Aunque el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026, la oposición volvió a bloquear el intento de avanzar contra el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, marcando por tercera vez en el año un freno político a Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La sesión dejó una foto ambigua para el Gobierno: por un lado, consiguió sancionar el Presupuesto 2026 con 132 votos afirmativos, ampliando su base parlamentaria; por el otro, volvió a chocar contra un límite que ya se transformó en constante. Ni siquiera con una Cámara más favorable, Milei logró avanzar sobre dos políticas sensibles que el Congreso ya defendió en reiteradas oportunidades.
La votación general reflejó el entramado de apoyos circunstanciales que hoy sostiene al oficialismo: La Libertad Avanza, bloques provinciales y monobloques que aportaron los números necesarios para el dictamen en general. Sin embargo, ese respaldo se desarmó cuando el debate llegó al núcleo más controvertido del proyecto.
El capítulo que el Gobierno no pudo blindar
El punto de quiebre fue el Capítulo 11, titulado “Otras disposiciones”. Allí, mediante el artículo 75, el Ejecutivo intentó derogar sin nombrarlas las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, escondiéndolas dentro de un paquete heterogéneo y forzando a votar el capítulo completo.
La maniobra fue denunciada por la oposición como un ardid para empujar a aliados del oficialismo a acompañar una decisión que muchos de ellos ya habían rechazado meses atrás. El resultado fue contundente: 123 votos contra 117 sepultaron el capítulo y dejaron sin efecto la derogación.
El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, apuntó directo al corazón de la estrategia oficial: advirtió que el artículo 75 se había convertido en una herramienta de presión política y judicial, y calificó la jugada como una “estafa institucional”. Incluso desde el PRO surgieron cuestionamientos al método elegido, evidenciando fisuras en el andamiaje oficialista.
Gobernadores, ATN y votos que no alcanzaron
En las horas previas a la votación, sobrevoló con fuerza el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Provincias como Tucumán, Misiones, Catamarca y Salta recibieron refuerzos significativos, leídos en el recinto como parte de la negociación para asegurar los votos del Presupuesto en general.
Pero el “regado” de fondos no alcanzó. Diputados que responden a gobernadores clave terminaron votando contra el Capítulo 11 o absteniéndose, desarmando la cuenta fina del oficialismo. La sorpresa fue total: el Gobierno descontaba que los mandatarios provinciales cerrarían filas, pero varios eligieron no pagar el costo político de avanzar contra universidades y discapacidad.
El golpe se sintió fuerte en el oficialismo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó la votación de los artículos más polémicos y la oposición terminó de sellar la derrota. En los pasillos, la imagen del oficialismo pasó rápidamente de la confianza al desconcierto.
Tres derrotas en un mismo año
No es un dato menor: es la tercera vez en 2026 que el Congreso se pronuncia a favor de las universidades públicas y de las personas con discapacidad. Primero al sancionar las leyes, luego al insistirlas tras el veto presidencial y ahora al impedir su eliminación dentro del Presupuesto.
Desde el interbloque radical no ocultaron la satisfacción: el Gobierno perdió tres veces contra los mismos sectores sociales. Esta vez, además, quedó expuesto el límite de una mayoría construida a fuerza de negociaciones puntuales, fondos discrecionales y concesiones sectoriales.
La reacción no tardó en llegar desde afuera del Congreso. Juan Grabois celebró el resultado en redes sociales y resumió el clima opositor con crudeza: el oficialismo “se pasó de angurriento y perdió”, al no poder borrar derechos que ya cuentan con respaldo parlamentario y social.
El cierre de la sesión dejó un mensaje claro. Milei consiguió el Presupuesto 2026, pero volvió a fracasar en su intento de avanzar sobre políticas que tocan fibras profundas. Universidades y discapacidad marcaron, una vez más, un límite político que ni los aliados circunstanciales ni los ATN lograron torcer.
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