En una jugada política de enorme contenido simbólico y práctico, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 87/2026 para ordenar a la Procuración del Tesoro de la Nación que deje de actuar como querellante en la causa que investigaba el megacrédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión se produjo apenas tres días después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidiera archivar la investigación penal, sosteniendo que no se cometieron delitos penales y que las decisiones cuestionadas fueron meras políticas económicas discrecionales.
Por Tomás Palazzo para NLI
La decisión de Capuchetti: un archivo con argumentación problemática
La causa N° 3561/2019 —caratulada “Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”— había sido iniciada hace años con la presentación formal de una denuncia penal contra Macri y parte de su equipo económico, bajo el argumento de que el megacrédito del FMI fue gestionado de forma irregular y con consecuencias gravosas para el Estado.
Sin embargo, el 2 de febrero de 2026, la magistrada María Eugenia Capuchetti —a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5— decidió archivar la causa, concluyendo que los dispositivos legalmente cuestionados eran “discrepancias con decisiones de política económica” que no pueden ser reprochadas penalmente, puesto que forman parte del ejercicio propio de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.
Esta decisión, de alto impacto político, fue respaldada institucionalmente al punto que el Poder Ejecutivo tomó su argumento como base para eliminar la participación del Estado en la querella, bajo el supuesto de que “las decisiones eran materia de política económica y no de derecho penal”: una línea argumental que politiza el derecho penal y diluye la posibilidad de investigar consecuencias institucionales de decisiones económicas de enorme magnitud.
Milei y el decreto 87/2026: retiro de la querella y discurso de racionalización estatal
Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento del Boletín Oficial y firmado también por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno derogó el artículo 1° del antiguo Decreto 239/2021 que facultaba a la Procuración del Tesoro de la Nación a actuar como querellante en la causa.
En los considerandos, el Ejecutivo justificó la medida con una retórica de “eficiencia” y de “especialidad técnica”: argumentó que la querella penal no corresponde a la naturaleza de la Procuración del Tesoro y que el Ministerio Público Fiscal (la Fiscalía) es el “órgano más apto” para impulsar esa clase de investigaciones.
Para Milei y su equipo, la derogación no significaría una “renuncia” a perseguir daños al Estado en sede civil —o eso afirman— sino más bien una reconfiguración del rol del Estado en causas judiciales de alto perfil político, una lógica consistente con el planteo libertario de limitar la intervención del Estado en ámbitos que no sean estrictamente técnicos.
Un patrón político: archivo judicial y retiro estatal
Lo sucedido con la causa del megacrédito del FMI no es un hecho aislado. En los últimos tiempos, causas vinculadas a la gestión de deuda externa y temas sensibles han sido archivadas o han sufrido retrocesos relevantes en las instancias judiciales. Esa tendencia, sumada ahora al retiro del Estado como querellante, configura un patrón que beneficia políticamente a figuras del macrismo hoy bajo escrutinio, como Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger —todos directamente implicados en la operatoria con el FMI.
Para sectores críticos del Gobierno, esta decisión deja al descubierto una correlación entre la agenda política de Milei —de avance sobre el rol del Estado y recorte de sus funciones institucionales— y un respaldo indirecto a los exfuncionarios de Cambiemos, lo que despierta sospechas sobre el debilitamiento del escrutinio de decisiones que afectaron a la economía nacional.
Implicancias más allá de la causa: impacto institucional
El archivo de la causa y el cese de la querella estatal no son sólo hechos jurídicos: tienen un fuerte contenido político y simbólico. Por un lado, abren una discusión sobre el alcance del derecho penal para examinar decisiones de política económica cuando estas tienen efectos profundos en la vida de millones de argentinos. Por otro, marcan un avance en la concepción del rol del Estado como actor activo en investigaciones judiciales complejas, trasladando ese rol casi exclusivamente a una Fiscalía que, históricamente, se encuentra con menos mecanismos de control democrático.
Para la oposición y amplios sectores de la sociedad crítica a la gestión de Milei, esta combinación —decisiones judiciales de alcance sustancial y una política ejecutiva que retira al Estado como parte querellante— es señal de un retroceso en la rendición de cuentas sobre hechos que podrían configurar responsable penal de altísimas autoridades públicas.
Una disputa que excede los tribunales
El impacto de estas decisiones se proyecta también en el plano político más amplio: mientras Milei redefine el rol institucional del Estado en la justicia penal, sectores opositores advierten que ese desplazamiento favorece a una elite política y económica que hasta ahora ha operado con escasa rendición de cuentas por decisiones cruciales —como el endeudamiento con el FMI que marcó a toda una generación argentina.
En definitiva, la combinación entre una decisión judicial controvertida como la de Capuchetti y una estrategia política ejecutiva de Milei para retirar al Estado de la querella penal no sólo modifica el curso de una sola causa: reconfigura las reglas de juego del poder político y la justicia en Argentina, con implicancias para la memoria institucional, la responsabilidad pública y los equilibrios de poder que van mucho más allá del préstamo del FMI.
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Noticias La Insuperable 
Exonerados quienes sometieron al país y a los argentinos del laburo con la ruinosa deuda contraida en 2018 por la banda mafiosa conducida por Mauricio Macri. Deberían estar con una condena efectiva pero, no con tobillera como se encuentra la expresidenta CFK, sino esposados manos a la espalda por si llegan a habilitarlos en futuro. para poner una firma…; por qué no?, el presente bien lo demuestra.
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