La educación superior estatal soporta un ataque feroz que se refleja en silencios relacionados con el más alto estrato de la administración de justicia.
Por Miguel Barcino Mori para Noticias La Insuperable ·
El ataque sistemático a la educación pública que de manera evidente empezó con el neo conservadorismo de Thatcher-Reagan y se acentuó a través del proyecto educativo neoliberal globalizado, es hoy una ardua realidad que profundizan las extremas derechas que se enseñorean con brutalidad en muchos países, igual que en la Argentina libertaria.
La educación superior siempre estuvo en la mira: denostar, desfinanciar y ningunear a las universidades públicas representa una constante en los ataques al sistema educativo estatal. La embestida, que progresa década a década, se ha naturalizado a tal punto que ni los sectores que se autodenominan progresistas parecen muy preocupados. Los intentos defensivos suelen ser tibios e intrascendentes.
El ninguneo atraviesa todos los sectores. Convertido en sentido común, no hay marcha multitudinaria ni encendidas defensas discursivas del sistema que incentiven a los actores de la política ni a cuestionar seriamente el ataque ni a oponer argumentos o acciones que desnaturalicen esta construcción irracional de sentido basada en denuestos repetitivos.
Tan profunda es la naturalización de la ofensiva que desde hace años todo el arco político acepta sin rechistar una irregularidad que profundiza el ninguneo a las universidades nacionales. Como señala el constitucionalista Guido L. Croxatto, “Naturalizamos que un juez de la Corte estuviera en el Máximo Tribunal violando la ley.”.
Se refiere al artículo 4 del vigente decreto-ley 1.285/58, que establece la exigencia de que los jueces de la Corte sean abogados de alguna “universidad nacional”, requisito que el recién retirado cortesano Maqueda no cumplía: “no lo cumplía. Y nadie dijo nada: ni los demás jueces de la Corte ni el Procurador. Nadie.”, destaca Croxatto.
Estos veinte años de silencio –otro dardo al centro de las universidades nacionales-, por infortunio, no terminan con la jubilación del cortesano: ahora el Ejecutivo propone a García Mansilla, que tampoco cumple con el requisito. Eclipsada por el bullicio que desatan los cuestionamientos a Lijo, la irregularidad parece no interesarle a nadie. Vale la pena consultar el artículo de Guido Croxatto para ver todo en detalle.
Mientras se consuma con ferocidad cruel el ataque al sistema científico argentino, íntimamente ligado al universitario, el hincapié en el largo silencio ante las irregularidades que pone en primer plano el constitucionalista cobra un sentido más amplio que el desapego a la normativa, grave ya de por sí.
Todo parecería indicar que ni en la Corte ni en el Congreso interesa destacar la importancia de las universidades públicas. Este y muchos otros silencios, evidentemente, potencian los efectos de una ofensiva que, al acumular victorias, ya se cree en condiciones de dispararle el tiro de gracia a la educación superior estatal. Y pronto, claro, al sistema en su integridad.
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