Paro universitario: las aulas vuelven a quedar en el centro del ajuste de Milei

Docentes y no docentes de las universidades nacionales realizan este miércoles un paro de 24 horas en todo el país. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial, fondos para el funcionamiento de las casas de estudio y el envío de una partida extraordinaria para los hospitales universitarios. El Gobierno rechaza las acusaciones y sostiene que cumplió con los compromisos asumidos.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La universidad pública vuelve a ser escenario de una disputa que excede largamente una discusión salarial. Este miércoles 12 de agosto, docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizan un paro de 24 horas en todo el país, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo de financiamiento, recomposición de los ingresos y cumplimiento de las normas y compromisos que, según denuncian las organizaciones gremiales, el Gobierno de Javier Milei mantiene sin ejecutar. La protesta se produce cuando el sistema universitario retoma su actividad después del receso invernal y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa toda la gestión libertaria: qué lugar ocupa la educación pública en el modelo de país que pretende construir el Gobierno.

El conflicto tiene varios frentes. El principal es la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación reclaman los sindicatos y que, de acuerdo con las organizaciones, lleva casi 300 días sin cumplimiento efectivo. La controversia ya dejó de ser exclusivamente política o gremial y llegó a los tribunales: los trabajadores sostienen que existen decisiones judiciales que obligan al Estado a avanzar con la recomposición prevista y que, pese a ello, la situación continúa sin resolverse. En paralelo, el Ejecutivo sostiene exactamente lo contrario: desde el Ministerio de Capital Humano afirman que los fondos correspondientes fueron transferidos y que no existe incumplimiento que justifique la medida de fuerza.

Una pelea que no se reduce al salario

La cuestión salarial es, sin embargo, uno de los puntos más sensibles. Los gremios sostienen que los trabajadores universitarios arrastran una pérdida significativa de poder adquisitivo y reclaman que se cumpla una recomposición tomando como referencia los salarios de noviembre de 2023. Según la información difundida por las organizaciones sindicales, la diferencia pendiente ronda el 30%, mientras que el Gobierno reivindica el acuerdo alcanzado en junio, que contempló una mejora acumulada del 24,33%, con un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre. La discusión paritaria continúa abierta y las partes tienen previsto volver a encontrarse en septiembre.

La distancia entre ambas posiciones muestra por qué el conflicto difícilmente pueda explicarse solamente como una pelea por un porcentaje. Para los sindicatos, los aumentos otorgados no alcanzan para recuperar lo perdido durante los últimos años y tampoco satisfacen las obligaciones que consideran derivadas de las decisiones judiciales. Para el Gobierno, en cambio, se trata de una negociación salarial en curso dentro de un esquema de administración del gasto público que, según su propia lógica, debe mantenerse subordinado al equilibrio fiscal. El problema aparece cuando ese equilibrio se construye sobre salarios que pierden capacidad de compra y sobre instituciones que deben sostener cada vez más servicios con recursos limitados.

Y allí aparece una segunda dimensión del conflicto: el funcionamiento cotidiano de las universidades. Las casas de estudio no necesitan recursos solamente para pagar salarios. También deben afrontar servicios, mantenimiento, equipamiento, becas, investigación, infraestructura y todas aquellas tareas que permiten que una universidad funcione más allá de la existencia física de sus aulas. Los gremios cuestionan precisamente la ejecución de las partidas destinadas a esos gastos y reclaman que se cumplan los incrementos comprometidos para el funcionamiento institucional.

Hospitales universitarios: cuando el ajuste también llega a la salud

El tercer gran eje de la protesta tiene una particularidad que debería llamar la atención incluso más allá del mundo universitario: los hospitales universitarios. Los trabajadores denuncian que continúa pendiente el giro de una partida extraordinaria de $50.000 millones, destinada a instituciones como el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. No se trata, por lo tanto, de un reclamo encerrado en las facultades o en los claustros académicos. Los hospitales universitarios cumplen funciones asistenciales, de formación profesional y de investigación, por lo que cualquier deterioro presupuestario termina impactando también sobre el sistema sanitario.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque el conflicto universitario forma parte de una crisis más amplia del sistema público de producción de conocimiento. La jornada de protesta incorpora también reclamos vinculados con la ciencia y la tecnología y los despidos producidos en esos sectores, en un contexto en el que universidades, organismos científicos y trabajadores de investigación vienen denunciando el deterioro de las condiciones para sostener proyectos y carreras académicas. La propia Universidad de Buenos Aires, que este miércoles cumple 205 años, atraviesa un escenario que sus autoridades y miembros de la comunidad universitaria describen como particularmente crítico.

En la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sindicales convocaron además a una concentración a las 16 en el Obelisco, bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. La elección de la consigna tampoco es casual: detrás de la discusión presupuestaria aparece una disputa mucho más profunda sobre el tipo de universidad que podrá existir dentro de algunos años si se mantienen salarios deteriorados, menor capacidad de investigación, dificultades para financiar becas y problemas para sostener hospitales y servicios esenciales.

El Gobierno dice que cumplió, los trabajadores dicen que no alcanza

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, calificó el paro como “prematuro” e “injustificado” y negó que exista un incumplimiento del Ejecutivo. La cartera sostiene que los fondos presupuestarios fueron transferidos y que los trabajadores comenzaron a cobrar los aumentos derivados de la última negociación paritaria. Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que existe una negociación abierta y que la huelga responde más a una disputa política que a una deuda concreta del Estado.

Pero incluso aceptando que exista una negociación salarial vigente, la discusión no desaparece. Una universidad pública no puede evaluarse únicamente mediante una planilla de gastos. Es una estructura de movilidad social, formación profesional, investigación científica, atención sanitaria y producción de conocimiento, y su deterioro puede no aparecer inmediatamente en una estadística fiscal. Cuando un docente abandona una cátedra porque el salario dejó de resultarle sostenible, cuando un investigador migra al sector privado o al exterior, cuando una beca pierde capacidad para sostener a un estudiante o cuando un hospital universitario posterga prestaciones por falta de recursos, el costo del ajuste deja de ser una cifra presupuestaria y empieza a convertirse en una pérdida institucional.

Ese es, en definitiva, el núcleo político del conflicto. El Gobierno puede presentar el equilibrio fiscal como una condición indispensable para ordenar la economía, pero la discusión pendiente es quién paga el costo de ese ordenamiento y qué bienes públicos quedan debilitados en el camino. La universidad es uno de los lugares donde esa tensión se vuelve más visible porque allí confluyen educación, trabajo, ciencia, salud y movilidad social.

El paro de este 12 de agosto no inaugura esa disputa: es otro capítulo de un conflicto que comenzó con fuerza durante la primera etapa del gobierno de Milei y que ya produjo movilizaciones masivas, medidas de fuerza y enfrentamientos institucionales. Lo novedoso es que, casi tres años después del inicio de la gestión libertaria, el problema sigue sin encontrar una solución estructural. Y mientras Gobierno y gremios discuten si se cumplió o no una ley, si los aumentos alcanzan o si los fondos fueron efectivamente girados, las universidades continúan funcionando bajo una presión que amenaza algo mucho más difícil de reconstruir que una partida presupuestaria: la capacidad del Estado argentino para sostener una educación superior pública, gratuita y de calidad.