Leer es peligroso: cuando la Dictadura quemó una montaña de libros

Durante más de dos décadas, el Centro Editor de América Latina revolucionó la forma de acceder al conocimiento en la Argentina. Con colecciones vendidas en kioscos, precios populares y un proyecto cultural que buscaba llevar libros a los hogares de trabajadores, estudiantes y familias de todo el país, aquella experiencia se convirtió en uno de los fenómenos editoriales más importantes de América Latina. Su historia también refleja una disputa que atraviesa al país desde hace décadas: si el conocimiento debe ser un derecho o una mercancía.

Por Redacción de NLI

Hay una escena que hoy parece casi imposible de imaginar. Un obrero saliendo de una fábrica, una maestra regresando de la escuela o un empleado viajando en tren podían detenerse en un kiosco y, junto al diario o una revista, comprar un libro de historia, literatura, filosofía, ciencias naturales o economía por un precio accesible. No era una excepción ni una campaña ocasional. Era parte de un proyecto editorial que buscaba romper una barrera histórica de la Argentina: que el acceso al conocimiento dejara de ser un privilegio reservado para quienes podían comprar costosos libros universitarios o frecuentar librerías especializadas. Detrás de aquella idea estaba el Centro Editor de América Latina (CEAL), una experiencia que transformó para siempre la cultura argentina y que todavía hoy constituye uno de los ejemplos más ambiciosos de democratización del conocimiento en el continente.

El CEAL nació en 1966, impulsado por el editor Boris Spivacow, apenas unos meses después de haber sido desplazado de la dirección de Eudeba como consecuencia del golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía. La intervención militar sobre las universidades nacionales y la célebre Noche de los Bastones Largos no significaron solamente la expulsión de docentes e investigadores; también implicaron el desmantelamiento de uno de los proyectos editoriales universitarios más importantes de América Latina. Lejos de abandonar aquella experiencia, Spivacow decidió reconstruirla desde el ámbito privado, pero conservando la misma convicción: los libros debían llegar a la mayor cantidad posible de personas y no convertirse en un producto reservado para una minoría ilustrada.

Aquella decisión dio origen a una experiencia extraordinaria. A diferencia de las editoriales tradicionales, el Centro Editor no pensaba únicamente en publicar autores prestigiosos o ediciones de lujo. Su objetivo era mucho más ambicioso: construir una biblioteca nacional distribuida en fascículos, colecciones temáticas y libros económicos que pudieran encontrarse en cualquier rincón del país. Miles de argentinos conocieron a Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Rodolfo Walsh, José Hernández, Domingo Faustino Sarmiento, Eduardo Galeano o Arturo Jauretche gracias a esas publicaciones que llegaban a kioscos, escuelas, bibliotecas populares y clubes de barrio. El conocimiento dejaba de circular exclusivamente por ámbitos académicos para instalarse en la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad.

La magnitud del proyecto fue impresionante. Durante sus más de veinte años de actividad, el CEAL publicó más de cinco mil títulos y distribuyó millones de ejemplares, una cifra extraordinaria para cualquier mercado editorial latinoamericano. Pero el dato cuantitativo resulta insuficiente para comprender su verdadero impacto. Lo que estaba en juego era una concepción de la cultura profundamente democrática. Spivacow sostenía que un país que pretendiera desarrollarse necesitaba ciudadanos capaces de leer, discutir y acceder a distintas corrientes del pensamiento. En esa lógica, editar libros baratos no era solamente una estrategia comercial; era una política cultural.

Esa idea chocó rápidamente con los sectores que concebían la circulación del conocimiento como un terreno que debía ser vigilado. Durante la última dictadura cívico-militar, el Centro Editor fue objeto de persecuciones, allanamientos y censura. Numerosos títulos fueron secuestrados y, en 1980, miles de libros publicados por la editorial fueron quemados en un terreno baldío de Sarandí por orden judicial, en una de las imágenes más brutales del terrorismo de Estado contra la cultura. La escena de aquellas montañas de libros ardiendo sintetizó algo más profundo que un acto de censura: expresó el temor de la dictadura hacia una sociedad que leyera, debatiera y desarrollara pensamiento crítico. No era casual que uno de los primeros objetivos del régimen hubiera sido intervenir universidades, perseguir docentes y destruir proyectos editoriales; controlar la circulación de las ideas formaba parte de la estrategia de disciplinamiento social.

Con el regreso de la democracia, el Centro Editor logró retomar parte de su actividad, pero el contexto económico y las transformaciones del mercado editorial ya eran muy diferentes. La concentración empresarial, el aumento de los costos de producción y los cambios en los hábitos de consumo hicieron cada vez más difícil sostener un proyecto basado en publicaciones masivas de bajo precio. Finalmente, la editorial cerró en 1995, dejando detrás un catálogo monumental y una huella que todavía hoy continúa siendo estudiada por especialistas en educación, historia y comunicación.

Sin embargo, la discusión que planteó el CEAL permanece completamente vigente. En una época atravesada por plataformas digitales, algoritmos y mercados editoriales concentrados, vuelve a aparecer una pregunta fundamental: ¿quién garantiza que el acceso al conocimiento sea verdaderamente universal? La respuesta no es sencilla, porque involucra el papel de las bibliotecas públicas, las universidades nacionales, las editoriales independientes y las políticas culturales del Estado. Cuando esas herramientas se debilitan, el acceso a determinados libros, investigaciones o materiales educativos deja de depender del interés del lector y pasa a estar condicionado por su capacidad económica.

Ese debate adquirió una nueva dimensión durante el gobierno de Javier Milei, que convirtió la reducción del gasto público en uno de los ejes centrales de su programa. Los recortes sobre organismos culturales, programas de promoción de la lectura, bibliotecas populares y universidades reactivaron una discusión que parecía superada: si la cultura y el conocimiento constituyen una inversión estratégica para el desarrollo nacional o si deben quedar librados exclusivamente a las reglas del mercado. Quienes respaldan la mirada oficial sostienen que el Estado no debe intervenir en actividades culturales que pueden ser desarrolladas por el sector privado. Sus críticos advierten que esa lógica tiende a concentrar la producción editorial y limita el acceso de amplios sectores sociales a bienes culturales fundamentales.

La historia del Centro Editor de América Latina demuestra que la cultura nunca fue una cuestión secundaria en la construcción de un país. Allí donde algunos veían simplemente libros baratos, otros comprendían que estaba en juego algo mucho más importante: la posibilidad de formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Tal vez por eso aquella experiencia siga despertando admiración décadas después de su desaparición. Porque recuerda que una sociedad no se vuelve más libre únicamente cuando puede votar, sino también cuando puede leer, comprender su historia y acceder al conocimiento sin que el dinero determine quién tiene derecho a aprender y quién no.