La falacia de la industria del Juicio

¿Qué hay de cierto en la argumentación del gobierno?

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

En medio del debate por la reforma laboral que busca recortar derechos y facilitar la desregulación del empleo, circula con fuerza un concepto que forma parte más de una estrategia política que de una realidad empírica: la llamada “industria del juicio”. Esta noción se ha instalado en discursos públicos e incluso en propuestas legislativas para justificar cambios que, en los hechos, podrían debilitar las garantías laborales fundamentales.

El término apareció nuevamente con fuerza en la cobertura de Mundo Gremial, a partir de un artículo del abogado Dr. Gabriel V. Izaguirre, especialista en Derecho del Trabajo, quien desmonta el uso de esta expresión como parte de un “latiguillo” discursivo más que como una descripción de un fenómeno masivo real. Según Izaguirre, hablar de una industria detrás de los juicios laborales es “como si describiera un fenómeno probado y masivo, cuando en realidad funciona como un recurso retórico destinado a legitimar el recorte de derechos laborales”.

Entre los datos y la narrativa

Los números oficiales desdibujan la narrativa de una litigiosidad descontrolada. Según cifras del INDEC para 2024, de casi 20 millones de trabajadores registrados en el país, menos del 2 % inició un juicio laboral en ese año. Este porcentaje evidencia que la gran mayoría de las y los trabajadores no recurre a la justicia para dirimir conflictos laborales, lo que contradice la idea de una litigiosidad masiva.

Además, gran parte de esos procesos corresponden a reclamos por accidentes y enfermedades laborales —en muchos casos con la intervención de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART)— y no a litigios indemnizatorios “abusivos”. Es decir, la mayor parte de los casos que se judicializan responden a violaciones concretas de derechos y no a un supuesto abuso del sistema por parte de demandantes.

La precarización, no los juicios

El propio argumento que pretende justificar la existencia de una “industria del juicio” oculta un problema estructural más profundo: la precarización del trabajo. Cuando se observan las condiciones reales que enfrentan millones de trabajadoras y trabajadores —salarios impagos, falta de registración, condiciones inseguras— se entiende que los juicios no son un fenómeno autónomo, sino una respuesta a incumplimientos previos de normas laborales.

Este enfoque coincide con otras voces críticas que han señalado que la idea de una industria detrás de los juicios laborales carece de sustento estadístico y sirve, más bien, para desviar la atención de las causas reales de conflictos laborales.

El uso político del término

Presentar la litigiosidad laboral como una “industria” tiene efectos concretos en la discusión pública. Según la argumentación de Izaguirre, la narrativa cambia la agenda: el foco deja de estar en mejorar la calidad del empleo y proteger derechos, y se traslada a justificar la reducción de costos laborales a costa de debilitar las garantías jurídicas de quienes trabajan.

La verdadera falacia, entonces, no está en la existencia de juicios —que en muchos casos responden a derechos vulnerados— sino en la promesa de que menos derechos significarán más empleo. Ese intercambio, como señala el análisis crítico, siempre recae en detrimento de la clase trabajadora.

Conclusión

Lejos de ser una fábrica de litigios, el actual sistema de justicia laboral refleja la persistencia de violaciones a derechos básicos y la necesidad de su resguardo. La “industria del juicio” no es una realidad verificable en los datos, sino un mito funcional al relato de quienes buscan limitar las herramientas de defensa de los trabajadores. Frente a este tipo de argumentos, es esencial desmontar la retórica y poner sobre la mesa los hechos: los juicios laborales no son una industria, sino el resultado de violaciones previas que deben ser atendidas, no estigmatizadas.