El sobreseimiento de Milei en la causa $LIBRA reaviva el escándalo por los vínculos familiares del juez y del fiscal con el poder político y empresarial.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
La causa $LIBRA acaba de sumar un capítulo que golpea de lleno la credibilidad de la Justicia argentina. Javier Milei fue sobreseído por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo magistrado cuya esposa había sido designada jueza federal por el propio Presidente meses antes. Y, como si el cuadro no fuera suficientemente delicado, sigue sin una explicación pública convincente otra revelación de NLI: el hijo del fiscal Eduardo Taiano, responsable de impulsar la investigación, pasó a trabajar para una firma vinculada al empresario Frank Holder, relacionado con el universo de negocios y contactos que rodeó el escándalo de la criptomoneda.
No hace falta inventar conspiraciones ni dictar sentencias desde una redacción para advertir la gravedad institucional de esta secuencia. Alcanza con formular una pregunta elemental: ¿cómo puede la ciudadanía confiar plenamente en una investigación que involucra al Presidente cuando aparecen vínculos familiares, decisiones de nombramiento y relaciones laborales que merecen explicaciones urgentes?
La independencia judicial no se proclama en los discursos. Se demuestra con actuaciones transparentes, decisiones fundadas y una distancia inequívoca respecto de los intereses del poder. Cuando esa distancia queda bajo sospecha, la obligación de los funcionarios no es atacar a quienes preguntan, sino despejar las dudas.
Una designación presidencial que vuelve a quedar en el centro de la escena
El 15 de julio de 2026 se publicó el Decreto 589/2026, mediante el cual el Gobierno oficializó la designación de Ana María Cristina Juan al frente del Juzgado Federal de Hurlingham. Juan es la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien intervenía en la causa $LIBRA y que ahora resolvió sobreseer a Milei, a Karina Milei y a otros investigados.
La coincidencia temporal merece atención. Doce días antes de aquella designación, Martínez de Giorgi había resuelto apartar del expediente a los inversores damnificados que pretendían intervenir como querellantes. Esa decisión fue cuestionada y quedó sujeta a revisión judicial.
La decisión de Milei de oficializar su nombramiento, en un momento en que su esposo intervenía en una causa de enorme sensibilidad política para el Gobierno, obliga a examinar la secuencia con rigor y sin privilegios.
La pregunta no es si una jueza puede tener un esposo que ejerza la magistratura. Por supuesto que puede. La cuestión es si, ante una investigación que compromete directamente al Presidente que intervino en su designación, se adoptaron todas las precauciones necesarias para preservar la apariencia y la realidad de independencia del Poder Judicial.
En una democracia, la imparcialidad no consiste solamente en ser independiente: también exige que existan condiciones objetivas para que la ciudadanía no tenga motivos razonables para dudar de ella.
Un sobreseimiento que deja interrogantes sobre la investigación
La resolución de Martínez de Giorgi profundizó la controversia. Según el fallo, el magistrado sobreseyó a Milei, a su hermana Karina y a los demás investigados sin haberlos convocado a declaración indagatoria y mientras quedaban medidas probatorias pendientes.
El juez consideró que no se encontraban acreditados los elementos necesarios para configurar los delitos investigados, entre ellos una maniobra de estafa, un engaño deliberado o pagos ilegales. Se trata de fundamentos que deben examinarse a partir del expediente completo y de las razones jurídicas expuestas en la resolución.
Sin embargo, el resultado no puede analizarse separado del recorrido procesal. Los inversores que reclamaban intervenir como querellantes habían sido apartados y buscaban revertir esa decisión ante los tribunales superiores. Su participación es relevante porque se trata de personas que se consideran damnificadas por el episodio financiero.
Si todavía existen medidas de prueba pendientes y la participación de los damnificados continúa en discusión, la sociedad tiene derecho a conocer por qué el juez consideró que correspondía cerrar la investigación en esas condiciones.
El hijo del fiscal Taiano y el vínculo empresarial que NLI reveló
La segunda dimensión del escándalo apareció mucho antes del sobreseimiento. El 26 de noviembre de 2025, NLI publicó como PRIMICIA una investigación sobre la situación laboral del hijo del fiscal Eduardo Taiano, quien intervenía en la causa $LIBRA.
Según esa publicación, desde junio de 2025 el hijo del fiscal figuraba como Expert Consultant en Holder Partners LLC, una firma vinculada a Frank Holder, empresario y exagente de inteligencia estadounidense que ha mantenido relaciones con distintos actores del ámbito empresarial y político.
La nota también señaló que el joven había trabajado previamente en el Gobierno de Milei, donde se desempeñaba en el área de la Unidad de Bienes Decomisados, antes de incorporarse a la consultora.
El dato resulta especialmente sensible por la función de su padre. Taiano tenía a su cargo una investigación en la que se examinaban los acontecimientos alrededor del lanzamiento de $LIBRA, los contactos entre sus protagonistas y las posibles responsabilidades penales derivadas de la operación.
La investigación periodística de NLI vinculó a Holder con figuras del entorno empresarial que rodeó al proyecto y con Leonardo Scatturice, empresario relacionado con la provisión de vuelos privados utilizados por Hayden Davis durante sus viajes a la Argentina. La existencia de esos vínculos comerciales y personales es relevante para reconstruir el contexto del caso. Ante esto: ¿Se evaluó formalmente un posible conflicto de intereses? ¿Se informó la relación laboral? ¿Se examinó si correspondía adoptar alguna medida para garantizar la independencia de la investigación?
Cuando un familiar directo trabaja para una firma relacionada con un actor del entorno empresarial investigado, la cuestión deja de ser un asunto estrictamente privado y adquiere relevancia institucional.
La ciudadanía merece saber si se activaron los mecanismos de control correspondientes y qué evaluación se hizo de esa relación.
Dos situaciones distintas, una misma crisis de confianza
La causa $LIBRA no involucra una discusión menor. El Presidente promocionó públicamente una criptomoneda cuyo desplome provocó pérdidas entre inversores y abrió una investigación sobre las responsabilidades de distintos participantes. El caso puso bajo escrutinio los contactos entre el poder político, los promotores del activo digital y el mundo empresarial que rodeó su lanzamiento.
En semejante escenario, cada decisión judicial debe estar acompañada por una fundamentación especialmente sólida y por garantías de independencia que no dejen espacio a sospechas evitables.
Cuando los familiares de quienes intervienen en una causa aparecen vinculados, por nombramientos o relaciones laborales, con actores relevantes de ese mismo universo político y empresarial, la obligación de dar explicaciones aumenta. No disminuye.
Y esa obligación alcanza tanto al Poder Ejecutivo como a los funcionarios judiciales y a los organismos de control que deban intervenir.
Milei ataca a los periodistas, pero las preguntas siguen en pie
Después de conocerse el sobreseimiento, Milei volvió a cargar contra periodistas que habían investigado y difundido información sobre $LIBRA. Los acusó de operar contra su Gobierno y utilizó expresiones agresivas para desacreditar su trabajo.
Es una reacción que merece ser señalada. El periodismo tiene la obligación de investigar al poder, especialmente cuando están en juego el dinero de los ciudadanos, la responsabilidad de los funcionarios y el funcionamiento de las instituciones. Los cuestionamientos a una cobertura deben responderse con información y argumentos, no con una campaña de hostigamiento.
Que un juez dicte un sobreseimiento no convierte automáticamente en falsa toda investigación periodística sobre el caso. Del mismo modo, una publicación periodística no reemplaza la prueba judicial ni autoriza a presentar como culpable a quien no ha sido condenado.
Lo que no puede aceptarse es que la resolución favorable al Presidente se utilice para clausurar el debate sobre las circunstancias que rodearon la investigación. La Justicia tiene que responder por sus decisiones y el Gobierno tiene que explicar sus actos. Ninguno de los dos está por encima del escrutinio público.
La independencia judicial no puede depender de quién gobierna, de quién ocupa un despacho en Comodoro Py ni de qué intereses empresariales aparecen en los márgenes de una causa.
La República no se defiende con discursos, sino con controles
La pregunta de fondo es mucho más amplia que el expediente $LIBRA. ¿Qué confianza puede tener la sociedad en sus instituciones si las relaciones familiares, los nombramientos y los vínculos profesionales de quienes participan en investigaciones sensibles no reciben explicaciones claras?
La respuesta consiste en exigir transparencia, revisar las actuaciones, determinar si existieron conflictos de intereses y establecer si correspondía adoptar medidas para proteger la independencia del proceso.
En el caso de Martínez de Giorgi, corresponde que se conozcan íntegramente los fundamentos del sobreseimiento y que las instancias de revisión evalúen los planteos pendientes. En el caso de Taiano, resulta necesario aclarar si la relación laboral de su hijo fue informada y examinada institucionalmente, y si se adoptaron recaudos adecuados para preservar la confianza en la investigación.
También corresponde que el Gobierno explique los criterios con los que oficializó la designación de Ana Juan y que los organismos competentes determinen si hubo alguna irregularidad, sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
El problema político de $LIBRA ya no se limita a las pérdidas de los inversores ni a las responsabilidades que puedan surgir del lanzamiento de la criptomoneda. También alcanza a la capacidad de las instituciones para demostrar que investigan sin privilegios y que aplican las mismas reglas cuando el poder está involucrado.
En una Argentina golpeada por la desigualdad y por una profunda desconfianza hacia sus dirigentes, la Justicia no puede permitirse funcionar bajo la sombra de vínculos que nadie se toma el trabajo de aclarar. Si todo fue regular, que se demuestre con documentación, fundamentos y controles independientes. Si hubo irregularidades, que se investiguen y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Porque la República no se sostiene con discursos sobre la honestidad ni con ataques a quienes hacen preguntas. Se sostiene con instituciones capaces de investigar al poder, incluso cuando el poder es el que designa, el que celebra el fallo y el que pretende dar por terminado el debate.
Y en la causa $LIBRA, las preguntas sobre la imparcialidad judicial siguen abiertas.
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