El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre y puso sobre la mesa un temario hecho a medida del ajuste, la desregulación y los retrocesos ambientales. En el paquete aparecen el presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma del Código Penal y el proyecto de “inocencia fiscal”, entre otros.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un diciembre caliente en el Congreso
El llamado a sesiones extraordinarias quedó oficializado con el Decreto 865/2025, firmado por Milei y por su vocero devenido jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria rige desde el 10 hasta el 30 de diciembre y, lejos de tratarse de simples formalidades administrativas, habilita un temario que vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo y un Parlamento que el oficialismo no logra disciplinar pese a sus intentos permanentes.
El decreto precisa que todos los temas habilitados se encuentran en el Anexo IF-2025-135305231-APN-JGM, donde aparece un repertorio de proyectos que el Gobierno considera “urgentes” pero que, en la práctica, apuntan a profundizar su agenda de ajuste fiscal, flexibilización laboral, recentralización del poder punitivo y retroceso ambiental.
Un presupuesto hecho a medida del ajuste
Entre los temas centrales aparece el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, una pieza clave para sostener el programa económico que Milei defiende aun cuando la caída de la actividad, el derrumbe del consumo y el deterioro salarial se multiplican en los indicadores oficiales.
El presupuesto —enviado bajo el mensaje JGM 104/25— llega a un Congreso donde incluso algunos aliados dialoguistas vienen advirtiendo que la motosierra permanente ya dejó de ser “una transición” y se convirtió en el nuevo normal. Sin embargo, el Gobierno pretende avanzar igual, aun sin mayorías garantizadas.
El “principio de inocencia fiscal”: blindaje para arriba, castigo para abajo
El temario incluye el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el propio Gobierno promociona como una forma de “proteger” a los contribuyentes honestos. Pero en la práctica, según especialistas consultados en notas previas por NLI, se trata de un mecanismo que ensancha los márgenes de discrecionalidad para grandes empresas y patrimonios concentrados, al mismo tiempo que desfinancia al Estado en plena emergencia social.
Este proyecto ya había generado polémica cuando llegó a Diputados y ahora vuelve a escena en un intento de acelerar su aprobación antes de fin de año.
Flexibilización laboral y reforma penal: dos viejos anhelos del oficialismo
En el paquete también aparece la postergada reforma laboral, ahora rebautizada como “Proyecto de Ley de Modernización Laboral”. Aunque aún no fue enviado formalmente, ya se anticipó que buscará facilitar despidos, desarmar convenios colectivos, habilitar regímenes de ultra flexibilidad y debilitar aún más el poder sindical, un anhelo de los sectores más duros del mileísmo.
Junto con esto, el Ejecutivo anuncia el envío de una reforma integral del Código Penal, una bandera que el oficialismo levanta desde el inicio de la gestión para endurecer penas, ampliar facultades de las fuerzas de seguridad y reducir garantías procesales, en una línea de “mano dura” que recuerda los peores momentos del macrismo pero llevados al extremo.
La embestida ambiental: reabrir la puerta al saqueo
Uno de los puntos más controversiales del temario es la adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), que el Gobierno pretende “actualizar” para facilitar proyectos extractivos en zonas hoy protegidas. Esta movida ya había encendido alarmas en organizaciones socioambientales, que denuncian que el verdadero objetivo es abrir paso a la megaminería en zonas de montaña, incluso en áreas periglaciales donde la ley actual prohíbe cualquier actividad que ponga en riesgo reservas hídricas estratégicas.
Mientras asambleas ambientales de todo el país se mantienen movilizadas —como la reciente Gesta por el Agua que llegó a la legislatura de Mendoza— el Gobierno intenta avanzar con un cambio normativo a contramano de los consensos científicos y sociales.
Un cierre de año a toda tensión parlamentaria
Con este temario, Milei busca cerrar 2025 del mismo modo en que lo gobernó: a fuerza de imposiciones, presión parlamentaria y un modelo económico que castiga a las mayorías. El problema es que, aun con el Congreso convocado, el oficialismo sigue sin los números necesarios para aprobar semejante combo sin negociar.
Diciembre promete ser, otra vez, un mes caliente en el Parlamento. Y si algo deja claro este decreto es que la pelea central será por el rumbo mismo del país.
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En todo tiempo pasado ninguna reforma laboral creo puestos de empleos. Al contrario, de hecho, esta modificaciones sólo se ha aplicado para quienes ya tienen un empleo registrado. Sólo los empleadores que no se ajustan a la legalidad resultan afectados por lo que denominan «la industria del juicio». Siempre ha sido un avance del poder real en Argentina viciado de inmoralidad.
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