Sostienen que Caputo ordenó mantener un cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones desactualizadas
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Legisladores nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron este 13 de febrero de 2026 una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a raíz de lo que calificaron como una intervención política y técnica indebida sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con consecuencias graves para la credibilidad de los números oficiales e impactos directos sobre la vida de millones de argentinos.
La presentación fue impulsada por las diputadas Julia Strada y Paula Penacca, junto al jefe del bloque Germán Martínez, y se formalizó ante el Juzgado Federal N° 8. La denuncia imputa a Caputo por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y la violación del secreto estadístico previsto en la ley 17.622.
Los diputados sostienen que Caputo ordenó mantener un cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones desactualizadas, pese a que el propio INDEC había definido una nueva metodología para aplicar desde enero de este año. Esta decisión, según la denuncia, busca retrasar la aplicación del nuevo índice hasta que finalice la recomposición tarifaria, lo cual podría reducir el número de inflación oficial y modificar el impacto de la suba de precios.
Strada denunció públicamente que el ministro incluso anticipó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que el número fuese informado oficialmente, lo que, a su entender, viola el secreto estadístico y atenta contra la independencia técnico-científica del organismo público de estadísticas.
Para los legisladores, la manipulación de estadísticas oficiales no es un asunto menor: el IPC incide en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones, la negociación paritaria de salarios, la determinación de contratos públicos y privados y la credibilidad de las decisiones económicas y financieras del Estado argentino.
El bloque opositor acusa a Caputo de una conducta que a su entender excede las facultades técnicas del cargo y constituye un abuso de autoridad, con efectos que pueden repercutir en la vida cotidiana de trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.
La presentación judicial se da en un contexto político agudo, en el que la confianza en las estadísticas oficiales y en la gestión económica del Gobierno de Milei ha sido objeto de intensas críticas, tanto por sectores opositores como por analistas independientes, que advierten sobre la importancia de la independencia institucional del INDEC para garantizar transparencia y justicia distributiva en un país con una inflación persistente.
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