Docentes de todo el país paran por 72 horas en rechazo a la suspensión del financiamiento universitario y la parálisis salarial.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Las dos principales federaciones docentes universitarias del país —CONADU Histórica y CONADU— coincidieron en una medida de fuerza contundente que paralizará las universidades nacionales entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre. El paro de 72 horas, decidido en sendos congresos de delegados y consultas de base, responde al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por amplísima mayoría en ambas cámaras del Congreso pero bloqueada por el Ejecutivo mediante un decreto que la deja “en suspenso”.
La universidad pública vuelve a ser campo de disputa
La CONADU Histórica, que integra la CTA Autónoma, fue la primera en resolver la medida en su Congreso de Secretarios Generales, donde incluso se debatieron mociones más duras: paro de una semana o por tiempo indeterminado, con suspensión de exámenes finales. La CONADU, enrolada en la CTA de los Trabajadores, realizó luego una consulta nacional que ratificó el malestar generalizado y resolvió sumarse al paro, garantizando así la adhesión de la casi totalidad del cuerpo docente universitario del país.
En cambio, los sindicatos alineados con la CGT —la FATUN, que nuclea al personal no docente, y la FEDUN, de menor representación docente— optaron por no adherir, argumentando que esperarán “una instancia de diálogo con el Gobierno”. Esa expectativa, sin embargo, contrasta con la intransigencia del oficialismo, que hasta ahora ha desoído todos los reclamos del sistema universitario público.
Un veto que vacía derechos
La decisión de Milei de promulgar la ley pero dejarla sin efecto por “falta de fondos” se inscribe en una estrategia que ya aplicó con las leyes de emergencia en discapacidad y en pediatría. En todos los casos, el argumento fue el mismo: invocar la Ley N° 24.156 de Administración Financiera del Sector Público para suspender la ejecución presupuestaria. Pero el razonamiento oficial se derrumba ante un dato central: la norma universitaria no crea nuevos gastos, sino que actualiza salarios y partidas según la inflación oficial, es decir, garantiza el mantenimiento de los recursos existentes.
Aún así, mientras se niega el financiamiento educativo, el Gobierno dispuso incrementos unilaterales en otros sectores. En el caso del Hospital Garrahan, por ejemplo, otorgó un aumento del 61% en medio de un conflicto prolongado. En paralelo, benefició a las cerealeras, liberando retenciones sobre granos retenidos por un valor estimado en 8.000 millones de dólares, lo que implicó una pérdida fiscal de unos 1.500 millones.
La comparación resulta inevitable: no hay plata para las universidades, pero sí para los grandes exportadores.
Un reclamo con respaldo institucional
Ante la gravedad del escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —que reúne a todas las universidades públicas— anunció el pasado 22 de octubre que recurrirá a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
Durante ese plenario, realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, su decano Leandro Vergara advirtió que “un decreto no puede suspender una ley”. A su vez, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, señaló que “es grave para la institucionalidad democrática que se naturalice el incumplimiento de una norma con tan amplio consenso social y político”.
Las universidades entienden que el veto encubre una maniobra para asfixiar presupuestariamente al sistema público, en línea con el ajuste que atraviesa al conjunto del Estado.
Un conflicto que puede escalar
La medida de fuerza afectará a más de 200 mil docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes de las 66 universidades nacionales. En muchas casas de estudio, las asambleas docentes discuten profundizar el plan de lucha con la suspensión de exámenes y la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo 2026 si el Gobierno mantiene su postura.
El reclamo central apunta a una recomposición salarial del 43%, porcentaje que permitiría restablecer los haberes al nivel de noviembre de 2023, antes de la licuación provocada por la inflación y el congelamiento de partidas.
El futuro en suspenso
El paro universitario de esta semana será una de las medidas de mayor impacto social desde que Milei asumió el gobierno. Con las aulas vacías, los pasillos sin estudiantes y la comunidad académica movilizada, el conflicto vuelve a poner en primer plano una pregunta que atraviesa al país desde hace décadas: ¿qué valor tiene la educación pública para un proyecto de nación?
Mientras el Gobierno se aferra a su “ajuste sin privilegios”, la realidad muestra lo contrario: el sacrificio sigue cayendo sobre los trabajadores y la universidad pública, pilares históricos de movilidad social y soberanía intelectual.
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