Inflación: Argentina vuelve a quedar entre los países más caros de América Latina

La inflación de julio encendió una señal que el Gobierno preferiría minimizar: Argentina registró una suba de precios del 2,1% y volvió a ubicarse en el segundo lugar del ranking regional, solamente por detrás de Venezuela. Mientras otros países latinoamericanos muestran niveles de inflación sensiblemente menores, el costo de vida argentino continúa creciendo a un ritmo que golpea directamente al bolsillo.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El dato oficial del INDEC para julio volvió a poner en evidencia una de las contradicciones centrales del programa económico de Javier Milei. El Gobierno puede exhibir una inflación muy inferior a la que recibió al asumir, pero eso no significa que el problema haya quedado resuelto. Argentina sigue estando entre los países de América Latina donde más rápidamente aumentan los precios, y esa posición tiene consecuencias concretas sobre salarios, jubilaciones, consumo y capacidad de ahorro.

Según el relevamiento difundido a partir de los datos oficiales de los distintos países de la región, Argentina registró una inflación mensual del 2,1% en julio, mientras Venezuela quedó ampliamente por encima, con 19,9%. En cambio, Brasil, Chile, Colombia y Perú presentaron registros considerablemente inferiores.

La comparación es importante porque permite escapar, al menos por un momento, de una discusión demasiado encerrada en la evolución de la inflación argentina mes contra mes. Que el IPC haya bajado desde los niveles extraordinarios registrados durante la crisis de fines de 2023 es un hecho. Pero la verdadera pregunta económica es dónde quedó Argentina después de ese proceso y cuánto siguen aumentando los precios respecto de los países con los que compite y comercia.

Un 2,1% que sigue siendo muy alto

El 2,1% de julio tampoco representa una continuidad perfecta del proceso de desaceleración que el Gobierno reivindica como uno de sus principales logros. La inflación había sido del 1,9% en junio y, de acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros siete meses del año acumuló 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó 33,8%.

Es decir: aunque el ritmo inflacionario es infinitamente menor que el de la crisis que precedió a la actual administración, los precios siguen avanzando a una velocidad que está muy por encima de la de la mayoría de las economías latinoamericanas.

Y hay otro dato que suele quedar relegado en la discusión política: el porcentaje mensual no es simplemente una cifra estadística. Un 2,1% de inflación significa que una familia que necesita exactamente los mismos bienes y servicios que un mes atrás debe destinar más dinero para adquirirlos. Si los ingresos no aumentan al mismo ritmo, la diferencia se paga con menor consumo, endeudamiento o pérdida de capacidad de ahorro.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando se observa la trayectoria acumulada. En el primer semestre de 2026 Argentina ya había registrado una inflación del 16,8%, ubicándose segunda en la región detrás de Venezuela. Con el dato de julio, la economía argentina consolida así una posición que difícilmente pueda presentarse como un éxito en términos comparativos.

El relato de la desinflación y la realidad del bolsillo

El Gobierno insiste en presentar la desinflación como una consecuencia directa de su política fiscal y monetaria. Y es cierto que hubo una reducción extraordinaria respecto de la inflación heredada. Pero una cosa es bajar desde niveles de emergencia y otra muy diferente es conseguir una inflación baja, estable y compatible con una economía que crece y mejora los ingresos reales.

De hecho, el propio escenario oficial fue quedando progresivamente más lejos de sus objetivos. La inflación acumulada hasta julio ya hace prácticamente imposible alcanzar la meta de 10,1% anual prevista en el Presupuesto 2026.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el discurso oficial suele convertir cualquier desaceleración respecto del pasado inmediato en una prueba de que el modelo funciona. Pero una comparación económica seria exige algo más: mirar la evolución de los precios, los salarios, el empleo, el consumo y el costo de vida en conjunto.

Porque si los precios aumentan menos pero los ingresos de buena parte de la población también pierden capacidad de compra, la desinflación puede coexistir con una economía socialmente deteriorada.

Y ahí aparece una de las grandes discusiones que el Gobierno evita asumir: la inflación no se mide solamente en la pantalla del INDEC; también se siente en la góndola, en el alquiler, en las tarifas, en el transporte y en la mesa familiar.

Argentina todavía está lejos de la “inflación internacional”

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno continúa profundizando el proceso de desinflación y que Argentina terminará convergiendo hacia una inflación internacional.

El problema es que los datos regionales muestran que esa convergencia todavía está lejos.

Brasil, Chile, Colombia y Perú presentan actualmente niveles de inflación significativamente menores que Argentina. Colombia, por ejemplo, registró en julio una inflación mensual de apenas 0,17%, con una tasa interanual del 6,03%.

La comparación no implica desconocer la historia reciente argentina ni las dificultades macroeconómicas acumuladas durante décadas. Pero justamente por eso resulta necesario discutir el presente con seriedad: si el objetivo es alcanzar estándares internacionales, no alcanza con compararse con el peor momento de nuestra propia historia económica.

El Gobierno recibió una economía con inflación descontrolada y logró reducirla. Eso es verificable. Lo que también es verificable es que Argentina continúa ocupando los primeros puestos regionales en inflación, mientras que la promesa de una normalización definitiva todavía no se materializó.

En ese sentido, el dato de julio no representa una catástrofe económica, pero tampoco permite cantar victoria. Es, más bien, una fotografía incómoda: Argentina bajó de la montaña de inflación extrema, pero todavía continúa bastante más arriba que sus vecinos.

Y mientras el Gobierno celebra cada décima de desaceleración, millones de argentinos siguen haciendo la cuenta más sencilla de todas: cuánto cobraban, cuánto gastaban y cuánto les queda a fin de mes. Esa cuenta, mucho más difícil de maquillar con discursos, es la que finalmente determina si una política económica está mejorando la vida cotidiana o simplemente administrando una crisis con números menos escandalosos.