La trama de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma nuevos capítulos judiciales. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 declaraciones indagatorias y apuntaron contra Jonathan y Emmanuel Kovalivker, máximos responsables de la droguería Suizo Argentina. El dictamen describe un presunto sistema de compras direccionadas, cartelización de proveedores, sobreprecios millonarios y pagos ilegales que habría operado durante la gestión de Diego Spagnuolo. Además, incorporó nuevas evidencias sobre un viaje a Israel y una entrega de dinero vinculados al exfuncionario.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de ingresar en una nueva etapa que coloca en el centro de la investigación a uno de los principales proveedores de medicamentos del Estado. Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 declaraciones indagatorias y dirigieron sus acusaciones contra los responsables de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, a quienes atribuyen participación en una estructura que habría condicionado el funcionamiento del organismo público durante la gestión de Diego Spagnuolo. El requerimiento fiscal, basado en un dictamen de más de 300 páginas, sostiene que la empresa habría excedido ampliamente el papel de proveedora para intervenir en decisiones administrativas, controlar contrataciones y articular acuerdos con otras droguerías, en perjuicio de las arcas públicas y de las personas que dependían de la asistencia estatal para acceder a tratamientos de alto costo.
La dimensión económica del caso ayuda a comprender por qué la investigación ya no se limita a operaciones puntuales. Según la reconstrucción de los fiscales, Suizo Argentina recibió órdenes de compra por $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, equivalentes a cerca del 30% de las erogaciones de la ANDIS durante el período analizado. La hipótesis acusatoria sostiene que esa participación se habría consolidado mediante acuerdos con funcionarios, acceso anticipado a información sobre las compras y una presunta capacidad para influir tanto en los precios como en la selección de los proveedores que resultarían adjudicatarios. Se trata de hechos que ahora deberán ser examinados en sede judicial, pero cuya magnitud coloca bajo escrutinio el modo en que se administraron recursos públicos destinados a una población especialmente vulnerable.
Una droguería bajo sospecha de controlar las compras del Estado
El dictamen describe un mecanismo que, de acuerdo con la Fiscalía, habría convertido a la ANDIS en una estructura funcional a los intereses comerciales de determinados proveedores. Los investigadores sostienen que Suizo Argentina obtenía información anticipada sobre las compulsas de precios, intervenía en la determinación de los valores de los medicamentos y tenía capacidad para condicionar qué empresas cobraban y cuáles sufrían demoras. La acusación también señala que la compañía habría coordinado acuerdos con otras 14 droguerías para distribuirse las contrataciones y sostener precios elevados, mediante un sistema en el que los participantes debían ajustarse a las condiciones impuestas por el grupo.
Uno de los aspectos más graves de la hipótesis fiscal es que la presunta influencia privada no se habría agotado en el terreno comercial. Según el requerimiento, los responsables de la droguería habrían impartido instrucciones a funcionarios sobre decisiones vinculadas con pagos, designaciones y funcionamiento interno del organismo. Los investigadores describen una estructura de relaciones en la que las decisiones públicas habrían quedado subordinadas a intereses empresariales, mientras los funcionarios presuntamente involucrados recibían retornos o beneficios a cambio de garantizar condiciones favorables para determinadas firmas.
La investigación también pone la lupa sobre las modalidades utilizadas para contratar medicamentos de alto costo. Según los fiscales, las compulsas reducidas o acotadas habrían permitido que un conjunto limitado de empresas participara en operaciones cuyos precios podían superar ampliamente los valores registrados en procedimientos más abiertos. En el caso de determinados medicamentos, el dictamen señala diferencias superiores al 1.000% entre cotizaciones de compulsas generales y reducidas. Esas variaciones forman parte de la evidencia que la Fiscalía considera relevante para reconstruir el presunto sistema de sobreprecios y establecer quiénes tomaban las decisiones que terminaban comprometiendo fondos públicos.
El alcance social del expediente agrava las consecuencias potenciales de los hechos investigados. Los recursos de la ANDIS están vinculados con prestaciones, medicamentos y tratamientos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves. Si se comprobara que las contrataciones fueron manipuladas para generar ganancias extraordinarias y retornos ilegales, el perjuicio no sería solamente contable: comprometería el funcionamiento de un organismo cuya razón de ser es garantizar asistencia a quienes más necesitan del Estado.
Los Kovalivker, en el centro del nuevo requerimiento
Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y Emmanuel Kovalivker, vicepresidente, aparecen entre los principales empresarios alcanzados por el pedido de indagatoria. Los fiscales les atribuyen presunta participación en una asociación ilícita y en un esquema de contrataciones irregulares que habría permitido a la droguería obtener una posición dominante en las compras investigadas. El requerimiento también comprende a otros directivos y responsables de la compañía: Diego Viner, director de Compras; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa área.
La solicitud se extiende a responsables de otras firmas proveedoras, entre ellas Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Génesis y Scienza Argentina. Para los investigadores, la participación de esas empresas habría permitido sostener un sistema coordinado de adjudicaciones y precios que requiere examinar no solo las operaciones individuales, sino también las relaciones entre los proveedores y los funcionarios encargados de administrarlas.
Uno de los nombres que vuelve a aparecer en el expediente es el de Pablo Atchabahian, señalado por los investigadores como un operador con vínculos entre el sector privado y la estructura de la ANDIS. La acusación también alcanza a Daniel Garbellini, exfuncionario del organismo, y a otros actores que habrían intervenido en las relaciones entre proveedores, contrataciones y pagos. En ese entramado aparece Droguería Génesis, a la que los fiscales atribuyen un papel relevante como intermediaria en operaciones investigadas por sus precios y vínculos comerciales.
El requerimiento contempla, además, ampliar las indagatorias de personas que ya estaban imputadas, entre ellas el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, Garbellini, Atchabahian, el empresario Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Génesis. La decisión de solicitar nuevas declaraciones muestra que la Fiscalía busca profundizar la reconstrucción de responsabilidades y extender el análisis desde los funcionarios que intervenían en el circuito administrativo hasta los empresarios que habrían obtenido beneficios de esas decisiones.
Viajes, dinero en efectivo y nuevos indicios sobre Spagnuolo
En paralelo con el pedido de indagatorias a los empresarios, la investigación sumó elementos sobre presuntos beneficios recibidos por Spagnuolo durante su gestión. Según informó Ámbito, uno de los nuevos episodios examinados es un viaje a Israel realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, cuyos gastos —incluidos pasajes, alojamiento y seguro de viaje— habrían sido financiados por Miguel Ángel Calvete. La reconstrucción fiscal se apoyaría en mensajes, comprobantes y transferencias vinculados con la organización del traslado. Los investigadores señalaron que no encontraron registros de un viaje oficial a Israel en esas fechas ni constancias ante la Oficina Anticorrupción que acreditaran que el financiamiento de terceros hubiera sido declarado.
El dictamen también incorporó una operación de junio de 2025 que, según la hipótesis de los fiscales, habría servido para hacer llegar dinero en efectivo al entonces titular de la ANDIS. De acuerdo con la información publicada, una firma identificada como INDECOMM transfirió $5,3 millones a Julio César Viera, conocido como “Play”, en un episodio que los investigadores vinculan con mensajes en los que Calvete habría coordinado la entrega del dinero a Spagnuolo. La Fiscalía solicitó ampliar la indagatoria del exfuncionario por estos nuevos hechos, que se suman a otras líneas de investigación sobre presuntos retornos y beneficios personales.
La relevancia de estos elementos reside en que la causa intenta establecer si existió una relación entre los beneficios que habrían recibido determinados funcionarios y las ventajas comerciales obtenidas por proveedores del Estado. Esa conexión es uno de los puntos centrales que deberá probarse: no alcanza con identificar transferencias o viajes por separado, sino que la investigación debe reconstruir su origen, su finalidad y su eventual relación con decisiones adoptadas desde el organismo público.
La responsabilidad política y el camino judicial
La investigación se originó en el escándalo por los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se aludía a presuntos pagos ilegales vinculados con la provisión de medicamentos y se mencionaban nombres del entorno del poder. Sin embargo, el nuevo requerimiento fiscal se apoya en una reconstrucción más amplia de documentación, operaciones comerciales, comunicaciones y movimientos de dinero. La pesquisa busca determinar si existió una estructura estable que combinara decisiones de funcionarios con acuerdos entre proveedores para direccionar contrataciones, elevar precios y distribuir beneficios.
El expediente plantea interrogantes de fondo sobre los controles aplicados a las compras de medicamentos durante la gestión de Javier Milei. La ANDIS administra recursos vinculados con prestaciones esenciales y, por eso, el esclarecimiento de las contrataciones investigadas exige establecer quiénes autorizaron las operaciones, qué mecanismos de supervisión funcionaron y cómo se justificaron las diferencias de precios que ahora forman parte del dictamen. La responsabilidad de cada involucrado deberá determinarse a partir de las pruebas y de las decisiones judiciales, pero la magnitud de los contratos bajo análisis vuelve imprescindible conocer cómo se administraron esos fondos.
Por ahora, el pedido de indagatorias es una solicitud de la Fiscalía y no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponde a la Justicia resolver las citaciones y avanzar con las medidas necesarias para determinar las responsabilidades penales. Lo que ya queda expuesto en el nuevo dictamen es la dimensión de la hipótesis investigada: un presunto circuito en el que contrataciones públicas, proveedores de medicamentos, funcionarios y pagos bajo sospecha habrían quedado conectados.
La pregunta central es cómo pudo operar un mecanismo de semejante escala dentro de un organismo encargado de atender necesidades urgentes de personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves. La respuesta judicial deberá establecer quiénes participaron, qué beneficios obtuvieron y qué controles fallaron. El desafío no es solamente determinar responsabilidades individuales, sino reconstruir el recorrido de cada peso público y esclarecer si los recursos destinados a garantizar derechos terminaron alimentando un sistema de negocios ilegales.
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