La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata presentaron una acción preventiva ante el Juzgado Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Buscan suspender las obras, perforaciones y financiamiento del proyecto Sea Lion, que prevé comenzar a extraer petróleo en la Cuenca Malvinas Norte durante 2028. La presentación vuelve a poner en primer plano una disputa que combina soberanía, recursos naturales, protección ambiental y el avance de inversiones sobre un territorio cuya soberanía Argentina mantiene en disputa con el Reino Unido.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Mientras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzan con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion —León Marino— en la Cuenca Malvinas Norte, dos organizaciones argentinas decidieron llevar el conflicto al terreno judicial. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva, con la que buscan que se suspendan las obras, perforaciones y demás actividades vinculadas con el emprendimiento. La Justicia deberá ahora analizar el planteo y resolver si corresponde adoptar las medidas cautelares solicitadas; no existe, por el momento, una decisión judicial que haya ordenado detener el proyecto.
El planteo apunta contra Rockhopper Exploration, compañía británica, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, responsables del desarrollo de Sea Lion, un proyecto offshore ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Para la Argentina, esa zona forma parte de su plataforma continental y se encuentra comprendida dentro de la disputa de soberanía con el Reino Unido. Para las empresas, en cambio, el emprendimiento cuenta con las licencias otorgadas por la administración británica de las islas. Esa diferencia no es un detalle administrativo: constituye el núcleo mismo del conflicto, porque detrás de cada pozo proyectado aparece la discusión acerca de quién puede autorizar la explotación de los recursos naturales existentes en ese espacio marítimo.
Un proyecto que avanza hacia la extracción
Sea Lion dejó hace tiempo de ser una mera posibilidad exploratoria. La perforación está prevista para comienzos de 2027 y la primera extracción de petróleo para el primer semestre de 2028, de acuerdo con la información difundida por las compañías y por los impulsores de la acción judicial. El proyecto contempla una explotación de gran escala en la Cuenca Malvinas Norte y las empresas ya avanzaron con actividades preparatorias y con infraestructura destinada a poner en funcionamiento el desarrollo. La dimensión temporal resulta decisiva para entender la estrategia de AAdeAA y CECIM: el objetivo de la acción preventiva es intervenir antes de que la perforación y la extracción conviertan la explotación petrolera en una realidad económica instalada durante décadas.
En concreto, los demandantes solicitaron que se suspendan las obras, instalaciones, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, pruebas, ensayos y actividades preparatorias, además de impedir el inicio de la extracción y explotación de hidrocarburos. Pero el planteo va incluso más allá de la actividad física sobre el lecho marino: también pretende alcanzar el financiamiento del proyecto, con pedidos destinados a identificar bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores que participen de la estructura financiera de Sea Lion. La intención es que la eventual intervención judicial no llegue cuando las inversiones ya estén ejecutadas y la infraestructura petrolera se encuentre operativa.
La acción fue presentada como una “acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva”, una figura que busca actuar frente a un riesgo antes de que el perjuicio se produzca. En ese sentido, la estrategia de las organizaciones no consiste en esperar un derrame o un daño ecológico concreto para reclamar posteriormente una reparación, sino en sostener que existen suficientes elementos para exigir una intervención preventiva. La discusión judicial tendrá entonces que determinar si esos argumentos alcanzan para justificar las medidas cautelares solicitadas y, eventualmente, qué alcance podría tener una decisión de ese tipo.
Ambiente y soberanía, dos caras del mismo reclamo
Uno de los argumentos centrales de la presentación es que las empresas no realizaron ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que, según los demandantes, exige la legislación nacional, ni obtuvieron autorización del Estado argentino para desarrollar actividades hidrocarburíferas en ese espacio. AAdeAA afirma que durante 2026 realizó pedidos de acceso a la información pública ante organismos nacionales y que las respuestas recibidas confirmaron que Rockhopper y Navitas no habían realizado las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.
La cuestión ambiental adquiere especial importancia porque una explotación offshore de esta magnitud supone perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito de embarcaciones, generación de ruido submarino y riesgo de derrames, entre otras intervenciones. Los demandantes sostienen que los ecosistemas marinos de la región tienen una elevada biodiversidad y mantienen conexiones ecológicas que exceden el área inmediata del yacimiento. Desde esa perspectiva, la evaluación ambiental previa no sería un trámite burocrático sino la herramienta destinada a determinar los riesgos, establecer medidas de prevención, analizar alternativas y permitir la participación de la sociedad antes de que una actividad potencialmente irreversible comience a desarrollarse.
Pero el reclamo tiene una segunda dimensión que explica la participación del CECIM: la soberanía sobre las Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Las organizaciones sostienen que la explotación unilateral de hidrocarburos introduce una modificación material de la situación existente mientras permanece abierta la disputa entre Argentina y el Reino Unido. En ese punto aparece la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúa la controversia de soberanía. Para los demandantes, un proyecto petrolero de semejante escala constituye precisamente una modificación de ese tipo.
La discusión tiene además un componente económico imposible de ignorar. El petróleo que se extraiga no podrá ser recuperado después. Una plataforma puede retirarse, una instalación puede desmantelarse y una licencia puede eventualmente modificarse, pero cada barril producido representa un recurso natural que abandona definitivamente el subsuelo. Por eso la acción judicial pretende anticiparse al momento de la explotación: no solamente cuestiona las consecuencias ambientales que podrían producirse, sino también la consolidación de una actividad económica sobre recursos que Argentina considera propios.
Empresas sancionadas y una disputa que vuelve al centro de la escena
El expediente incorpora además antecedentes que las organizaciones consideran relevantes para fundamentar su reclamo. Rockhopper fue declarada clandestina por Argentina en 2012 y posteriormente inhabilitada para operar en el país durante 20 años, mientras que Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. Según la AAdeAA, pese a esas medidas ambas compañías continuaron avanzando con Sea Lion bajo las autorizaciones otorgadas por la administración británica de las islas. Rockhopper mantiene el 35% del proyecto, mientras Navitas controla el 65%.
La propia Cancillería argentina también rechazó el avance del proyecto y sostuvo que las empresas carecen de autorización argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en el área. Esa posición se apoya en la política histórica del Estado argentino de considerar ilegítimas las actividades económicas desarrolladas unilateralmente por el Reino Unido y empresas bajo su autorización en espacios sometidos a la disputa de soberanía.
Ahora la discusión ingresa nuevamente a los tribunales. No es la Justicia la que enfrenta al proyecto Sea Lion ni la que ha resuelto que las empresas estén actuando ilegalmente: son AAdeAA y CECIM quienes promovieron la acción y solicitaron que el Poder Judicial intervenga preventivamente. El Juzgado Federal de Río Grande deberá evaluar la presentación, la documentación ofrecida, los argumentos sobre ambiente y soberanía y las medidas cautelares reclamadas antes de determinar si corresponde ordenar la suspensión solicitada.
La importancia del expediente, sin embargo, excede el destino inmediato de una cautelar. Sea Lion pone frente a frente dos realidades que avanzan a velocidades diferentes: por un lado, la Argentina sostiene su reclamo de soberanía y cuestiona la explotación unilateral; por el otro, las empresas construyen una estructura económica, financiera y tecnológica destinada a comenzar a extraer petróleo en poco más de un año. Cuanto más avance esa estructura, mayor será la posibilidad de que la explotación se transforme en un hecho consolidado.
Por eso la acción de los excombatientes y ambientalistas plantea una discusión que no puede reducirse a una controversia entre dos petroleras y el Estado argentino. Lo que está en juego es qué ocurre cuando una actividad extractiva de enorme escala comienza a desarrollarse sobre un territorio cuya soberanía permanece disputada, y qué herramientas tiene la Argentina para hacer valer sus normas, proteger sus ecosistemas y defender los recursos naturales que considera parte de su patrimonio.
Las Malvinas no son únicamente las islas que quedaron bajo ocupación británica desde 1833. También están sus aguas, su plataforma continental y los recursos existentes en ellas. Si Sea Lion llega efectivamente a producir petróleo en 2028, la disputa dejará de tener solamente una dimensión territorial y diplomática para adquirir una dimensión económica mucho más concreta: quién extrae, quién financia, quién obtiene los beneficios y qué recursos naturales fueron retirados mientras la cuestión de soberanía continúa sin resolverse. La Justicia tendrá ahora la palabra sobre una parte de ese conflicto, pero la decisión que adopte no cerrará, por sí sola, una controversia que lleva casi dos siglos.
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