Sigue el vaciamiento del Estado.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo sistema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que vuelve a encender alarmas dentro del organismo científico y técnico más importante del país en materia agropecuaria. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, habilita el programa durante todo mayo y se inscribe en la política de ajuste y reducción del Estado impulsada por Milei y Federico Sturzenegger.
La disposición fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y establece un régimen especial para trabajadores de planta permanente interesados en desvincularse “de común acuerdo” con la institución. Aunque formalmente se presenta como un mecanismo voluntario, en el sector ya hablan de un escenario de presión interna, congelamiento presupuestario y degradación progresiva de funciones estratégicas.
El INTA no es un organismo menor. Desde hace décadas cumple un rol clave en investigación aplicada, asistencia técnica a productores, desarrollo de semillas, innovación tecnológica, control sanitario y articulación territorial con economías regionales. Su presencia federal, con estaciones experimentales y agencias en todo el país, lo convirtió históricamente en una de las principales herramientas estatales para el desarrollo agropecuario argentino.
Por eso, la decisión del Gobierno fue interpretada por trabajadores y especialistas como un nuevo paso hacia el desguace de capacidades públicas. La apertura de retiros voluntarios llega después de meses de recortes presupuestarios, paralización de proyectos y advertencias sobre posibles cierres o fusiones de áreas técnicas.
Ajuste, achique y presión sobre los organismos públicos
La resolución establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga. El esquema contempla compensaciones económicas según antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador. Sin embargo, puertas adentro del organismo crece la preocupación por el efecto acumulativo de las políticas oficiales.
En distintos sectores del INTA ya venían denunciando reducción de actividades, falta de financiamiento operativo y vaciamiento gradual de programas territoriales. La preocupación no se limita al plano laboral: también alcanza a productores pequeños y medianos que dependen de la asistencia técnica del instituto, especialmente en economías regionales.
La ofensiva sobre el INTA se produce además en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos. En los últimos meses también hubo recortes en áreas vinculadas al CONICET, universidades nacionales y programas de investigación pública, en línea con la lógica libertaria de achicar el rol del Estado incluso en sectores estratégicos.
El trasfondo político detrás del recorte
Aunque el Gobierno argumenta que busca “modernizar” y “hacer eficiente” la administración pública, el impacto político del ajuste empieza a sentirse incluso en sectores históricamente vinculados al agro. Dentro del INTA existe malestar por la posibilidad de perder recursos humanos altamente especializados, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica difícilmente reemplazable.
Además, el avance sobre organismos técnicos genera una contradicción creciente: mientras Milei reivindica permanentemente al “campo” como motor económico del país, el Estado reduce estructuras que durante décadas sostuvieron investigación, innovación y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.
El temor sindical y de parte del personal es que los retiros voluntarios funcionen como antesala de un recorte más agresivo. En otras áreas del Estado, mecanismos similares terminaron derivando en despidos, cierre de dependencias y pérdida de capacidades operativas.
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