Murió sin hablar uno de los verdugos del terrorismo de Estado

Falleció Guglielminetti.

Por Roque Pérez para NLI

El multicondenado represor Raúl Antonio Guglielminetti, conocido como “El Mayor Guastavino” o “El Ronco”, murió a los 84 años sin arrepentirse, sin pedir perdón y sin romper el pacto de silencio que aún hoy encubre el destino de cientos de víctimas del terrorismo de Estado. Falleció en su domicilio de Mercedes, donde cumplía prisión domiciliaria desde septiembre pasado, beneficiado por un cuadro de salud deteriorado que la Justicia consideró suficiente para sacarlo de la cárcel.

La muerte lo encontró como vivió gran parte de su vida: impune en lo esencial, protegido por una red de silencios y privilegios que sobrevivió incluso a décadas de juicios por delitos de lesa humanidad. Condenado a prisión perpetua en múltiples causas, Guglielminetti murió en su cama, sin aportar una sola verdad útil para las familias que todavía buscan a sus desaparecidos.

Un represor sin arrepentimiento

La figura de Guglielminetti volvió al centro de la escena pública en julio de 2024, cuando recibió en la cárcel de Ezeiza a un grupo de diputados de La Libertad Avanza, que lo visitaron junto a otros genocidas. En ese encuentro, el represor entregó un sobre con “propuestas” para lograr la libertad de los condenados, en una escena que condensó el retroceso discursivo y político que atraviesa la agenda de Derechos Humanos en la Argentina bajo el actual clima negacionista.

INSÓLITO: Diputada libertaria que visitó genocidas en Ezeiza afirmó: «Nací en 1993 y no tenía ni idea de quiénes eran»

Ese episodio no fue un exabrupto aislado: expuso la persistencia de vínculos entre sectores de la ultraderecha política y los responsables del genocidio, así como el intento explícito de reinstalar la idea de reconciliación sin verdad ni justicia.

Una vida al margen de la ley

Guglielminetti inició su carrera en los servicios de inteligencia en 1970 y operó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601, el corazón del aparato represivo ilegal. Su prontuario recorre buena parte del mapa del terror estatal.

En Neuquén, fue mano derecha del interventor universitario Remus Tetu y actuó en el Destacamento de Inteligencia 182, en articulación con la Triple A, incluso antes del golpe de 1976. En la segunda mitad de ese año se integró a la patota de Aníbal Gordon en el centro clandestino Automotores Orletti, pieza clave del Plan Cóndor.

Más tarde, como integrante de las patotas de la Superintendencia de Seguridad Federal, fue reconocido por sobrevivientes de El Olimpo y Club Atlético. Su sadismo quedó grabado en numerosos testimonios: se ensañaba con ciertos secuestrados y obligaba a mujeres detenidas-desaparecidas a plancharle la ropa, como parte de un régimen de humillación sistemática.

En el marco de la llamada “subversión económica”, actuó en el Primer Cuerpo de Ejército y participó de secuestros extorsivos en Campo de Mayo, como los investigados en la causa Chavanne-Grassi, donde el terrorismo de Estado se combinó con el robo liso y llano.

El espía que sobrevivió a la democracia

En 1987, frente a la Cámara Federal, Guglielminetti dejó una frase que sintetiza la lógica del aparato represivo: “He sido preparado como agente de inteligencia para obrar, en el noventa por ciento de los casos, al margen de la ley”. No fue una confesión arrepentida, sino una declaración de orgullo.

Durante años permaneció prófugo hasta que fue detenido en 2006 en su campo de Mercedes. Desde entonces acumuló condenas por crímenes de lesa humanidad, pero el peso real de esas sentencias nunca se tradujo en cárcel efectiva hasta el final de sus días. Un hematoma subdural sufrido en prisión fue el argumento para otorgarle la domiciliaria que terminó sellando su muerte en libertad.

La muerte de Guglielminetti no cierra ninguna herida. No hubo verdad, no hubo colaboración, no hubo humanidad. Su silencio es el de muchos represores que eligieron llevarse a la tumba información clave sobre el destino de los desaparecidos. Y su final, una vez más, expone las deudas pendientes de un sistema judicial que todavía permite que los genocidas mueran sin rendir cuentas completas ante la sociedad.