La Justicia federal extendió la investigación hasta 2026 y agravó las imputaciones contra nueve detenidos en una causa que ya tiene 33 víctimas menores identificadas. La red operaba con captación sistemática de adolescentes y explotación sexual en hoteles, rutas y viviendas particulares.
Por Bruno Ezequiel Barrenechea para NLI
En el marco de la investigación que encabeza el fiscal general Eduardo Villalba, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pedido de ampliación de imputaciones penales y a la extensión del plazo de investigación en una causa que expone el funcionamiento de una red de trata sexual dedicada a captar alumnas de colegios secundarios, tanto públicos como privados.
La decisión, informan desde Fiscales, fue adoptada tras una audiencia realizada el 16 de diciembre, que se extendió por más de seis horas y contó con la participación del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, en representación de 16 menores, además de querellas particulares y de la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma. El nuevo plazo de investigación fue fijado hasta mayo de 2026, ante el volumen y la gravedad de las pruebas recolectadas.
De cuatro detenidos a una red con nueve imputados y 33 víctimas
La investigación había sido formalizada el 11 de septiembre, luego de la detención inicial de cuatro personas, imputadas como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, el número de intervinientes y la consumación de la explotación.
Con el avance de las pesquisas, se sumaron cinco nuevos implicados, elevando a nueve el número total de detenidos. En paralelo, el número de víctimas identificadas pasó de 3 a 33 adolescentes, sin que se descarte la existencia de más menores afectadas.
Un rol clave lo cumple el Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, a cargo de la psicóloga Verónica Olguín Rufino, cuya tarea de contención permitió que las chicas pudieran relatar cómo funcionaba la red, identificar a los captadores y detectar nuevas víctimas. Actualmente se desarrollan entrevistas en Cámara Gesell, consideradas centrales para cerrar el círculo delictivo. En la causa también interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
La investigación se apoya además en peritajes a teléfonos celulares y otros dispositivos, reportes de transferencias bancarias, análisis de redes sociales y tareas de campo realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Delitos agravados, amenazas y descarte de víctimas al cumplir 18 años
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, y cinco de ellos también fueron acusados de integrar una asociación ilícita destinada a facilitar y promover la prostitución. A esto se suman imputaciones por tenencia y distribución de material sexual infantil, corrupción de menores, abuso sexual, y promoción y facilitación de la prostitución agravada por minoridad.
Al fundamentar la ampliación de las imputaciones, el fiscal Villalba sostuvo que las nuevas calificaciones surgen de numerosas evidencias objetivas que coinciden con los relatos de las víctimas, tanto en la identificación de los imputados como en los lugares donde se consumaba la explotación, entre ellos hoteles y alojamientos sobre la ruta 26, además de viviendas particulares.
La fiscalía también advirtió que resta analizar un volumen significativo de material probatorio, lo que podría derivar en nuevos delitos o más personas implicadas. A ello se suman las entrevistas en Cámara Gesell aún en curso, algunas de ellas realizadas bajo un clima de temor, ya que se comprobó que varios acusados amenazaron a las menores antes de ser detenidos, lo que obligó a adoptar medidas de protección especiales.
Uno de los aspectos más estremecedores del caso es la lógica de descarte de la red: según se expuso en audiencia, las adolescentes eran “desechadas” cuando cumplían 18 años, lo que da cuenta de un esquema sistemático de explotación centrado exclusivamente en niñas y menores de edad.
Cómo se destapó la red de trata sexual
La causa se inició el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una de las víctimas advirtió que su hija tenía un celular de alta gama incompatible con su situación económica. Al revisarlo, encontró mensajes de contenido sexual, entre ellos uno enviado por un remisero, hoy imputado, en el que hacía referencias explícitas a otra hija de 12 años.
La denuncia derivó primero en una causa provincial, pero tras analizar el contenido del teléfono secuestrado, la justicia ordinaria se declaró incompetente ante la hipótesis de trata de personas, y el expediente pasó al ámbito federal.
Según la reconstrucción fiscal, el remisero habría sido el fundador de la red, encargado de coordinar los “servicios” y cobrar el dinero, aunque todos los imputados participaban en la captación, con una consigna repetida entre las víctimas: “conseguí más amigas”. Las adolescentes provenían de distintos colegios y clases sociales, y eran sometidas a exigencias sobre aspecto físico, vestimenta, prácticas sexuales e incluso consumo forzado de drogas.
Mensajes incorporados a la causa revelan pedidos explícitos para llevar menores a despedidas de solteros, encuentros “después de jugar al fútbol” y otros contextos de explotación sexual. Para la fiscalía, quedó acreditada la existencia de un número importante de niñas atrapadas en una red que operaba de manera organizada y sistemática, hipótesis respaldada por las querellas y por los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas.
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