El SENASA declaró la Alerta Sanitaria por sarna ovina en siete departamentos de Chubut hasta diciembre de 2026. La medida expone un deterioro estructural del sistema sanitario agropecuario y reaviva un problema que Argentina ya había logrado controlar. La reaparición de la enfermedad implica pérdidas económicas millonarias para la cadena ovina y para las economías regionales de la Patagonia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un Estado desfinanciado frente a una enfermedad que ya había sido erradicada
El organismo reconoció oficialmente que la sarna ovina, causada por el ácaro Psoroptes ovis, volvió a expandirse en zonas que llevaban años declaradas libres. La Resolución 939/2025 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial, declara la Alerta Sanitaria en los departamentos Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman, todos en Chubut, y obliga a intensificar controles, tratamientos y restricciones comerciales.
El texto oficial busca deslindar responsabilidades señalando que los tratamientos inyectables a base de lactonas macrocíclicas —avermectinas y milbemicinas— fallaron sistemáticamente entre 2018 y 2024, lo que permitió la reaparición del parásito en majadas que ya habían sido saneadas. El propio SENASA tuvo que modificar los rótulos de esos productos para advertir que sirven solo para control y no para erradicación, un retroceso evidente en materia de política sanitaria.
Mientras la norma repasa casi ochenta años de legislación sobre el tema, lo que no dice es que durante el último año el SENASA sufrió recortes presupuestarios, pérdida de personal especializado y desarticulación territorial, proceso denunciado por trabajadores del organismo y que Noticias La Insuperable ya había señalado en informes recientes sobre el vaciamiento del Estado nacional.
En Chubut, los focos reaparecieron en zonas lindantes a áreas afectadas, donde los tratamientos no funcionaron y la vigilancia pública fue insuficiente. El resultado es la pérdida de un estatus sanitario que la región había alcanzado después de décadas de trabajo.
Impacto económico: caída de la lana, restricciones comerciales y más costos para los productores
La resolución obliga a productores, transportistas, veterinarios y autoridades locales a informar obligatoriamente cualquier sospecha o confirmación, realizar baños por inmersión, aplicar cuarentenas de 24 días, permitir inspecciones oficiales y cumplir con un régimen estricto de movimientos autorizados mediante DT-e y certificados sanitarios.
La reaparición de la enfermedad golpea directamente la economía patagónica:
- Pérdida de lana por peladuras y deterioro de calidad, reduciendo el valor en las plantas de lavado.
- Menor peso y productividad, que achica la rentabilidad en majadas que ya operan al límite.
- Aumento de costos sanitarios: los baños por inmersión exigen infraestructura, productos aptos y supervisión profesional.
- Restricciones al movimiento de animales y productos, que complican ventas, logística y abastecimiento.
- Riesgo para las exportaciones de lana fina y superfina, uno de los pocos sectores que aún aportan divisas estables.
- Impacto en hilanderías y lavaderos, que dependen de un flujo constante y de calidad para sostener empleos.
Las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego habían logrado un estatus sanitario distintivo, clave para competir en mercados internacionales de alto valor. La reaparición de la sarna obliga a retroceder años y asumir costos que recaen principalmente sobre pequeños y medianos productores, mientras el Gobierno continúa retirándose de las funciones básicas de control sanitario.
Un sistema en alerta y un modelo que desprotege a las economías regionales
El SENASA faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a ampliar la zona de alerta, prorrogarla y sumar nuevas medidas “cuando razones epidemiológicas lo requieran”. En otras palabras, la expansión del brote sigue abierta.
En un país donde el sector ovino representa uno de los pilares económicos de la Patagonia, la reaparición de la sarna ovina no es un problema técnico: es la consecuencia directa del achicamiento del Estado, del desfinanciamiento del sistema de control sanitario y de la política permanente del gobierno de Milei de dejar librado al mercado problemas que solo un servicio público sólido puede resolver.
La resolución lo reconoce sin decirlo: el Estado llega tarde, debilitado y con sus capacidades reducidas. Los costos, como siempre, los paga el interior profundo.
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