El Consejo de la Magistratura aprobó una resolución clave para dejar de depender del Ministerio de Justicia en su defensa judicial y reorganizar internamente su estructura legal. La medida apunta a reforzar la autonomía del organismo frente a los otros poderes del Estado y agilizar su actuación en causas sensibles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una reestructuración para cortar la dependencia externa
El Consejo de la Magistratura dio un paso institucional fuerte tras publicarse hoy en el Boletín Oficial la Resolución 225/2025, que modifica profundamente el rol y la estructura de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. El cambio central es claro: dejar de depender del Ministerio de Justicia para su representación legal y comenzar a asumir, puertas adentro, la defensa judicial del propio organismo y del Poder Judicial de la Nación.
Hasta ahora, cada vez que el Consejo debía litigar —ya sea como demandante, demandado o tercero interesado— debía recurrir al Ministerio de Justicia. La resolución considera que esa dependencia resultaba contradictoria con el mandato constitucional del Consejo, que debe actuar con independencia de los otros poderes para garantizar el funcionamiento de la Justicia.
Una Secretaría con autonomía técnica y dos áreas clave
La resolución establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos pasa a depender directamente del Plenario del Consejo, y no de áreas administrativas intermedias. Además, se la reorganiza en dos departamentos:
- Asesoramiento Jurídico
- Asuntos Contenciosos, encargado de litigar y representar al Consejo en los procesos judiciales.
Esta modificación interna permite que los propios abogados del organismo —y no funcionarios externos— lleven adelante las defensas y estrategias judiciales en causas de alto impacto institucional, concursos de jueces, procesos disciplinarios e incluso litigios con implicancias económicas.
El Consejo también deja asentado un principio político-administrativo relevante: la defensa judicial del Poder Judicial debe quedar en manos de personal propio, evitando delegar funciones estratégicas en otro poder del Estado.
Qué cambia en la práctica
La resolución dispone una transición: el Ministerio de Justicia seguirá actuando en algunos expedientes, mientras la Secretaría de Asuntos Jurídicos asume progresivamente los casos. Pero, al mismo tiempo, se habilita a los abogados del organismo a matricularse específicamente para litigar en nombre del Consejo, tanto en CABA como en las provincias, un paso inédito en la historia del cuerpo.
Otro punto fuerte es la creación de un Sistema Informático de Gestión Judicial, que centralizará proyectos de escritos, notificaciones, resoluciones y el estado de cada causa. Esto permitirá que los consejeros —que tienen la autoridad para definir la estrategia procesal— puedan seguir en tiempo real cómo avanzan los litigios que afectan al Poder Judicial.
Austeridad, control y menos burocracia
La resolución insiste también en criterios de austeridad y simplificación administrativa. En lugar de crear un nuevo órgano, se fortalece la Secretaría ya existente. Se habilita que los honorarios regulados por los jueces —cuando el Consejo actúe como parte ganadora— ingresen a una cuenta especial del organismo, destinada a capacitación y recursos de trabajo.
Además, el Consejo define canales únicos de notificación judicial mediante el sistema DEOX y casillas oficiales, lo que ordena y unifica la recepción de demandas y reclamos.
Por qué esto fortalece la autonomía
Con esta reforma, el Consejo apunta a consolidar tres elementos clave:
- Independencia funcional frente al Poder Ejecutivo en materia judicial.
- Control interno sobre su propia estrategia en litigios sensibles.
- Agilidad institucional, evitando demoras o filtraciones entre organismos.
El fortalecimiento de la Secretaría de Asuntos Jurídicos no es solamente un cambio burocrático: es un movimiento que refuerza la posición del Consejo dentro del Poder Judicial y reduce la injerencia de otros poderes en la administración de justicia.
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