El caso se originó con un mensaje de audio enviado por Santillán al dirigente Juan Cruz Sanz, del club Bancruz de Río Gallegos. En el mensaje, la diputada detalla cómo iniciar trámites ante la IGJ para facilitar la transición de los clubes de asociaciones civiles a SAD, asegurando que contaba con el apoyo de las autoridades implicadas.
«Estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club», afirma Santillán en el audio. También mencionó que «el Presidente necesita la conversión de los clubes a una SAD», sugiriendo que este modelo es parte de la agenda del gobierno.
Sanz rechazó la propuesta y optó por revelar el contenido del audio, destacando lo que calificó como «inquietantes intereses de inversores extranjeros» en un pequeño club de Río Gallegos. Según Sanz, el ofrecimiento era «difícil de justificar sin pensar mal». Por su parte, Santillán calificó las acusaciones como una «operación política» en su contra y defendió su intención de promover inversiones privadas en el deporte como una vía para modernizar los clubes.
La denuncia, presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, se fundamenta en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a las leyes o incumplan sus deberes. Si se confirma su responsabilidad, Santillán podría enfrentar una condena de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo.
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