Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron una nueva medida de fuerza en rechazo al veto del Gobierno a la ley de emergencia pediátrica, con reclamos por recomposición salarial, mayor presupuesto y contra el vaciamiento del principal hospital pediátrico del país.
Por Roque Pérez para NLI
Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro de 48 horas y una movilización en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y, particularmente, al veto de la ley de emergencia pediátrica. La medida vuelve a colocar en el centro de la escena el conflicto que atraviesa desde hace meses a uno de los establecimientos sanitarios más importantes de la Argentina, donde profesionales, técnicos y trabajadores vienen denunciando el deterioro de los salarios, la pérdida de personal y las dificultades crecientes para sostener las prestaciones.
El paro fue anunciado por los trabajadores del hospital y se extenderá desde las 7 del viernes hasta las 7 del domingo, mientras que la movilización está prevista para ese viernes a las 15.30, con una marcha desde el Congreso hacia Plaza de Mayo junto con trabajadores universitarios y otros sectores del sindicalismo. El reclamo no se limita a una discusión salarial: los trabajadores sostienen que lo que está en juego es la capacidad del sistema público para garantizar atención pediátrica de alta complejidad.
Salarios, renuncias y un hospital que pierde trabajadores
La situación salarial constituye uno de los principales puntos del conflicto. Los trabajadores reclaman una recomposición de los ingresos que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y advierten que los bajos salarios están provocando la salida de profesionales y técnicos. El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, señaló que la recomposición salarial constituye una necesidad urgente y vinculó la pérdida de trabajadores con un proceso que definió como de “vaciamiento hospitalario”.
No se trata de una protesta aislada. El Garrahan viene protagonizando un extenso conflicto laboral desde 2025, cuando comenzaron a multiplicarse los paros, movilizaciones y reclamos por salarios y presupuesto. En julio de aquel año, por ejemplo, los trabajadores habían denunciado una situación crítica derivada de las renuncias de profesionales: en apenas dos semanas habían dejado el hospital diez trabajadores de la salud, según los propios reclamos gremiales.
El problema adquiere una dimensión mayor cuando se observa qué institución está involucrada. El Garrahan no es simplemente otro hospital público: es un centro de referencia nacional para la atención pediátrica de alta complejidad y recibe pacientes derivados de distintas provincias. Cuando un profesional especializado abandona el sistema por condiciones salariales insuficientes, no se pierde solamente un puesto de trabajo: se pierde experiencia acumulada y capacidad sanitaria difícil de reemplazar.
Por eso, el conflicto gremial excede la discusión sobre una paritaria. Detrás del reclamo salarial aparece una discusión de fondo sobre qué lugar ocupa la salud pública dentro de las prioridades presupuestarias del Estado. Los trabajadores sostienen que sin salarios adecuados, presupuesto suficiente y condiciones laborales dignas, el deterioro termina repercutiendo directamente sobre quienes necesitan atención.
El veto que volvió a encender el conflicto
El nuevo paro tiene además un componente político inmediato: el rechazo al veto del Gobierno a la ley de emergencia pediátrica. Para los trabajadores, la decisión oficial profundizó una situación que ya consideraban crítica y generó una fuerte reacción dentro del hospital.
Lipcovich sostuvo que el veto provocó “una bronca terrible” entre los trabajadores y planteó que la respuesta será profundizar el plan de lucha. Desde la perspectiva gremial, la decisión del Ejecutivo no constituye una solución al problema presupuestario sino una señal de continuidad del ajuste sobre áreas consideradas esenciales.
La protesta también vuelve a encontrarse con otro sector que atraviesa un conflicto similar: la universidad pública. La movilización prevista desde el Congreso hasta Plaza de Mayo busca articular las demandas de trabajadores de la salud, docentes y otros sectores sindicales en un escenario donde los reclamos por salarios, presupuesto y financiamiento estatal comienzan a confluir en las calles.
Esa convergencia no es casual. Salud y educación son dos de las áreas donde el impacto del ajuste se vuelve particularmente visible porque el deterioro presupuestario termina trasladándose hacia trabajadores y usuarios. En ambos casos, la discusión sobre cuánto gasta el Estado se transforma rápidamente en una pregunta mucho más concreta: qué servicios puede garantizar y en qué condiciones pueden trabajar quienes los sostienen.
Un reclamo que interpela al conjunto del movimiento obrero
Los trabajadores del Garrahan también apuntaron directamente contra las centrales sindicales. El delegado adjunto de ATE, Gerardo Oroz, reclamó que la CGT y las CTA convoquen a un paro general en defensa de la salud, la educación y los salarios, al considerar que la magnitud del conflicto requiere una respuesta que exceda a cada establecimiento o sector.
Pero el planteo gremial tiene una particularidad: los trabajadores del Garrahan aseguran que no están dispuestos a esperar una eventual convocatoria de las centrales. “No vamos a esperarlos”, sostuvo Oroz, al remarcar la necesidad de intervenir de inmediato.
La frase expresa algo más profundo que una diferencia entre dirigentes sindicales. En el Garrahan se viene acumulando un conflicto que combina pérdida salarial, renuncias, reclamos presupuestarios y defensa del hospital público, y que periódicamente vuelve a ocupar las calles. La persistencia de las medidas de fuerza demuestra que, lejos de tratarse de un reclamo coyuntural, existe una disputa abierta sobre el modelo de salud que se pretende construir.
En ese escenario, el paro vuelve a poner al Garrahan en el centro de una discusión que atraviesa a todo el sistema sanitario argentino. Para sus trabajadores, defender el salario y las condiciones laborales es también defender la capacidad del hospital para atender a sus pacientes. Y esa es, en definitiva, la cuestión que queda planteada: si el ajuste sobre los trabajadores de la salud termina debilitando las instituciones públicas, el costo final no lo paga solamente el trabajador; lo paga toda la sociedad.
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La calle – con argentinas y argentinos- , en sus reclamos , expulsará al fin al régimen que destruye Ciencia, Tecnología, E educación y Salud Pública en el país. Los plazos se acortan. Es sólo cuestión de tiempo.✊
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