El Tribunal Oral Federal dictó un fallo histórico al condenar a Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre ocurrida en Devoto el 14 de marzo de 1978. Tras casi medio siglo de impunidad, la Justicia reconoció que se trató de delitos de lesa humanidad ejecutados bajo el terrorismo de Estado.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un fallo que rompe décadas de impunidad
El Tribunal Oral Federal emitió este jueves una sentencia largamente esperada: la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978 en la Unidad 2 de Devoto, fue un crimen de lesa humanidad. El tribunal condenó a Juan Carlos Ruiz, exdirector del penal, y a Horacio Martín Galíndez, entonces jefe de la División de Seguridad Interna, a 25 años de prisión por su rol directo en las “graves violaciones a los derechos humanos” dentro de la cárcel. En cambio, el ex celador Gregorio Bernardo Zerda fue absuelto.
El fallo llega 47 años después de la mayor masacre carcelaria de la historia argentina: 65 personas privadas de la libertad asesinadas y 88 heridas en un operativo represivo del Servicio Penitenciario Federal que durante décadas fue presentado falsamente como un “motín”. Recién ahora, después de la persistencia de sobrevivientes, familiares y equipos jurídicos, la Justicia reconoce lo que se denunció desde el primer día: no hubo motín; hubo represión ilegal y letal bajo el aparato del terrorismo de Estado.
Lo que pasó dentro del Pabellón Séptimo
La reconstrucción judicial fue exhaustiva. Los testimonios que desfilaron durante el debate permitieron iluminar aquella mañana brutal. Todo comenzó con una discusión entre un guardiacárcel y un detenido. Minutos después, casi 70 oficiales del SPF irrumpieron con palos, armas de fuego y gases lacrimógenos. Según relataron los sobrevivientes, los golpes fueron feroces y las personas detenidas intentaron defenderse improvisando escudos con camas y colchones.
En medio del operativo se desató un incendio cuyas causas siguen sin esclarecerse. El humo llenó el pabellón en segundos. Muchos intentaron trepar a los ventanales para respirar, pero fueron reprimidos incluso allí. Lo más brutal: el personal penitenciario cortó el agua e impidió el ingreso de los bomberos, lo que multiplicó el desastre.
Lo que siguió fue una escena de horror, muerte y abandono. La manipulación oficial posterior transformó la masacre en un supuesto “Motín de los Colchones” para responsabilizar a las víctimas. Y así quedó archivada la causa durante más de tres décadas.
La lucha que empujó el juicio
Hubo que esperar hasta 2013, cuando la Justicia ordenó la reapertura del expediente gracias al impulso del sobreviviente Hugo Cardozo. Un año más tarde, la Sala I de la Cámara Federal determinó que lo sucedido constituía delitos de lesa humanidad, abriendo el camino para el juicio oral.
El debate comenzó el 9 de octubre de 2023 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de CABA. La querella —patrocinada por las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro— llevó adelante una investigación que demolió por completo las versiones oficiales instaladas durante la dictadura y perpetuadas en democracia. Las audiencias se reanudaron en febrero de 2025 y expusieron con crudeza el accionar ilegal de las autoridades penitenciarias.
El tribunal concluyó que Ruiz y Galíndez participaron activamente en un operativo cuyo objetivo no fue restablecer el orden, sino desplegar violencia de manera deliberada y criminal. La falta de auxilio durante el incendio y la posterior manipulación de la información fueron consideradas pruebas centrales de la responsabilidad estatal.
Un capítulo que por fin encuentra justicia
Para sobrevivientes y familiares, la sentencia representa un reconocimiento imprescindible después de casi medio siglo de lucha. Muchos de ellos declararon ante el tribunal y vieron por primera vez en una sala judicial el reconocimiento institucional de que lo ocurrido fue un crimen de Estado.
El fallo no repara lo irreparable, pero marca un antes y un después: la Masacre del Pabellón Séptimo deja de ser un episodio ocultado detrás de un parte oficial y pasa a ocupar el lugar que siempre debió tener en la memoria colectiva de nuestro país.
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