Caputo anunció que le dará los fondos de los jubilados a los bancos para que hagan negocios otorgando créditos hipotecarios

Caputo anunció que $2 billones del FGS de ANSES serán utilizados para fondear bancos y ampliar los créditos hipotecarios. Las claves y los riesgos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno de Javier Milei presentó este miércoles un nuevo esquema para intentar reactivar el crédito hipotecario que, detrás del discurso sobre el acceso a la vivienda, coloca nuevamente en el centro de la escena a los recursos administrados por la ANSES. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se utilizarán $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear a los bancos y permitirles ampliar la oferta de préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. Un negocio «entre privados» en el que, al parecer, tienen interés en intervenir. El funcionario sostuvo que la iniciativa constituye una medida de “justicia social” y estimó que podría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias, aunque el mecanismo elegido abre un debate de fondo sobre el destino de un patrimonio vinculado directamente con la seguridad previsional.

La propuesta no implica que la ANSES vaya a otorgar directamente los créditos a las familias. El mecanismo diseñado por Economía consiste en que el FGS coloque dinero en los bancos mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo ajustados por UVA más un margen, extendiendo así los plazos de fondeo de las entidades financieras. El argumento oficial es que existe un problema estructural en el sistema bancario: los bancos captan buena parte de sus depósitos a plazos relativamente cortos, mientras que un crédito hipotecario necesita ser devuelto durante 15, 20 o incluso 30 años. El Estado, a través del fondo previsional, pasaría entonces a aportar una parte del financiamiento de largo plazo que el mercado privado no estaría generando por sí mismo. Nuevamente, dándole el dinero a los poderosos para que hagan sus negocios.

Los $2 billones del FGS y el negocio bancario

El programa contempla un volumen total de $2 billones, que será adjudicado en sucesivas licitaciones de $200.000 millones. La primera está prevista para la próxima semana. Habrá dos alternativas para los depósitos: un tramo a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,50%. Cada entidad podrá ofertar hasta el 20% del monto correspondiente a cada licitación y tendrá 90 días corridos para aplicar los fondos obtenidos.

A cambio de ese fondeo, los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios bajo determinadas condiciones. La tasa máxima establecida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación. El dinero deberá destinarse a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda. Según la explicación oficial, el FGS no asumirá el riesgo crediticio de los particulares: serán los bancos quienes seleccionen a los clientes, otorguen los préstamos y afronten eventuales incumplimientos.

La cuestión central, sin embargo, aparece antes de que una familia llegue siquiera a solicitar una hipoteca. El capital utilizado como herramienta para abaratar y extender el financiamiento pertenece a un fondo cuya función primordial está vinculada con la sustentabilidad del sistema previsional. El FGS fue creado en 2007 y adquirió una dimensión mucho mayor luego de la estatización de las AFJP en 2008. Su patrimonio está compuesto por títulos públicos, acciones, depósitos y otros activos financieros, y funciona como una reserva destinada a preservar recursos vinculados al sistema previsional.

Esto no significa que el Gobierno esté entregando directamente dinero de las jubilaciones a quienes compren una vivienda, como si se tratara de un subsidio habitacional. La operación anunciada es financieramente más sofisticada: el FGS coloca sus recursos en bancos, los bancos reciben fondeo de mayor plazo y con ese respaldo amplían su capacidad de prestar. Pero justamente por eso el debate no debería reducirse a si “se toca” o “no se toca” la plata de los jubilados. La discusión relevante es qué riesgo, rendimiento y destino se asignan a un patrimonio cuya razón de ser está ligada a la seguridad social.

Una solución hipotecaria de alcance limitado

Caputo aseguró que los $2 billones podrían generar soluciones habitacionales para alrededor de 18.000 familias. La cifra permite dimensionar el alcance concreto de la medida frente a la magnitud del problema habitacional argentino. No se trata de un programa universal de acceso a la vivienda ni de una política de construcción masiva impulsada directamente por el Estado, sino de un mecanismo financiero destinado a aumentar la capacidad prestable de determinadas entidades bancarias.

La diferencia no es menor. En el esquema elegido por el Gobierno, la construcción de una política habitacional queda subordinada al funcionamiento del sistema financiero y a la capacidad de las familias de demostrar ingresos suficientes para acceder a una deuda indexada por UVA. El Estado aporta el fondeo, mientras que los bancos mantienen la evaluación crediticia y la relación con el tomador del préstamo. La propia información difundida sobre el programa muestra que el objetivo está orientado a hogares con capacidad de afrontar cuotas de largo plazo, algo que deja fuera a una porción considerable de los trabajadores informales, familias con ingresos insuficientes o personas que no pueden demostrar una relación cuota-ingreso compatible con los criterios bancarios.

La utilización de UVA agrega además un elemento que merece especial atención. El capital de los créditos se actualiza mediante una unidad vinculada a la inflación, por lo que la cuota y el saldo de deuda evolucionan de acuerdo con esa variable. El Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica permita que esa modalidad sea sostenible, pero la experiencia argentina con los créditos indexados demostró que el riesgo de inflación no desaparece: se traslada parcialmente al deudor.

La contradicción política también resulta evidente. El Gobierno que desmanteló el PROCREAR y que sostiene una concepción profundamente orientada hacia el mercado vuelve ahora a recurrir a un activo estatal para intentar corregir una falla del mercado: los bancos no generan por sí mismos suficiente fondeo de largo plazo para ofrecer hipotecas masivas, y el Estado aparece nuevamente como proveedor de ese recurso. La diferencia es que, en lugar de construir viviendas, subsidiar tasas o desarrollar urbanizaciones, la herramienta escogida consiste en utilizar el patrimonio financiero del FGS para mejorar las condiciones de financiamiento de las entidades bancarias.

El Estado vuelve a aparecer detrás del crédito

Caputo presentó la iniciativa como una consecuencia lógica de la necesidad de recuperar el ahorro de largo plazo en la Argentina y recordó las crisis financieras que, según sostuvo, destruyeron la confianza en las instituciones y en la moneda. Su diagnóstico sobre el problema del descalce de plazos tiene un fundamento económico concreto: es difícil construir un mercado hipotecario profundo cuando los bancos se financian a plazos mucho más cortos que aquellos a los que deben prestar. La pregunta es quién debe asumir el costo de solucionar esa falla y bajo qué condiciones.

En esta oportunidad, la respuesta del Gobierno es el FGS. El Estado utiliza un patrimonio público para modificar las condiciones de financiamiento del sistema bancario con la expectativa de que esa intervención genere un efecto multiplicador sobre el mercado inmobiliario, la construcción, el empleo y el consumo. Es una decisión que puede producir resultados positivos si el mecanismo funciona, los bancos trasladan efectivamente el fondeo a nuevas hipotecas y las familias pueden afrontar las cuotas. Pero también exige controles estrictos sobre la rentabilidad que obtendrá el FGS, los riesgos asumidos, las entidades beneficiarias y el cumplimiento efectivo del destino habitacional de los recursos.

Porque detrás de la discusión sobre las hipotecas hay una cuestión mucho más profunda: qué hace el Estado con sus recursos y para quién los utiliza. Si el dinero administrado por la ANSES sirve para generar actividad económica y al mismo tiempo preserva su valor real, puede defenderse como una inversión productiva compatible con los objetivos del fondo. Si, en cambio, se transforma en una fuente barata de financiamiento para el sistema financiero sin garantizar un beneficio proporcional para el patrimonio previsional y para quienes necesitan una vivienda, el riesgo es que una vez más se socialicen los costos mientras las ganancias quedan concentradas.

El anuncio de Caputo, entonces, no debería ser leído solamente como la llegada de una nueva línea de créditos hipotecarios. Es también una nueva demostración de que, incluso bajo un Gobierno que reivindica la retirada del Estado, el Estado sigue siendo indispensable cuando el mercado no consigue resolver por sí solo problemas estructurales. La diferencia está en quién controla esos recursos, quién recibe el financiamiento y qué garantías existen para que el patrimonio construido durante décadas para sostener la seguridad social no termine funcionando, directa o indirectamente, como una caja de fondeo para los bancos.