El gobierno de Axel Kicillof no se anda con chiquitas.
Por Osvaldo Peralta para EnOrsai

Con 2.400 reclamos en su contra, Flybondi acumula denuncias por cancelaciones, reprogramaciones y una pésima atención al cliente. Mientras la provincia de Buenos Aires actúa, el gobierno de Javier Milei parece mirar para otro lado, dejando en evidencia su desinterés por la defensa de los consumidores.
El gobierno de Axel Kicillof no se anda con chiquitas. En un movimiento que ha sacudido al sector aeronáutico, la provincia de Buenos Aires multó a Flybondi con más de $300 millones por “reiteradas infracciones” a la Ley de Defensa del Consumidor. La aerolínea low cost, que llegó al país con bombos y platillos durante la gestión de Mauricio Macri, acumula 2.400 reclamos por cancelaciones de vuelos, reprogramaciones sin aviso y una atención al cliente que deja mucho que desear. Pero más allá de la sanción, este caso pone en evidencia un problema mayor: la desregulación y el descontrol que caracterizan al gobierno de Javier Milei.
Flybondi, una de las aerolíneas más promocionadas por el macrismo, ha sido señalada como una de las seis empresas más denunciadas en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Producción bonaerense, la compañía no solo ha incurrido en prácticas que perjudican a los consumidores, sino que además ha incumplido con la obligación de publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de sus servicios. Esto, sumado a la “dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas”, ha dejado a miles de pasajeros en el limbo, con gastos adicionales en transporte, hoteles y paquetes turísticos que la empresa se niega a cubrir.
Pero lo más llamativo de este caso no es la multa en sí, sino la respuesta de Flybondi. La empresa anunció que impugnará la sanción, argumentando que la provincia de Buenos Aires no tiene jurisdicción en asuntos aeronáuticos. Según la compañía, la única autoridad competente es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un organismo que, bajo la órbita del gobierno nacional, ha demostrado una preocupante falta de acción frente a las irregularidades del sector. ¿Es esta una muestra más de la desidia del gobierno de Milei para regular y proteger a los consumidores?
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