Paro en aeropuertos el 3 y 4 de septiembre: trabajadores de ANAC reclaman salarios, reapertura de paritarias y recursos para áreas operativas y de seguridad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán un paro durante el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país, en una nueva escalada de un conflicto que excede el reclamo salarial y pone sobre la mesa el deterioro de las condiciones laborales y de los recursos destinados a áreas estratégicas de la actividad aeronáutica. La medida afectará franjas determinadas de la operatoria aeroportuaria y puede provocar demoras, reprogramaciones y cancelaciones, pero detrás de la eventual incomodidad para los pasajeros aparece un reclamo sindical concreto: los trabajadores denuncian incumplimientos salariales, falta de reapertura de la negociación paritaria y problemas de financiamiento en sectores vinculados directamente con la seguridad aérea.
La protesta fue convocada por trabajadores representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y tendrá lugar entre las 9 y las 12 y entre las 18 y las 21 durante ambas jornadas. Entre los aeropuertos alcanzados se encuentran los dos principales puntos de conexión del país, Ezeiza y Aeroparque, por lo que la medida puede repercutir sobre una parte importante de la programación aérea nacional. Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos quedarán exceptuados, mientras que el resto de la actividad deberá afrontar las consecuencias de las interrupciones previstas.
Un conflicto que empezó en el salario pero ya alcanza a la seguridad aeroportuaria
El reclamo de los trabajadores tiene como uno de sus principales ejes el incumplimiento de adicionales salariales acordados en paritarias, una situación que, según ATE, permanece sin resolución desde hace meses. A esto se suma el pedido de reapertura de la negociación sectorial y una recomposición de los recursos destinados a las áreas operativas y de fiscalización de la ANAC, en un contexto en el que los trabajadores sostienen que el deterioro de los ingresos públicos está acompañado por una pérdida de capacidad de funcionamiento del Estado.
No se trata, por lo tanto, únicamente de una discusión sobre cuánto cobra un empleado aeroportuario. Entre las áreas señaladas por el sindicato aparece el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), una estructura cuya función resulta particularmente sensible porque interviene en situaciones de emergencia dentro de las terminales aéreas. La denuncia sindical apunta a que la falta de recursos y las dificultades laborales afectan sectores que no pueden analizarse simplemente bajo la lógica de una oficina administrativa: son parte de la infraestructura que garantiza que un aeropuerto pueda operar bajo condiciones de seguridad.
En ese punto aparece una de las contradicciones más fuertes del conflicto. Mientras se discute públicamente la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria, los trabajadores advierten que las áreas encargadas de sostener cotidianamente esa operación no reciben los recursos que consideran necesarios. Para ATE, la discusión sobre el futuro del sistema aéreo no puede separarse de la situación de quienes realizan las tareas de fiscalización, prevención, salvamento y funcionamiento operativo de las terminales.
Ezeiza, obras y un Estado que reclama eficiencia mientras ajusta recursos
Uno de los capítulos particulares del reclamo está relacionado con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se desarrolla un proyecto de refacción y ampliación de la terminal. De acuerdo con el planteo sindical, las partidas presupuestarias destinadas al área no fueron actualizadas en consonancia con las necesidades del proyecto, generando preocupación sobre la disponibilidad de recursos para sostener las funciones operativas y de control.
La situación adquiere especial relevancia porque Ezeiza constituye la principal puerta de entrada y salida internacional del país. Cualquier discusión sobre su infraestructura no se limita entonces a una cuestión edilicia: involucra seguridad, fiscalización, organización del tránsito aéreo, servicios de emergencia y condiciones de trabajo. Construir o ampliar una terminal sin garantizar adecuadamente los recursos humanos y materiales necesarios para operarla representa, desde la perspectiva sindical, una contradicción difícil de ignorar.
ATE también vincula el conflicto aeroportuario con una problemática más amplia: la evolución de los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional durante la gestión de Javier Milei. Según la estimación difundida por el sindicato y recogida por C5N, la pérdida del poder adquisitivo supera el 40% desde el comienzo de la actual administración. Se trata de una cifra que corresponde a la evaluación de la organización gremial y que debe ser leída como parte de su argumentación en el conflicto, pero que permite dimensionar cuál es el escenario sobre el que se desarrolla la disputa.
La protesta y la posibilidad de que el conflicto continúe
La medida prevista para el jueves y el viernes constituye, por ahora, una protesta de 48 horas, aunque desde la organización sindical advirtieron que podría prolongarse si no aparece una respuesta oficial antes del comienzo de la huelga. Los tres reclamos centrales planteados son claros: el pago completo de los adicionales salariales acordados, la reapertura de la paritaria sectorial y la garantía de fondos para las áreas operativas y de fiscalización, con especial atención sobre el servicio de salvamento y extinción de incendios.
Para los pasajeros, el efecto inmediato será la incertidumbre sobre los vuelos programados durante las franjas de protesta. Las compañías deberán informar eventuales modificaciones y los trabajadores recomendaron verificar el estado de cada servicio antes de trasladarse a los aeropuertos, porque una interrupción puntual puede generar posteriormente una cadena de reprogramaciones que se extienda más allá del horario específico del paro.
Pero reducir el conflicto a las molestias que pueda ocasionar a quienes tienen un vuelo sería mirar solamente la superficie. Lo que está en discusión es qué recursos está dispuesto a destinar el Estado para sostener una actividad estratégica, quiénes garantizan su funcionamiento cotidiano y bajo qué condiciones laborales lo hacen. El paro en los aeropuertos vuelve a mostrar así una tensión que atraviesa a buena parte de la administración pública: mientras el Gobierno impulsa una reducción de estructuras y del gasto estatal en nombre de la eficiencia, los trabajadores denuncian que esa política termina afectando salarios, negociación colectiva y capacidades operativas que no pueden reemplazarse simplemente con una decisión presupuestaria.
Y en el caso de los aeropuertos, donde detrás de cada despegue existen controles, fiscalización, prevención y servicios de emergencia, la discusión sobre el trabajo estatal también es una discusión sobre quién garantiza que el sistema funcione cuando todo sale bien y, sobre todo, cuando algo sale mal.
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