La investigación por presunto enriquecimiento ilícito dio un nuevo paso. El fiscal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete a justificar en 15 días el origen de fondos, compras, propiedades, vehículos y operaciones financieras que, según la pesquisa, no encuentran explicación suficiente en sus ingresos acreditados.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni acaba de ingresar en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete para que, en un plazo de 15 días, explique el origen de una serie de fondos, adquisiciones, gastos y movimientos financieros que fueron considerados inconsistentes al ser confrontados con los ingresos lícitos acreditados durante el período investigado. La medida se produce en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y podría derivar, si las explicaciones no resultan satisfactorias, en una citación a indagatoria.
El requerimiento fiscal contempla 20 puntos concretos que Adorni deberá responder y documentar. El dictamen, de 207 fojas, fue presentado ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y surge luego de un análisis de documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información vinculada con activos virtuales y otros elementos incorporados al expediente. La Justicia busca determinar si las diferencias detectadas pueden ser explicadas mediante ingresos legítimos o si, por el contrario, persisten inconsistencias que ameriten avanzar con una imputación formal.
La importancia del momento procesal radica justamente en que ya no se trata solamente de cuestionamientos políticos o periodísticos sobre el nivel de vida del exfuncionario. Ahora es la Fiscalía la que le está requiriendo explicaciones documentadas sobre una serie de operaciones específicas. Eso no significa que Adorni haya sido condenado ni que exista una sentencia que determine la existencia de enriquecimiento ilícito: significa que el Ministerio Público encontró elementos que, a su criterio, justifican exigirle una explicación patrimonial dentro de la causa.
Una diferencia de más de 43 millones de pesos
Uno de los principales elementos señalados por la investigación es la distancia entre los ingresos comprobados del grupo familiar y los gastos realizados durante el período analizado. Según el dictamen fiscal, entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo, el entonces funcionario percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos acreditados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
En conjunto, los ingresos comprobados del matrimonio durante ese período alcanzaron los $229.752.283,20. Sin embargo, la reconstrucción realizada por la Fiscalía determinó gastos por $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549, una brecha que, de acuerdo con el dictamen, no encuentra hasta el momento una explicación suficiente a partir de los ingresos lícitos acreditados.
Pero el dato que vuelve todavía más compleja la reconstrucción patrimonial aparece cuando la investigación incorpora las operaciones realizadas en dólares. La Fiscalía reconstruyó desembolsos por aproximadamente US$402.578,12, vinculados, entre otras cuestiones, con viajes, alquileres, operaciones inmobiliarias, refacciones y adquisición de mobiliario. Una parte significativa de esas operaciones habría sido realizada en efectivo, por lo que ahora se intenta establecer con precisión cuál fue el origen de esas divisas.
Entre las operaciones que deberán ser explicadas aparece la adquisición y posterior refacción del lote 380 del Country Indio Cuá, incluyendo un pago de aproximadamente US$245.000 a un contratista, además de la compra del departamento ubicado en Miró 550 y los gastos vinculados con el equipamiento de esas propiedades. También se encuentra bajo análisis la adquisición de un Jeep y la procedencia de los dólares utilizados en diferentes operaciones.
Dólares, préstamos, criptomonedas y operaciones con terceros
El requerimiento fiscal no se limita a propiedades y vehículos. Entre los 20 puntos que deberá responder Adorni aparecen también dólares declarados en efectivo bajo el concepto «venta de activos», sin que se haya especificado qué bienes fueron vendidos para obtener esas divisas.
La investigación también puso la lupa sobre dos préstamos familiares atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, respecto de los cuales, según la información difundida sobre el requerimiento, no existiría documentación suficiente que permita acreditar la efectiva entrega de los fondos. La Fiscalía busca determinar si esos préstamos efectivamente existieron y, en tal caso, cuál fue su trazabilidad.
Otro capítulo particularmente sensible está relacionado con las criptomonedas. La investigación incorporó información sobre la operatoria con activos virtuales y detectó cuentas que no habrían sido declaradas inicialmente. En una época en la que el discurso oficial libertario convirtió a las criptomonedas en una bandera de su modelo económico, la trazabilidad de esos movimientos adquiere una relevancia particular para determinar el origen y destino de los fondos investigados.
También aparecen operaciones en las que terceras personas habrían efectuado pagos por bienes o gastos vinculados con Adorni, con posteriores reintegros en efectivo. La Fiscalía pretende reconstruir esas operaciones para establecer quién aportó efectivamente el dinero, quién realizó el pago y cómo se produjo posteriormente la devolución de los fondos.
A esto se suman comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas superiores a $2 millones que, según la investigación, no encuentran correspondencia clara con medios de pago registrados. También se analizaron deudas bancarias que aparecen y desaparecen entre distintas declaraciones patrimoniales, honorarios notariales facturados a su esposa, consumos realizados por usuarios adicionales de tarjetas y las mejoras declaradas en las propiedades.
El expediente, por lo tanto, no gira alrededor de un único gasto aislado. Lo que intenta reconstruir la Justicia es la totalidad del circuito patrimonial de la familia Adorni durante su paso por el poder, comparando ingresos declarados, patrimonio, gastos, adquisiciones y movimientos financieros.
De «la casta» a las explicaciones ante la Justicia
El caso tiene además una dimensión política que resulta imposible ignorar. La carrera pública de Adorni estuvo asociada desde el comienzo con uno de los principales ejes discursivos de La Libertad Avanza: la denuncia contra la llamada «casta política», los privilegios de los funcionarios y el supuesto uso del Estado para beneficio personal.
Ahora, quien durante años ocupó uno de los lugares centrales en la comunicación del gobierno de Javier Milei deberá explicar ante la Justicia cómo se financió un conjunto de gastos y adquisiciones que, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, no encuentran todavía correspondencia suficiente con los ingresos acreditados.
La contradicción política resulta evidente, aunque jurídicamente deba manejarse con cautela: una cosa es el discurso de austeridad y otra la prueba que deberá presentarse en un expediente judicial. La Justicia no juzga slogans, sino documentos, movimientos bancarios, contratos, declaraciones patrimoniales y trazabilidad del dinero.
Por eso los próximos 15 días pueden resultar determinantes. Adorni tendrá la posibilidad de presentar documentación y explicar cada uno de los puntos cuestionados. Si esas explicaciones logran cerrar las diferencias detectadas, la causa podría tomar otro rumbo. Si, por el contrario, persisten las inconsistencias, el escenario puede avanzar hacia una citación a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y posteriormente ampliada por otros legisladores, ya dejó atrás la etapa de las acusaciones políticas para ingresar en una instancia en la que el patrimonio deberá ser explicado con papeles. La pregunta que ahora debe responder Adorni es concreta: ¿de dónde salió el dinero utilizado para sostener el nivel de gastos, compras e inversiones que la Fiscalía reconstruyó?
No hay todavía una condena ni una declaración judicial de culpabilidad. Pero sí existe un requerimiento fiscal formal que enumera 20 puntos patrimoniales que necesitan explicación, una diferencia de más de $43 millones entre ingresos y gastos y desembolsos reconstruidos por más de US$400 mil.
Para un dirigente que construyó buena parte de su identidad política denunciando privilegios y señalando a otros como integrantes de la «casta», la situación tiene una ironía difícil de disimular: ahora es él quien deberá abrir sus números y demostrar ante la Justicia cómo se construyó su patrimonio.
La causa continúa. Y los próximos movimientos de Adorni, más que sus habituales declaraciones públicas, deberán estar respaldados por documentación.
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Ya sólo con el título de la nota. se puede pensar que este señor fiscal que se ocupa de «exigir» al «sospechado», proceda con la misma celeridad que su par hace tiempo llevo las escavadoras al sur , en la llamada » ruta del dinero $». Se nota mucho. Vergonzante.
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