Desde el Cottolengo de Claypole, León XIV dijo que el progreso de una nación se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad. Lo dijo en el país donde el Gobierno vetó la emergencia en discapacidad, la congeló por decreto hasta que un juez lo obligó a aplicarla, y donde la agencia que debía cuidarlas está en el centro de una causa por coimas.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
A las 10.30 de este lunes, la cuenta oficial del papa León XIV en español publicó un mensaje que en pocas horas pasó las 150.000 visualizaciones. No nombraba a nadie. No hacía falta:
Las palabras las había pronunciado un rato antes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, el hogar donde viven unas 400 personas con discapacidad. «El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales», dijo. Y agregó: «Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición».
Lo que dijo en Claypole
El Papa definió al Cottolengo como «una comunidad fraterna de puertas abiertas», destacó que ese lugar «no descarta a las personas, las incorpora a la vida social» y cerró con un deseo para la Argentina: que el amor de Cristo «triunfe sobre el individualismo y la exclusión». Individualismo. Para un Presidente que llegó a decir que la justicia social es «una aberración», la palabra no pasó desapercibida.
No fue un mensaje suelto. La noche anterior, en el ex CCK y con Javier Milei sentado a su lado, León XIV ya había dicho que la dignidad de cada persona «reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad». Y en la misma jornada de Claypole, la Iglesia local pidió que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre.
El veto, el freno y el juez
Conviene repasar cómo trató este Gobierno a las personas con discapacidad, porque el «no son un peso» del Papa le contesta, palabra por palabra, al argumento oficial:
- En julio de 2025 el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que actualiza pensiones y aranceles de los prestadores.
- En agosto de 2025, Milei la vetó.
- En septiembre, el Congreso rechazó el veto. El Gobierno promulgó la Ley 27.793, pero en el mismo acto suspendió su aplicación con el Decreto 681/2025, con el argumento de que el presupuesto «no cuenta con créditos suficientes». Las personas con discapacidad, convertidas en un problema de caja. Un peso, bah.
- En diciembre de 2025, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inconstitucional esa suspensión y ordenó aplicar la ley, con plazo hasta el 4 de febrero.
- El último día, y con la amenaza de sanciones encima, el Gobierno la reglamentó con el Decreto 84/2026, que además volvió a poner bajo la lupa las pensiones por discapacidad.
Mientras tanto, la deuda creció. Según informó el propio Gobierno, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 acumuló una deuda de $69.559 millones con 770 prestadores: centros de día, hogares, transportistas y terapeutas.
Ahora la ley vence en siete semanas. En Diputados se discute prorrogarla hasta diciembre de 2027, y en septiembre Milei prometió: «Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. No nos corremos un ápice de la ley». Con el antecedente del veto, el decreto y el juez, permítannos dudar.
La causa ANDIS: la caja de la discapacidad
Y si alguien quiere hablar de «peso» para el Estado, que mire para otro lado. Mientras al sector se le retaceaba cada peso, la causa ANDIS investiga qué pasó con la plata de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El extitular del organismo, Diego Spagnuolo —que antes fue abogado personal de Milei—, está procesado. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostienen que la droguería Suizo Argentina «cooptó» la agencia entre mayo de 2024 y agosto de 2025, y que vendía medicamentos a través de otra firma, Génesis, con sobreprecios de «hasta más de un 200%». En octubre, además, atribuyeron nuevos sobornos a Spagnuolo, entre ellos un viaje a Israel costeado por el empresario Miguel Ángel Calvete, como te contamos en NLI.
La semana pasada fueron indagados los dueños de la droguería, los hermanos Kovalivker: no respondieron preguntas, negaron las acusaciones por escrito y pidieron su sobreseimiento. La empresa rechaza los sobreprecios y sostiene que los audios usados en la causa son una «construcción falaz». En los audios atribuidos a Spagnuolo que destaparon el caso se mencionaba a Karina Milei, que no está imputada.
Una frase, dos países
El Papa no habló de vetos, de decretos ni de droguerías. Habló de dignidad, de acogida y de personas que no son una carga. Pero en la Argentina de 2026 esas palabras tienen destinatario: un Gobierno que trató la discapacidad como una partida a recortar, mientras en la agencia que debía protegerla, según los fiscales, se repartían sobreprecios.
¿Habrá leído Milei el posteo del Papa, o estará esperando que el Congreso le diga de dónde sacar la plata?
«El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad», dijo León XIV. Con esa vara, el «mejor gobierno de la historia» tiene que rendir de nuevo.
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