El diputado nacional propuso crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), con una alícuota general del 3% sobre las operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales del país y un adicional del 2% cuando los fondos sean enviados a jurisdicciones de baja o nula tributación. El proyecto estima una recaudación mínima de $2,89 billones y establece que la mayor parte de esos recursos se destine a provincias, municipios, salud, educación, jubilaciones y PAMI.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a poner en el centro del debate legislativo una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica argentina: qué ocurre cuando enormes volúmenes de capitales abandonan el país y quién debe contribuir para compensar el impacto de esa salida de recursos. Este martes presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un gravamen que apunta sobre las operaciones que impliquen la salida efectiva de capitales argentinos hacia el exterior.
La propuesta establece una alícuota general del 3% sobre las operaciones alcanzadas y agrega un 2% adicional cuando el destino sea una jurisdicción de baja o nula tributación. De esa manera, determinadas transferencias podrían quedar alcanzadas por una carga total del 5%. El proyecto comprende operaciones realizadas mediante divisas, valores negociables o activos virtuales, tanto de manera directa como indirecta. Entre los sujetos alcanzados aparecen personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y estructuras similares, tanto residentes como no residentes en los casos previstos por la iniciativa.
Un impuesto sobre la salida, no sobre el dólar guardado en Argentina
Uno de los puntos centrales del proyecto es la diferenciación entre tener activos en moneda extranjera y transferir capital efectivamente fuera del país. La iniciativa establece expresamente que no se gravaría la tenencia de dólares dentro de la Argentina ni el ahorro interno, y tampoco alcanzaría la compra de dólares, bonos, CEDEARs o fondos cuando los activos permanezcan en territorio nacional. También contempla exclusiones para las importaciones genuinas, documentadas y trazables, y para determinadas compras minoristas realizadas en el exterior.
El planteo busca concentrar el gravamen en las operaciones que efectivamente produzcan una transferencia internacional de capital, con especial atención sobre movimientos financieros que, según los fundamentos de la iniciativa, no se traducen en inversión, empleo ni generación de valor agregado dentro de la Argentina. En otras palabras, el proyecto intenta establecer una diferencia entre el ahorro o la inversión que permanece dentro del circuito económico nacional y el capital que cruza la frontera financiera para radicarse en el exterior.
La administración y el control del eventual impuesto quedarían vinculados a ARCA, con intervención del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores en sus respectivas áreas y asistencia técnica de la Unidad de Información Financiera, según la descripción difundida sobre la iniciativa.
$2,89 billones y un destino específico
El proyecto no plantea una recaudación de libre disponibilidad. Por el contrario, establece un esquema de asignación específica que coloca a las provincias y municipios en el centro de la distribución.
Según la estimación incorporada a la propuesta, el ITIC tendría un piso de recaudación de $2,89 billones, una cifra que el propio proyecto compara con los recursos enviados por el Estado nacional a las provincias en concepto de transferencias de capital durante 2025.
El 60% de lo recaudado sería distribuido entre provincias y municipios para infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, vivienda y obras viales, además de contemplar recomposiciones salariales en los sectores de salud y educación. El 40% restante tendría destinos específicos: un 10% para salud y discapacidad, otro 10% para educación, un 10% para jubilaciones y pensiones y el 10% final para medicamentos y atención médica del PAMI.
El diseño expresa así una idea política concreta: que una parte de los recursos asociados a la salida de capitales sea utilizada para financiar necesidades que hoy afrontan provincias, municipios y organismos públicos en un escenario de restricción presupuestaria.
El argumento de fondo está directamente vinculado con el deterioro de las transferencias federales durante la administración de Javier Milei. De acuerdo con los datos utilizados en los fundamentos de la iniciativa, entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de Nación a provincias y municipios se redujeron 8,4% en términos reales, mientras que las transferencias no automáticas —que incluyen recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— registraron una caída del 72,8%.
El debate que vuelve al Congreso: dólares, fuga y ajuste
La discusión que abre el ITIC excede la creación de un nuevo tributo. En realidad, vuelve a enfrentar dos concepciones sobre el funcionamiento de la economía argentina: por un lado, la idea de que la libre circulación internacional del capital constituye una condición central para atraer inversiones; por otro, la concepción de que la salida de recursos debe generar algún mecanismo de compensación cuando esos movimientos no se traducen en inversión productiva dentro del país.
Desde el oficialismo y sectores de la oposición ya aparecieron cuestionamientos a la propuesta. Algunas críticas apuntan a que un gravamen de estas características podría desalentar inversiones o incrementar el costo de las operaciones internacionales. El proyecto, en cambio, sostiene que el objetivo es concentrarse sobre los flujos de capital hacia el exterior y excluir las operaciones vinculadas con el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva que permanezca en la Argentina.
La iniciativa retoma además una línea política que Máximo Kirchner ya había planteado anteriormente, cuando había propuesto avanzar hacia un mecanismo similar al denominado exit tax para gravar determinadas transferencias de grandes capitales al exterior. Ahora aquella idea reaparece convertida en un proyecto integral, con una alícuota definida, sujetos alcanzados, organismos de control y un esquema de distribución de los recursos.
El antecedente político más cercano es el Aporte Solidario y Extraordinario, impulsado durante la pandemia y conocido como impuesto a las grandes fortunas. La nueva propuesta cambia el objeto del tributo: ya no se trata de gravar un patrimonio determinado, sino una operación concreta de transferencia internacional de capital. La diferencia no es menor: el ITIC busca que el hecho imponible aparezca cuando el capital efectivamente sale del país.
En un Congreso atravesado por la discusión del Presupuesto 2027 y por la disputa acerca de los recursos que Nación transfiere a las provincias, el proyecto introduce un nuevo eje: si el Estado debe limitarse a reducir el gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal o si también puede buscar recursos en determinados movimientos financieros hacia el exterior. La respuesta quedará, en última instancia, en manos del debate parlamentario y de las mayorías que logre construir la iniciativa.
Por ahora, el dato político es concreto: mientras el Gobierno de Milei sostiene su programa de ajuste y las provincias reclaman mayores recursos, Máximo Kirchner propone que las transferencias internacionales de capital contribuyan a financiar aquello que el recorte presupuestario deja cada vez más tensionado: hospitales, escuelas, obras, jubilaciones, medicamentos y gobiernos locales. El ITIC pone nuevamente sobre la mesa una discusión que la Argentina conoce demasiado bien: qué parte de la riqueza generada dentro del país permanece en él y qué parte termina cruzando sus fronteras financieras.
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