El oro que nadie puede auditar: el Senado, Bausili y el Gran Bonete

El Senado pidió explicaciones a Santiago Bausili por el oro del Banco Central mientras la AGN aún analiza la trazabilidad de las reservas trasladadas al exterior.

Por Roque Pérez para NLI

“Al Gran Bonete se le ha perdido un pajarito y dice que Bausili lo tiene”. “¿Quién, yo?”. “Sí, señor”. “No, señor”. El viejo juego infantil consistía en pasarse la responsabilidad de un jugador a otro hasta que alguien se equivocara y quedara fuera de la ronda. Décadas después, el Gobierno de Milei parece haber encontrado una versión bastante más sofisticada y, sobre todo, bastante más cara del entretenimiento: el Gran Bonete del oro del Banco Central. Porque cada vez que alguien pregunta dónde están las reservas auríferas que fueron trasladadas al exterior, quién las custodia, quién controló la operación y qué documentación permite verificarlo, las respuestas parecen multiplicarse sin que aparezca nunca el responsable de mostrar la carta definitiva.

El último capítulo tiene como protagonista a Santiago Bausili, presidente del Banco Central, que quedó nuevamente en el centro de la polémica después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aclarara que todavía no concluyó el análisis sobre la trazabilidad del oro trasladado al exterior. La precisión adquiere una importancia política enorme porque Bausili había defendido ante el Senado la operatoria y había asegurado que parte de las reservas se encontraba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, al tiempo que sostuvo que existían mecanismos de control y auditoría sobre las operaciones realizadas. Pero cuando los senadores fueron a buscar la confirmación en el organismo encargado de auditar al Estado, apareció una respuesta bastante menos contundente: la AGN todavía estaba analizando la documentación necesaria para verificar la trazabilidad de esas reservas.

Y entonces volvió el Gran Bonete.

“¿Bausili tiene el oro?”

La escena política tiene algo de aquel juego que atravesó generaciones de argentinos. El Senado pregunta por el oro. Bausili responde. La oposición cuestiona la respuesta. La AGN aparece para aclarar qué auditó y qué todavía no pudo auditar. Y cuando parece que finalmente alguien va a señalar quién tiene la documentación definitiva, el interrogante vuelve a circular.

El origen de la controversia se encuentra en una decisión adoptada durante 2024, cuando el Banco Central trasladó parte de sus reservas de oro fuera del país. La autoridad monetaria justificó la medida desde una perspectiva financiera: mantener los lingotes en determinadas plazas internacionales permitiría utilizarlos como respaldo para operaciones y obtener una rentabilidad que no se conseguiría simplemente almacenándolos en las bóvedas locales. Desde el Gobierno se presentó la operación como una decisión técnica vinculada con la administración de las reservas.

El problema no fue solamente la decisión de mover el oro. El problema fue la cantidad de información que quedó fuera del alcance público y parlamentario durante buena parte del proceso. Durante meses se conocieron pocos detalles sobre las cantidades trasladadas, las entidades intervinientes, los mecanismos de transporte, los contratos de custodia y las condiciones exactas bajo las cuales el patrimonio aurífero argentino quedó depositado en el exterior.

Cuando Bausili concurrió al Senado y explicó la operatoria, parecía que finalmente llegaba la respuesta. Pero la explicación abrió otra puerta. El funcionario habló del Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, como destino de parte del oro y defendió los controles existentes. Los senadores, naturalmente, quisieron saber qué organismo había comprobado efectivamente esas afirmaciones. Y allí apareció la AGN.

La respuesta del organismo encargado del control externo del Estado fue bastante menos tranquilizadora: la trazabilidad de las reservas de oro todavía estaba siendo analizada y la documentación necesaria había sido entregada por el Banco Central con demoras. Es decir, el organismo de control no había terminado de comprobar aquello que desde la conducción del BCRA se presentaba como parte de un esquema auditado.

En términos del Gran Bonete, sería algo así como:

—“Al Gran Bonete se le ha perdido el oro y dice que Bausili lo tiene”.

—“¿Quién, yo?”.

—“Sí, señor”.

—“No, señor. Que lo tiene la auditoría”.

—“¿Quién, yo?”.

Y vuelta a empezar.

La AGN no dijo que el oro desapareció

Hay, sin embargo, una cuestión que debe quedar perfectamente clara para no convertir una controversia política en una afirmación sin respaldo documental. La AGN no afirmó que el oro haya desaparecido, ni confirmó que esté en Londres, ni sostuvo que haya sido robado o perdido. Lo que hizo fue señalar que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas trasladadas al exterior todavía no había concluido.

La diferencia es fundamental. Pero lejos de aliviar al Gobierno, plantea un problema institucional bastante serio: si el Banco Central sostiene que existen controles suficientes, ¿por qué el organismo constitucional encargado de auditar al Estado todavía no pudo completar la verificación de la trazabilidad?

La pregunta se vuelve todavía más incómoda porque desde el Senado se reclamó información concreta sobre la operación. Los legisladores quieren conocer las fechas de los movimientos, la cantidad de oro trasladada, las empresas que participaron del transporte, las entidades encargadas de recibir y custodiar los lingotes, los contratos involucrados, las actas de Directorio que autorizaron las operaciones y los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede demostrar hoy la ubicación y custodia de sus reservas.

No se trata de pedirle al Gobierno que publique en tiempo real las coordenadas de una bóveda ni de ignorar las necesidades de confidencialidad que pueden existir en determinadas operaciones financieras. Se trata de algo mucho más elemental: que los organismos constitucionalmente habilitados para controlar al Estado puedan verificar qué ocurrió con un activo estratégico de la República.

Porque si el oro está exactamente donde dice el Banco Central, debería existir documentación capaz de demostrarlo. Y si existe esa documentación, la AGN debería poder auditarla.

Suiza, Londres y otra ronda

La discusión se complicó todavía más con las distintas referencias sobre el destino de los lingotes. Mientras Bausili habló ante el Senado de depósitos en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, desde sectores opositores aparecieron cuestionamientos y referencias a operaciones vinculadas con el Bank of England, en Londres.

La oposición aprovechó la diferencia para acusar al titular del BCRA de haber mentido ante el Senado. Juliana Di Tullio reclamó explicaciones y el bloque peronista pidió que Bausili sea citado nuevamente para aclarar la situación. Martín Soria también salió al cruce del funcionario. Pero, otra vez, conviene separar la acusación política de lo que efectivamente puede sostenerse documentalmente: la AGN no certificó que el oro esté en Londres ni dijo que Bausili haya mentido. Lo que dejó establecido es que el proceso de verificación de la trazabilidad todavía no estaba terminado.

Y eso, por sí solo, alcanza para justificar nuevas preguntas.

Porque en el Gran Bonete siempre hay alguien que acusa al otro de tener el objeto. El problema es que, en este caso, el objeto pesa toneladas y pertenece al patrimonio público argentino.

El verdadero problema: quién controla al que controla

La cuestión de fondo excede incluso a Bausili. Una autoridad del Banco Central puede defender una determinada estrategia de administración de reservas. Puede argumentar que mantener oro en el exterior resulta financieramente conveniente. Puede explicar que existen garantías, custodias internacionales y mecanismos de seguridad. Todo eso forma parte del debate técnico.

Pero hay una frontera que ningún argumento financiero debería cruzar: la imposibilidad de controlar la operación.

Las reservas del Banco Central no son patrimonio del Gobierno de Milei ni de Santiago Bausili. Son activos del Estado argentino. El funcionario de turno puede administrarlos dentro de las facultades que le otorga la ley, pero debe poder explicar las decisiones tomadas y someterlas a los controles institucionales correspondientes.

Por eso el pedido del Senado adquiere una relevancia que va más allá de la pelea política cotidiana. El Congreso pregunta. La AGN audita. El Banco Central debe entregar información. Y la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con una parte de las reservas estratégicas del país.

El episodio resulta especialmente incómodo para una administración que construyó buena parte de su discurso alrededor de la supuesta eficiencia técnica, la transparencia y la eliminación de las viejas prácticas de la política. Porque cuando llega el momento de explicar qué pasó con el oro argentino, la respuesta parece convertirse en una ronda interminable del Gran Bonete.

“¿Quién tiene el oro?”

“Bausili no”.

“¿Entonces quién?”

“La AGN está auditando”.

“¿Pero no estaba auditado?”

“Hay controles”.

“¿Y dónde está la documentación?”

“Se está analizando”.

“¿Entonces quién lo tiene?”

Y otra vez empieza la ronda.

La diferencia es que esta vez no hay chicos sentados en ronda ni un pajarito perdido. Hay reservas de oro de la Argentina trasladadas al exterior y un organismo constitucional de control que todavía debe terminar de verificar su trazabilidad.

Por eso la cuestión no debería resolverse con declaraciones, chicanas ni acusaciones cruzadas. El Gran Bonete puede ser divertido cuando se juega entre chicos. Cuando el objeto que pasa de mano en mano es el oro de las reservas nacionales, lo que corresponde no es adivinar quién lo tiene: es mostrar los papeles.

Y si los papeles existen, que aparezcan.

Porque, al final de la ronda, alguien tiene que poder responder una pregunta bastante más seria que la del viejo juego infantil: ¿quién puede demostrar dónde está el oro argentino?