Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por Milei, que limita el financiamiento al Tesoro y redefine el rol del BCRA.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el gobierno de Milei, en una sesión atravesada por fuertes cruces, negociaciones de último momento y una nueva reconstrucción de la mayoría oficialista junto a bloques aliados. Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, el proyecto avanzó hacia el Senado y constituye una de las apuestas económicas más importantes de la administración libertaria: limitar severamente las herramientas con las que el Estado puede intervenir sobre el sistema financiero y modificar el rol histórico del BCRA.
La votación no fue simplemente la aprobación de una modificación técnica sobre el funcionamiento de una institución monetaria. Detrás de la discusión sobre la emisión, las reservas y el financiamiento del Tesoro aparece una disputa mucho más profunda acerca de qué Estado tendrá la Argentina en los próximos años y qué instrumentos conservará para actuar frente a una crisis económica. El oficialismo busca convertir en regla permanente buena parte de los principios que sostienen su programa económico, aun cuando el Gobierno de Milei eventualmente deje de controlar el Poder Ejecutivo.
Una mayoría armada a fuerza de alianzas
La aprobación mostró, además, que La Libertad Avanza volvió a encontrar acompañamiento en sectores que no integran formalmente el oficialismo. El PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales aportaron votos para alcanzar una mayoría que resultó holgada en términos numéricos, aunque no estuvo exenta de tensiones políticas. La iniciativa obtuvo respaldo de sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, entre otros espacios.
El clima en el recinto terminó reflejando esas tensiones. Cuando Unión por la Patria solicitó que el artículo 13 fuera votado de manera separada, el presidente de la Cámara, Martín Menem, rechazó el pedido y se produjo un fuerte enfrentamiento entre diputados oficialistas y opositores. Hubo gritos, insultos y cruces frente al estrado, mientras el diputado chaqueño Aldo Leiva tuvo que ser contenido por integrantes de su propio bloque. El episodio expuso que, detrás de la mayoría conseguida por el Gobierno, persiste una disputa política de fondo sobre el alcance de la reforma.
La escena parlamentaria resulta particularmente significativa porque el proyecto no plantea solamente modificar procedimientos internos del Banco Central. La iniciativa pretende redefinir la relación entre el Estado, la autoridad monetaria y el financiamiento de las políticas públicas, restringiendo instrumentos que históricamente fueron utilizados por distintos gobiernos para enfrentar crisis fiscales, cambiarias o financieras.
El Banco Central que quiere Milei
Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro mediante el Banco Central. De aprobarse definitivamente, la entidad no podrá otorgar los tradicionales adelantos transitorios al Estado ni adquirir directamente títulos públicos en el mercado primario. También se restringe la posibilidad de transferir al Tesoro determinadas ganancias contables o diferencias de cambio generadas por el propio organismo.
El Gobierno presenta estas modificaciones como una garantía contra la emisión monetaria y como una herramienta para combatir definitivamente la inflación. Durante el debate, el diputado libertario Santiago Pauli sostuvo que el Banco Central fue utilizado durante décadas como una herramienta para cubrir las necesidades financieras del Estado y vinculó esa práctica con el proceso inflacionario argentino. Milei, por su parte, celebró la votación y definió la reforma como un paso fundamental para intentar «erradicar» la inflación de la vida de los argentinos.
Pero la discusión no termina allí. Porque prohibirle al Estado utilizar determinadas herramientas no elimina las crisis que pueden hacer necesarias esas herramientas. Una economía puede atravesar una corrida bancaria, una crisis externa, una caída abrupta de la recaudación, una emergencia financiera o un shock internacional aunque una ley establezca previamente que el Banco Central no puede asistir al Tesoro.
Ese es precisamente uno de los cuestionamientos planteados desde la oposición. El diputado Itai Hagman señaló que, mientras existen problemas concretos vinculados al endeudamiento de las familias, el Congreso está discutiendo una reforma que reduce instrumentos estatales para intervenir sobre la economía. La crítica apunta al corazón del proyecto: el problema no sería solamente qué hace el Banco Central, sino qué capacidad conserva el Estado argentino para responder ante situaciones excepcionales.
Una reforma pensada para trascender a Milei
Hay otro aspecto especialmente sensible: las nuevas condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central. El proyecto establece mayores requisitos para desplazar a las autoridades de la entidad, incluyendo la acreditación de una causal grave y una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
El argumento oficial sostiene que esto busca garantizar la independencia del Banco Central frente a los gobiernos de turno. Sin embargo, desde la oposición se advierte una consecuencia política diferente: las autoridades designadas durante el actual Gobierno podrían quedar mucho más protegidas frente a un eventual cambio de signo político.
El planteo adquiere relevancia porque la reforma no llega en un vacío institucional. El Gobierno está intentando transformar en legislación permanente una concepción económica que coloca la estabilidad monetaria por encima de otros objetivos que actualmente figuran en la Carta Orgánica. La normativa vigente establece al BCRA una serie de finalidades que incluyen, además de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El proyecto libertario busca concentrar el mandato de la institución en la preservación del valor de la moneda y limitar las posibilidades de utilizarla como instrumento de política económica. De aprobarse en el Senado, implicaría un cambio significativo respecto de la reforma de 2012, que había ampliado expresamente los objetivos del Banco Central y su vinculación con el desarrollo económico.
La cuestión, entonces, excede largamente la discusión sobre si emitir dinero provoca inflación. La verdadera discusión política es qué margen de maniobra tendrá la Argentina cuando vuelva a atravesar una crisis y quién tendrá la capacidad de decidir qué hacer frente a ella. Una cosa es fortalecer la autonomía técnica de una autoridad monetaria y otra muy distinta es convertir determinadas decisiones económicas en límites jurídicos difíciles de modificar por futuros gobiernos.
El oficialismo consiguió este miércoles una victoria parlamentaria importante y ahora deberá trasladar esa mayoría al Senado. El propio Milei reconoció que todavía resta esa batalla. Pero el dato político más importante quizás sea otro: mientras el Gobierno busca presentar la reforma como una garantía contra los errores del pasado, sus adversarios la interpretan como un intento de atar las manos del Estado antes de que cambie el poder político.
La historia argentina demuestra que las instituciones económicas no funcionan separadas de las crisis sociales, productivas y financieras que atraviesa el país. Por eso, la reforma del Banco Central no debería discutirse solamente en términos de emisión o disciplina fiscal: también debe evaluarse desde la pregunta fundamental de toda democracia económica: qué herramientas conservará el Estado para proteger a la sociedad cuando el mercado no alcance, cuando llegue una crisis y cuando las decisiones tomadas desde el poder financiero choquen con las necesidades concretas de millones de argentinos.
La media sanción ya está. Ahora la discusión se traslada al Senado, pero el verdadero debate recién comienza.
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