En medio del caos administrativo que dejó la gestión fronteriza bajo Milei, el Gobierno emitió el Decreto 833/2025 para ratificar prórrogas de urgencia, avalar la descalificación de PlusByte y consagrar a CS Infra —del grupo Simpar— como nueva dueña del puente internacional. La concesión se cerró por US$ 99 millones, aunque la empresa ganó la licitación ofreciendo apenas US$ 26,6 millones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Una transición hecha a los tumbos
El Puente Internacional Santo Tomé–São Borja, único viaducto binacional concesionado en la región y responsable del 23% del comercio entre Brasil y Argentina (y del 40% del comercio entre Brasil y Chile), quedó finalmente en manos de CS Infra S.A., del poderoso grupo empresarial brasileño Simpar.
Para llegar a ese punto hubo que sortear una cadena de decisiones improvisadas. El Decreto 833/2025, publicado hoy, ratifica las 6ª y 7ª prórrogas del viejo contrato con Mercovía S.A., prorrogas que se firmaron de apuro para evitar que el puente quedara sin operador mientras avanzaba —lentamente— la licitación internacional abierta por la Comisión Mixta Argentino–Brasileña (COMAB).
Todo esto ocurrió mientras Milei insistía en “achicar el Estado”, pero terminaba trabando uno de los pasos fronterizos más importantes del Mercosur.
La licitación: PlusByte ofertó más, pero fue descalificada
La subasta de julio había dejado una polémica inicial:
- PlusByte, empresa argentina, ofreció US$ 29 millones.
- CS Infra ofertó US$ 26,6 millones, apenas un 0,38% por encima del piso mínimo del Pliego Nº 01/2025.
Sin embargo, la COMAB finalmente descalificó a PlusByte por considerarla incapaz de cumplir los requisitos técnicos y económico-financieros mínimos.
Un vocero del Ministerio de Transportes de Brasil confirmó la decisión y aclaró que la compañía argentina no reunía condiciones para operar un corredor fronterizo de alta demanda, algo que llevaba semanas circulando en informes internos.
La resolución —publicada oficialmente el 5 de agosto y firmada por el presidente de la COMAB, Ricardo Botana— estableció:
- Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de concesión y consagrar ganador a CS Infra S.A., con un canon fijo de US$ 26.602.000.
- Artículo 2°: Obligar a la empresa a cumplir todas las condiciones previas a la firma del contrato.
Con ese dictamen, la COMAB dejó sin margen a Milei, que debió formalizar todo el paquete a través del Decreto 833/2025.
Una concesión millonaria para un corredor estratégico
Aunque la puja licitatoria giró en torno al canon de US$ 26,6 millones, el valor total de la concesión asciende a US$ 99 millones, según detalló la propia Comisión Mixta.
El contrato incluye:
- 15,6 km de calzada
- 1,4 km de puente principal
- Accesos viales, mantenimiento integral y gestión del Centro Unificado de Frontera
- Cobro y administración del peaje internacional
Se trata de un corredor vital para el comercio regional, que desde su inauguración en 1997 viene siendo administrado por concesionarios privados, pero bajo supervisión conjunta de Argentina y Brasil.
Lo que agrega el decreto: aval político y cambio de mando
El Decreto 833/2025 no solo ratifica las prórrogas de Mercovía y aprueba la adjudicación a CS Infra: también modifica quién representa a Argentina en la COMAB.
Desde ahora:
- El Ministerio del Interior designará a los representantes argentinos en la Comisión Mixta.
- El Ministerio de Economía pasará a ser un mero “asistente técnico”.
Para un gobierno que prometía “despolitizar el Estado”, Milei termina recentralizando un área clave de la frontera bajo su ala política directa.
La frontera, mientras tanto, siguió funcionando gracias a prórrogas de emergencia que el propio Gobierno ahora reconoce, legaliza y ordena con este decreto.
Un viaducto clave que cambia de manos en plena crisis
El puente Santo Tomé–São Borja mueve casi un cuarto del comercio bilateral, es una de las arterias logísticas más relevantes del norte argentino y constituye un paso indispensable para el transporte terrestre hacia Chile.
La entrega a CS Infra ocurre, entonces, en un contexto donde la región exige previsibilidad logística y la Argentina —bajo Milei— ofrece improvisación y decretos parche.
El negocio quedó sellado.
Las dudas, no tanto.
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