Se complica Adorni.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo explosivo: la Justicia federal ya detectó movimientos vinculados a criptomonedas y activos digitales mientras avanza sobre el entramado financiero del jefe de Gabinete. La investigación, que tramita en Comodoro Py bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, empieza ahora a internarse en uno de los territorios más opacos del universo financiero contemporáneo: las billeteras virtuales y las transferencias en blockchain.
Los primeros reportes remitidos por plataformas de criptomonedas confirmaron operaciones digitales vinculadas a Adorni. Aunque desde la fiscalía deslizan que los montos detectados hasta el momento serían menores en comparación con los flujos de efectivo que ya forman parte del expediente, los investigadores sospechan que podría tratarse apenas de la punta del iceberg. Por eso ya evalúan estudios técnicos de “trazabilidad” para reconstruir el recorrido completo de los fondos.
La novedad golpea de lleno a un Gobierno que atraviesa semanas de crisis política por el escándalo patrimonial alrededor de Adorni. En distintos despachos oficiales ya admiten que el caso paraliza áreas enteras de gestión y obliga a funcionarios libertarios a responder preguntas incómodas cada vez que intentan instalar otros temas de agenda. Incluso dentro del oficialismo empiezan a multiplicarse los cuestionamientos internos por el costo político del blindaje que Milei sostiene sobre su funcionario más golpeado.
La ruta del dinero digital
El expediente ya venía acumulando testimonios y documentación sobre operaciones en efectivo difíciles de justificar. Uno de los contratistas que declaró en la causa aseguró que Adorni habría pagado alrededor de 245 mil dólares cash por reformas en propiedades particulares, sin facturación formal. A eso se sumaron operaciones inmobiliarias bajo sospecha, gastos en countries exclusivos y viajes internacionales abonados en efectivo.
Ahora, la investigación apunta a cruzar esos movimientos físicos con la actividad dentro del ecosistema fintech y cripto. La Justicia pidió información sobre billeteras virtuales, CVU, alias y plataformas digitales utilizadas por Adorni, su esposa Bettina Angeletti y las firmas vinculadas al matrimonio. También requirió al Banco Central un detalle completo de cuentas, tarjetas, préstamos, cajas de seguridad y productos financieros registrados desde 2022 hasta la actualidad.
La aparición de operaciones con criptomonedas representa un problema adicional para los investigadores porque el universo digital permite fragmentar, mover y ocultar activos con mucha mayor facilidad que el sistema bancario tradicional. Precisamente por eso la fiscalía analiza recurrir a herramientas especializadas de blockchain para rastrear origen y destino de los fondos detectados.
Una crisis política que ya impacta en el Gobierno
Mientras la causa escala judicialmente, el desgaste político también se acelera. Distintos medios coinciden en que dentro del Gobierno ya hablan de gestión “freezada” por el escándalo y reconocen que la situación se volvió un problema estructural para la administración libertaria.
La oposición, por su parte, endurece la ofensiva parlamentaria y judicial. En las últimas semanas crecieron las denuncias públicas alrededor de supuestos movimientos millonarios, propiedades no declaradas y operaciones financieras incompatibles con los ingresos oficiales del funcionario. La diputada Marcela Pagano incluso aseguró que existirían movimientos cercanos a los tres millones de dólares a través de billeteras virtuales, una cifra que todavía no fue oficialmente corroborada por la Justicia pero que terminó amplificando la presión política sobre el Gobierno.
En paralelo, Milei continúa sosteniendo públicamente a Adorni pese a que el caso ya se convirtió en uno de los mayores focos de desgaste político para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión. Y mientras los expedientes avanzan, en Comodoro Py empiezan a mirar cada vez más de cerca el patrimonio digital del funcionario libertario.
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