La causa avanza.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
El escándalo que rodea a Manuel Adorni sumó un capítulo clave: la Justicia decidió avanzar sobre sus cuentas y las de su entorno más cercano. En el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del funcionario y de su esposa.
La medida apunta a reconstruir en detalle cómo evolucionó el patrimonio de Adorni antes y después de su llegada al poder, en medio de crecientes sospechas sobre sus movimientos económicos y su estilo de vida.
La resolución judicial no es menor. Implica que los investigadores podrán acceder a información sensible: cuentas bancarias, consumos con tarjeta, inversiones, créditos, cajas de seguridad y cualquier otra operatoria financiera vinculada a la pareja.
El pedido había sido impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca verificar el origen de los fondos y contrastarlos con las declaraciones juradas del funcionario, una pieza central en cualquier causa por enriquecimiento ilícito.
Una causa que no deja de crecer
La investigación tiene varios frentes abiertos. Uno de los ejes principales es la compra de un departamento en Caballito, una operación que llamó la atención por su estructura financiera: incluyó una hipoteca sin interés otorgada por las propias vendedoras.
Ese tipo de maniobras —inusuales en el mercado inmobiliario— encendió alarmas en la fiscalía, que ahora busca determinar si la operación es consistente con los ingresos declarados por Adorni.
Pero no es el único punto bajo la lupa. También se analizan viajes, consumos y gastos que, según distintas investigaciones periodísticas, no parecen compatibles con los ingresos oficiales del jefe de Gabinete.
En paralelo, la Justicia amplió el alcance de la investigación a terceros: varias personas que aparecen como prestamistas o acreedoras del funcionario también quedaron alcanzadas por el levantamiento del secreto fiscal.
Del discurso anticasta a las sospechas patrimoniales
El avance judicial golpea de lleno en el corazón del relato oficial. Adorni, uno de los principales voceros del gobierno de Milei, construyó su figura política en torno a la crítica a la “casta” y la promesa de transparencia.
Sin embargo, la causa apunta justamente a determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado, una de las figuras más sensibles dentro de los delitos contra la administración pública.
El objetivo de la fiscalía es claro: reconstruir la evolución económica del funcionario desde al menos 2022, para detectar inconsistencias, ingresos no declarados o maniobras irregulares.
La medida también alcanza a una empresa vinculada a la pareja, lo que amplía aún más el espectro de análisis sobre sus movimientos financieros.
Una investigación que recién empieza
Lejos de cerrarse, el expediente parece entrar en una etapa más profunda. Con el secreto fiscal levantado, la Justicia tendrá acceso a información clave que podría confirmar —o descartar— las sospechas.
Lo que está en juego no es solo la situación judicial de Adorni, sino la credibilidad de un gobierno que hizo de la transparencia su bandera.
Mientras tanto, el caso sigue avanzando en Comodoro Py y suma presión política sobre un funcionario que, hasta hace poco, se mostraba como uno de los hombres más cercanos al poder.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 