A siete décadas de uno de los crímenes más emblemáticos de la autodenominada Revolución Libertadora, la Justicia Federal de San Martín reconoció finalmente que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron delitos de lesa humanidad. La decisión judicial no implica condenas penales porque todos los responsables directos murieron hace años, pero representa una reparación histórica para las víctimas, sus familias y para la memoria colectiva argentina.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Por primera vez, un tribunal estableció que aquellas ejecuciones clandestinas perpetradas en junio de 1956 no fueron excesos aislados ni errores operativos, sino parte de un plan represivo impulsado desde las máximas autoridades de la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. La sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad desarrollado en San Martín.
La noche en que la Revolución Libertadora mostró su verdadero rostro
Los hechos ocurrieron entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956. Mientras se desarrollaba el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón, efectivos policiales irrumpieron ilegalmente en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida. Allí detuvieron a doce personas, muchas de las cuales ni siquiera participaban de la sublevación y se encontraban reunidas escuchando una pelea de boxeo por radio.
Tras ser trasladados a una dependencia policial, los detenidos fueron llevados a un descampado en los basurales de José León Suárez. Allí recibieron la orden de ser ejecutados sin juicio, sin defensa y sin ningún procedimiento legal. Cinco de ellos fueron asesinados. Otros siete sobrevivieron de manera milagrosa, convirtiéndose en testigos fundamentales de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina.
La investigación judicial concluyó que la cadena de mandos funcionó de manera organizada y que la represión fue planificada desde los niveles más altos del régimen. Según el fallo, de haber estado vivos los responsables, habrían enfrentado penas de prisión perpetua por homicidios agravados e intentos de homicidio.
Rodolfo Walsh y la verdad que sobrevivió a las balas
La historia de José León Suárez podría haber quedado enterrada para siempre de no haber sido por el trabajo periodístico de Rodolfo Walsh. Meses después de los fusilamientos, Walsh escuchó una frase que cambiaría la historia del periodismo argentino: «Hay un fusilado que vive». Ese sobreviviente era Juan Carlos Livraga.
A partir de ese dato, Walsh reconstruyó los hechos junto a la periodista Enriqueta Muñiz y publicó «Operación Masacre», una obra pionera del periodismo de investigación latinoamericano que desmontó la versión oficial de la dictadura y reveló la ilegalidad de las ejecuciones. La investigación demostró que las detenciones se habían producido incluso antes de que entrara formalmente en vigencia la ley marcial invocada por los represores para justificar los asesinatos.
Setenta años después, la propia Justicia terminó respaldando buena parte de lo que Walsh había documentado cuando el aparato estatal intentaba ocultarlo. No es casual que la sentencia haya ordenado también medidas de preservación de la memoria y el estudio de estos acontecimientos como parte de la historia argentina.
Una reparación histórica para las víctimas
El juicio tuvo características particulares. Al haber fallecido todos los responsables materiales y políticos, el proceso no podía derivar en condenas penales. Sin embargo, permitió reconstruir judicialmente los hechos, escuchar testimonios de familiares y sobrevivientes, y establecer responsabilidades estatales de manera oficial.
Entre las medidas ordenadas por la jueza se encuentran acciones de reparación simbólica, señalización de los lugares vinculados a la masacre y la preservación de la memoria de las víctimas. La sentencia reconoce expresamente el daño sufrido por las familias durante décadas de silencio, negación e impunidad.
La decisión también tiene un profundo valor jurídico y político porque incorpora estos hechos al universo de los crímenes de lesa humanidad, una categoría reservada para las violaciones más graves cometidas desde el aparato estatal contra la población.
Setenta años después de aquella madrugada en los basurales de José León Suárez, la verdad judicial llegó finalmente donde la justicia penal ya no podía alcanzar. Lo que durante décadas fue denunciado por sobrevivientes, familiares y por Rodolfo Walsh quedó escrito en una sentencia: aquellos fusilamientos fueron un crimen del Estado argentino. Y la memoria, una vez más, terminó derrotando al olvido.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 